Campaña de los comunes para echar a la Policía Nacional de su sede de Barcelona

El primer teniente de alcaldía de Barcelona y miembro de la candidatura de Podemos al Congreso de los Diputados el próximo 28 de abril, Gerardo Pisarello, dio este martes el pistoletazo de salida a la campaña electoral con un acto de tinte radical: la reivindicación de que la Policía Nacional sea desalojada de la histórica sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña para que el inmueble, en plena Via Laietana, sea dedicado a Museo de Memoria contra la Tortura. Esta petición, afirmó el edil, es apoyada por unas 150 organizaciones, entre las que destacó la Fundación Irla, Òmnium Cultural y el Ateneu Memòria Popular, que fue quien prestó cobertura legal al acto.

Pisarello recoge así una de las históricas reivindicaciones del independentismo catalán para desmantelar las infraestructuras policiales españolas en esta comunidad. Porque nada es gratuito. A las puertas de la campaña electoral, y con perspectivas electorales no muy halagüeñas, los comunes necesitan despertar simpatías. Con este acto, lanzan un guiño a la izquierda combativa y militante por un lado y al electorado soberanista por otro. Podemos y los comunes necesitan como agua de mayo arañar votos a los independentistas para seguir siendo la fuerza de referencia, que parecen haber perdido en los sondeos.

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Así, la reivindicación de la ‘expropiación’ del principal edificio de la Policía española es algo más que una actitud simbólica: es un acto propagandístico de primera magnitud en el revuelto río de las imágenes icónicas del soberanismo. Y es también la primera pata de la campaña que lleva como lema ‘Fora forces d’ocupació’ (Fuera fuerzas de ocupación). El teniente de alcaldía, que ha sido mano derecha de Ada Colau en el consistorio durante la última legislatura, es uno de los concejales que más claramente se han alineado con el independentismo. La imagen (también muy icónica) de su pelea a brazo partido con el popular Alberto Fernández Díaz en el balcón del consistorio cuando su rival quería retirar una bandera estelada es todo un símbolo de su posicionamiento.

El tema va muy en serio: representantes de varias organizaciones se han reunido ya con algunos diputados del Parlament de Cataluña para que les ayuden en este cometido y han mantenido también reuniones con altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona para culminar el desalojo de la Jefatura. Incluso han hecho llegar a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, su petición de que saque de allí a la Policía.

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En un acto celebrado este martes frente a la propia Jefatura, Pisarello afirmó que el desalojo del edificio “es el modo de saldar una deuda con las víctimas del franquismo y de las torturas. Hay que desbloquear la situación y hacer que cedan este edificio al ayuntamiento como garantía de que no se repitan los hechos”. Recordó también que el propio Congreso de los Diputados aprobó en el verano de 2017, con los votos en contra del PP, que el edificio debería ser destinado a museo contra la tortura. “Esa resolución no se cumplió, por lo que promovemos la movilización y la toma de conciencia de los gobiernos español y catalán para que tomen partido en este sentido”, subrayó.

Pisarello aprovechó para inaugurar un cartel ante la sede de la Policía donde se dice que en ese edificio se practicaba la tortura. Y eso que las juntas electorales ya se han cansado de decir que quedan prohibidas las inauguraciones por el periodo electoral en que estamos. El contenido del cartel, además, es una auténtica presión psicológica a los ocupantes del inmueble: se trata de hacerlos pasar por delante de un letrero en el que, subliminalmente, se les tacha de torturadores… o de herederos de los torturadores. Una historia que ni pintada para el genial Gila.

Parar a Vox

Pisarello aprovechó para recordar que “hay partidos políticos que llevan a militares declaradamente franquistas en sus listas [en referencia implícita a Vox] y que, por tanto, defienden las torturas del franquismo. Por tanto, esta situación se ha de recordar para que no se repita nunca más. Barcelona ya se manifestó hace poco con una gran manifestación feminista y diciendo que no acepta discursos del odio, al tiempo que nos manifestamos contra el crecimiento de la extrema derecha y del racismo. Lo que queremos es una democracia claramente antifascista”. Pura consigna electoral.

