Puigdemont busca que su DNI republicano pueda dar servicios de la Generalitat

Carles Puigdemont pretende que su DNI republicano, que entregará próximamente a los miembros adheridos a su Consell per la República, pueda facilitar a sus titulares servicios de la Generalitat de Cataluña, según apuntan fuentes del entorno del 'expresident' en Bélgica. Para ello sería necesaria una coordinación informática entre la estructura y la base de datos que está gestionando fuera de España CATGlobal ASBL, la asociación sin afán de lucro en Bélgica del entorno de Puigdemont; y la informática de la Generalitat, una cuestión legal muy espinosa. Portavoces de la Conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública han eludido aclarar si existe una coordinación entre la administración autonómica y el proyecto belga del independentismo.

El departamento del 'conseller' de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha respondido a la pregunta de si hay una coordinación entre ambos proyectos, muy similares. Pero su respuesta ha sido: "el Govern gobierna y provee de servicios TIC a la Generalitat y los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. El Consell per la República tiene otra función, al margen del Govern. Actúa en ámbitos como la internacionalización, el proceso constituyente, la generación de nuevas fórmulas de movilización democrática, la investigación y el desarrollo de herramientas sociales y políticas innovadoras o la difusión de la cultura y la realidad social catalanas". Así que ni sí ni no, ni todo lo contrario.

Sin embargo, personas del entorno de Puigdemont han ido mucho más lejos. Es el caso de Rafael Pous, un ingeniero de telecomunicaciones que en sus ratos libres ejerce de vocero del independentismo fuera de España para que la gente se apunte al Consell per la Republica. En una charla en Esparraguera (Barcelona) el pasado 24 de enero organizada por la ANC Pous aseguró que "el Consell per la República tiene el compromiso de la Generalitat de Cataluña de que este DNI digital, este registro ciudadano de la República, será reconocido por la administración autonómica de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, seguramente, nos puede servir para renovar el carné de familia numerosa, para hacer trámites en Sanidad, para registrar a nuestros niños en las escuelas, para los diferentes trámites que se pueden hacer. Siempre y cuando el Estado no haga de las suyas. Por eso es importante tener todo eso en Bruselas".

El Confidencial se ha puesto en contacto con Pous para conocer en qué basaba esta afirmación tan contundente. Rafael Pous ha asegurado: "El Consell per la República forma parte del acuerdo de investidura. Por lo tanto entiendo que los compromisos los adquieren los partidos que invistieron el presidente Quim Torra" y añade: "no tengo más información que la que sale en la web oficial del Consell per la República", aunque en toda su conferencia de una hora va mucho más lejos. En su planteamiento, Pous coincide con lo que avanzan otros conferenciantes de este tipo, como en lo del banco por internet o una criptodivisa catalana.

El que la tarjeta que se enviará en las próximas semanas a los socios del Consell per la República ofreciese servicios de la administración catalana podría servir de tirón para captar nuevas adhesiones más allá del independentismo, solo por la utilidad instrumental de la nueva tarjeta, que imita la tarjeta ciudadana de Estonia y que funcionará a través de una aplicación, que en este momento se encuentra en fase de pruebas, según confirman fuentes del entorno de Puigdemont en Bruselas.

El puente de las Feroe

El puente para vulnerar los problemas legales existentes para encajar en lo informático el Consell per la República y la red tecnológica de la Generalitat podría estar en las Islas Feroe. En octubre del año pasado, Puigdemont visitó las Islas Feroe, un territorio de Dinamarca, pero que no pertenece a la UE, lo que permitiría operar la base de datos que gestiona CATGlobal sin las limitaciones de la protección de datos de la legislación comunitaria. Cinco meses después viajó a las islas Feroe, Jordi Puigneró. Como 'conseller' de Políticas Digitales firmó entonces un Memorándum de Entendimiento (MoU) para colaborar tecnológicamente con las Feroe. Tanto Puigneró como Puigdemont se vieron con la vicepresidenta de Finanzas Kristina Háfoos, y se hicieron la misma foto en el mismo portal.

En su nota oficial sobre el acuerdo emitida por el Gobierno de las Islas Feroe se describe así el MoU con Cataluña: "El programa se divide en cuatro proyectos: creación de una identificación digital, creación de un portal de ciudadanos para servicios públicos, entrega de datos básicos gratuitos y confiables y creación de una capa de intercambio de datos". Tal cual, coincide punto por punto con los cuatro pilares de la república digital que impulsa Puigdemont desde Bélgica. Por cierto, Kristina Háfoos visitó Cataluña un mes después de firmar el MoU, a finales de febrero aprovechando el Mobile World Congress. En el stand de las Feroe recibió la visita del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Invitar al sector privado

El Confidencial ha accedido al MoU firmado con las Feroe, donde señala en su punto 3.1 que "las partes podrán invitar a otras instituciones, incluso de los sectores privados y no gubernamentales, o de otros niveles de la Administración, a participar en los trabajos y asignarles la responsabilidad de ejecutar determinadas actividades". Esta cláusula para sectores "privados y no gubernamentales" podría ser la puerta trasera para incluir en el acuerdo a CATGlobal ASBL y facilitar la coordinación con la estructura belga de Puigdemont. Preguntada al respecto, la Conselleria de Políticas Digitales se ha limitado a señalar que "el acuerdo dice 'podrán invitar'. No se ha invitado a nadie de momento". Pero tampoco lo descartan.

Por último, se da la circunstancia de que la Conselleria de Políticas Digitales tiene abierto un concurso público para nuevos servicios de "telecos" por valor de 889 millones. Una parte de ese concurso "busca el impulso del 5G, la administración digital y la dinamización del creciente sector TIC de Cataluña", según reconoce el departamento de Jordi Puigneró. Mientras, las adscripciones al Consell de la República crecen de manera lenta pero constante: superan los 64.000 registrados que han cedido sus datos a cambio de formar parte de esta nueva república digital.

El Consell per la República está desarrollando la aplicación a través de las cual los nuevos socios que han pagado 10 euros podrán ser adheridos. La app se encuentra en pruebas cribando errores con diversas tandas de 300 usuarios cada una y se espera que en unas semanas la aplicación ya pueda descargarse en el móvil a través de servicios de internet como Google Play, según detallan fuentes cercanas al entorno de Waterloo.

Para elaborar esta información se ha intentado contrastar la misma con el Consell per la República y con la Oficina del President Carles Puigdemont. No ha habido respuesta alguna.