los contratos del govern

Puntuación sospechosa, licitador único... Así va el dinero a los historiadores secesionistas

La empresa del 'pool' independentista se llevó el gato al agua y, pese a haber hecho la oferta más cara, se hizo con el contrato laminando a sus rivales

Foto: La estatua de Colón, situada al final de las Ramblas barcelonesas, luce una camiseta del FC Barcelona. (EFE)
La estatua de Colón, situada al final de las Ramblas barcelonesas, luce una camiseta del FC Barcelona. (EFE)

El generoso grifo del dinero público que riega chiringuitos independentistas funciona a pleno rendimiento, pero con algunas características especiales que llaman poderosamente la atención: contratos a empresas del mismo 'pool' por trabajos muy similares, adjudicaciones a licitadores únicos, puntuaciones sospechosas en otras licitaciones y, especialmente, una extraordinaria versatilidad de las compañías utilizadas.

El 'pool' que se ha creado alrededor de Albert Codinas Poch tiene todas estas características. Codinas es presidente de la Fundació Institut Nova Història, el paraguas que ampara a los ‘pseudohistoriadores’ revisionistas que mantienen y difunden, ante los aplausos de una parte del independentismo y el beneplácito de las instituciones catalanas, las teorías más estrambóticas relacionadas con Cataluña. Entre otras cosas, aseguran que Colón, Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, Francisco Pizarro, Erasmo de Róterdam o Leonardo da Vinci eran catalanes. O que la bandera de los Estados Unidos proviene de la catalana, por ejemplo.

Codinas es también uno de los puntales del soberanismo. Vinculado al radical Cercle Català de Negocis, ahora está inmerso en la batalla por imponer la lista independentista en las elecciones a las cámaras de comercio catalanas que habrá en el mes de mayo. La intención última de esta candidatura es controlar las instituciones financieras catalanas y, de ganar en las cámaras, su intención es expulsar de las mismas a las empresas que trasladaron sus sedes sociales fuera de Cataluña tras el 1 de octubre de 2017 y otorgar ayudas y compensaciones institucionales a las multinacionales que hayan invertido en tierras catalanas desde entonces.

Mientras tanto, el independentismo va tejiendo una enmarañada red de empresas y chiringuitos empresariales que viven exclusivamente de las ayudas públicas que les conceden las administraciones.

Una de las compañías que pululan alrededor de Codinas (un supremacista de todo lo catalán) es Airun Servicios Culturales, que sirve para muchas cosas. Su objeto social es la realización de acontecimientos, coordinación y gestión de programas y la gestión de equipamientos públicos de carácter social, deportivo, artístico o cultural. También se dedica a organizar actividades vinculadas a la infancia, juventud y ancianidad, así como a elaborar estudios, programas o proyectos vinculados a la enseñanza en general. En su última ampliación del objeto social, introducía también servicios de imagen y comunicación para proyectos y servicios, esponsorización, compraventa y alquiler de material de infraestructuras y de fincas rústicas y urbanas, exceptuando el arrendamiento financiero activo, el diseño, construcción, montaje y desmontaje de exposiciones y servicios de 'catering' y de guía turístico, cultural o educativo.

Eso permitió a esta empresa hacerse con contratos tan diversos como la gestión de infraestructuras “para encuentros de entidades del Consejo Municipal de la Inmigración”, por lo que recibió más de 72.000 euros. O el alquiler y la instalación de estructuras y elementos diversos “para los actos del Concurso de Rosas”, que obtuvo en febrero de 2018. Curiosamente, la oferta económica para ese trabajo fue de 27.815,48 euros, que se convirtieron en 36.602,50 euros según un documento posterior del Ayuntamiento de Barcelona.

Un concurso sospechoso

Airun se hizo con un contrato, en abril de 2017, de 400.000 euros para la realización de “informes de adecuación de la vivienda, necesarios para la reagrupación familiar y para la renovación de las autorizaciones de residencia que se soliciten ante la Generalitat”. A este concurso, que dependía de la Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, se presentaron cinco empresas, de las que dos fueron excluidas de la licitación.