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De hecho, existe una campaña de movilizaciones para parar a Vox e impedir que este partido pueda efectuar mítines o repartir octavillas en tierras catalanas. En esa estrategia se ubica la decisión de Colau de no ceder el Palau Sant Jordi para el próximo 30 de marzo, aunque el partido de Abascal ya había pagado la mitad del alquiler. Los abanderados de esta campaña son los independentistas, con la CUP, que el próximo sábado ya ha convocado otra concentración anti Vox, a la cabeza.

El posicionamiento sobre la ‘expropiación’ de la Jefatura Superior no es baladí: hace unos meses, Colau se puso la medalla del cierre de la emblemática cárcel Modelo y su transformación en un espacio ciudadano de memoria histórica. De hecho, Pisarello reivindica como propia la cesión del castillo de Montjuïc por parte del Ministerio de Defensa. En realidad, la cesión se había producido en el año 2007 y el traspaso de la gestión culminó en 2016, por lo que Colau se lo encontró todo hecho. Pero a la hora de colgarse medallas, ese es un detalle que parece no preocuparle y suma la ”reconversión del castillo de Montjuïc en un centro que explica su utilización como prisión política y de fusilamiento” como un éxito de la alcaldesa. Con la nueva ofensiva en plena precampaña electoral, pues, los comunes redondean la estrategia de utilización de “símbolos de represión”.

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Ya lo dice el cartel que se instaló a las puertas de la Jefatura: “A partir de 1941, y hasta la llegada de la democracia, se convirtió en el centro de la represión política franquista en Barcelona. Por sus insalubres y saturadas celdas, pasaron decenas de antifranquistas que sufrieron todo tipo de torturas en los interrogatorios”. Ante ello, uno de los asistentes al acto de inauguración de la placa mostraba su descontento. “Hay un gran error. No fueron decenas. Fueron miles”.

Testigos de la represión

En el selecto acto, Pisarello contó con la presencia del exconsejero de Empresa de la Generalitat, el republicano Josep Huguet, que es también presidente de la fundación Irla, vinculada a ERC, una de las organizaciones partidarias de ‘expropiar’ la sede de la Jefatura. También se encontraban presentes Joan Carles Gallego, ex secretario general de CCOO de Cataluña, o Rosa Sans, exdirigente de CCOO y directora de la Fundación Cipriano García.

Huguet reivindicó también la “resolución inmediata” del acuerdo del Congreso del verano de 2017 y que “una copia de los archivos del franquismo de la Policía se ceda a la Generalitat”.

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Carles Vallejo, presidente del Ateneu Memòria Popular y de la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo, denunció que a él le detuvieron durante 20 días en las dependencias de la Jefatura y luego le condenaron a 20 años de cárcel “por repartir octavillas entre los obreros de Seat”. De hecho, sin embargo, pasó solo seis meses en la cárcel, de la que salió en junio de 1971. Denunció torturas, “incluso físicas”, pero no ofreció más detalles. “Es que había estado de excepción y en esas circunstancias te podían retener en sede policial el tiempo que quisieran. Pero lo más bestia era que no sabías si era de noche o de día y no tenías comunicación con los familiares o los abogados. Lo malo es que el jefe de la Brigada político-social de entonces, Genuino Navales, me decía que él era un policía profesional y que aquello lo veía como una cuestión normal”.

Montse Torras, profesora en una escuela dependiente de la Delegación de Trabajo, denunció en 1973, junto a un compañero, que trabajaban sin estar asegurados y sin contrato. La denuncia se hizo a través de los micrófonos de Radio Barcelona, por lo que tuvieron que ir a declarar a Jefatura. “Comenzaron diciendo ‘lo sabemos todo de ti’, pero en realidad no sabían nada porque jamás había hecho nada. Lo cierto es que estuvimos declarando dos horas y nos dejaron marchar. Y lo malo es que tenías que ir a declarar simplemente por realizar una denuncia pública tan simple”.