De las otras tres, la oferta de Airun era la más onerosa: sacó 22 puntos frente a los 25,06 y a los 40 de sus oponentes. Pero en otros criterios técnicos evaluables, a la ganadora en ese apartado se le concedieron cero puntos (a Tasca, 10) y luego, en los criterios “subjetivos”, se acabó de redondear el tema y se primó a la empresa de Codinas en detrimento de sus rivales. Total: la empresa del 'pool' independentista se llevó el gato al agua y, a pesar de haber hecho la oferta más cara (y con mucha diferencia, según la documentación en poder de El Confidencial), se hizo con el contrato laminando a sus rivales. En el acta de adjudicación, no obstante, se especifica que se concede el concurso a Airun “al ser considerada la oferta económicamente más ventajosa”. Pero si atendemos a la oferta económica exclusivamente, esa explicación es falsa.

Otro de los trabajos de esta compañía fue la “gestión, organización, coordinación, ejecución y valoración” de acontecimientos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que depende de la Generalitat, que dedica a este contrato 200.000 euros al año. Airun se hizo también con un minicontrato de 1.409 euros para “dinamizar los juegos en gran formato del Instituto Catalán de la Energía (Icaen) en Expoelectric”, en octubre pasado. Y da apoyo técnico a la Banda Municipal de Barcelona a cambio de 239.580 euros, según una adjudicación de agosto del año pasado.

Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Barcelona dio un contrato de 9.530 euros a Airun Infraestructura i Exposicions por “la organización de actos del programa Cultura Científica”. Esta adjudicación, que depende del Instituto de Educación, se formalizó luego no con la empresa adjudicataria sino con Airun Serveis Culturals, según los documentos del propio consistorio.

La empresa mimada de la Mercè

En 2017, Airun fue la empresa a la que se encargó la atención al público en las casetas de Navidad del ayuntamiento, previo pago de 52.666 euros. Y juntamente con la compañía Jocs al Segon, se llevó dos contratos, ambos firmados en junio de aquel ejercicio: uno por el diseño, producción, dinamización, coordinación, gestión, formación del profesorado y seguimiento y evaluación de la Fiesta de la Diversidad (133.194 euros) y otro por la producción y coordinación del acto “el pregón de los niños en las fiestas de Santa Eulalia”, por 112.630 euros.

Tradicionalmente, esta empresa se encargó de la gestión de los espacios municipales durante las fiestas de la Mercè de Barcelona (o sea, las grandes fiestas patronales). En 2018, se hizo con el contrato de gestión de todas las carpas y espacios abiertos, “y en el espacio de cafetería de comercio (excluyendo la gestión de la cafetería) que se instala en la plaza de Catalunya en las Fiestas de la Mercè”. Por ese contrato, se llevó 77.791,86 euros, un 35% más que en 2016.

Estas prestaciones contrastan con otras más técnicas y alejadas, en principio, de su objeto social. Por ejemplo, Airun se hizo con una adjudicación por un servicio puramente técnico que no cuadra en absoluto con su objeto social de dinamización social: “La dirección facultativa de las obras para la renovación de los sistemas de tratamiento de aire en las plantas 3 a 8 del edificio Novíssim”. Este edificio alberga las oficinas centrales del Ayuntamiento de Barcelona y a ese concurso se presentó solamente una empresa. Además, en los documentos municipales se hace constar que la propuesta económica “es el único criterio de adjudicación de conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares”.

Clases de musicoterapia

La compañía Jan BCS, por su parte, ha recibido de la Generalitat millones de euros. Además de cinco contratos firmados en octubre pasado por el Departamento de Trabajo para realizar labores de monitoraje de las actividades en diversas comarcas (por lo que percibió casi 1.080.000 euros), se hizo con casi 150.000 euros más por servicios de “control de accesos” a cuatro equipamientos cívicos. Del Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Mogoda cobró 40.960 euros por “impartir disciplinas artísticas en la Escuela Municipal, de las Artes”. En estas dependencias, la compañía dio clases, entre otras materias, de musicoterapia, cómic, cine o artes plásticas.

Jan BCS tiene como objeto la prestación “de todo tipo de servicios de imágenes, culturales, artísticos, deportivos, sociales, de comunicación, intermediación, promoción, patrocinio tanto de entidades y empresas públicas como privadas”. También incluye la “gestión de equipamientos, servicios de formación, sociodinamización, montajes y arreglos de mantenimiento, de alquiler de material y personal, gestión, coordinación y ejecución parcial o total de programas socioculturales, dinamización, etcétera”. Las modificaciones del objeto social se realizaron en el año 2010, poco antes de que CiU ganase las elecciones autonómicas.

La versatilidad de esta compañía la ha llevado también a obtener anualmente un suculento contrato del Ayuntamiento de Sant Joan Despí por “la divulgación y orientación en materia de civismo y convivencia ciudadana”. Ese contrato fue de más de 187.000 euros en 2016, que en 2019 (el 1 de enero) se convirtió en otra adjudicación de más de 201.000 euros. Del Ayuntamiento de Barcelona, Jan BCS se llevó 17.619 euros por la itinerancia de la exposición ‘Cómics contra el machismo 2018’ y otros 18.000 euros por “el apoyo a la campaña ‘En bici sin edad”. También se embolsó varias decenas de miles de euros por programas de verano para jóvenes.

“Para lo que haga falta”

Tasca Serveis d’Animació, otra de las compañías vinculadas a Codinas, cambió también su objeto social en diciembre de 2009 para pasar a ofrecer “todo tipo de servicios y suministrar lo que haga falta en los ámbitos de la cultura en general, el arte, el deporte, la educación, la imagen y la comunicación, los servicios sociales y el ocio”. Así, esta sociedad, cuya sede coincide con la de la Fundació Institut Nova Història, se hizo con más de 807.000 euros en contratos de la Generalitat en octubre pasado (para dinamizar actividades de la Consejería de Trabajo), pero también obtuvo un contrato del Ayuntamiento de Barcelona por un monto de 17.825 euros para gestionar las “actividades familiares en los jardines Muñoz Ramonet”; gestiona el Centro Cívico del Besòs por 310.000 euros anuales; gestiona el espacio familiar La Vela en el distrito de Sant Martí por otros 20.515 euros; cobra más de 11.700 euros por el “acompañamiento de la comunidad gitana de Hostafranchs”, en el extremo opuesto de la ciudad, y se acaba de hacer este mes de febrero con 389.000 euros más del Gobierno de Colau para “la dinamización y gestión de los equipamientos municipales para adolescentes y jóvenes Espai Leiva".

Paralelamente, en agosto del año pasado firmó un contrato con el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat por 348.000 euros para gestionar el centro cívico Sant Jordi-Ribera Baixa, y en febrero de 2019 arrancó a ese consistorio otro contrato de más de 345.000 euros para gestionar el centro cívico Palmira Domènech.

Las curiosidades van más allá: la empresa Tasca Serveis d’Animació obtuvo un contrato para la “dinamización del Casal de Verano Zona Norte” del Ayuntamiento de Barcelona por 16.498,90 euros. El contrato fue adjudicado el 18 de julio del año pasado. Unos días después, el 10 de agosto, en plenas vacaciones, Jan BCS, otra empresa ligada a los mismos accionistas, firmaba otro contrato por 16.498,90 euros, cuyo objeto era el servicio de la “gestión de Verano Joven 2018”. La extraña coincidencia al céntimo de ambos contratos, por distintos conceptos y con distintas compañías (aunque pertenecientes a los mismos gestores), alimenta las sospechas de que pueden aprovecharse un determinado tipo de contratos estándar que se utilizan para cubrir aparentemente el expediente pero cuyo fin último es el de materializar una adjudicación.

El 14 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona otorgaba a Jan BCS un contrato de 21.635,93 euros por la “dinamización de las herramientas tecnológicas del mapa B+S”. Ese mismo día, firmaba otro contrato de 10.838,24 euros la empresa Tasca Serveis d’Animació cuyo objeto era el “servicio de secretaría técnica externa del proyecto del mapa B+S”. Los más de 32.000 euros de ambos contratos, sin embargo, iban a caer a los mismos bolsillos.

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