El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice pero no hace. O hace pero no dice. Depende de cómo se quiera entender. Lo cierto es que en su absurdo pulso con la Junta Electoral Central y su negativa a acatar los fallos judiciales, ha entrado en terreno resbaladizo. Primero cubrió la pancarta ilegal con otra a la que simplemente cambió el color de un lazo. Luego, retiró esos símbolos y sacó al balcón otra pancarta con un lema más ‘neutro’: 'Libertad de opinión y de expresión', haciendo mención al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La burla a la JEC ya estaba cumplida y la foto de cara a la galería ya circulaba por los vericuetos soberanistas.
Pero eso es de puertas afuera. De puertas adentro, Torra manda mucho más. Y como auténtico virrey del Palau, mantiene un gran lazo amarillo colgando en las dependencias de la Generalitat, concretamente en el icónico Pati dels Tarongers, el patio que atraviesan todos los consejeros para ir a la reunión semanal del Govern.
Ante esta situación, Ciudadanos interpondrá otra querella criminal contra el ‘president’ por desobediencia manifiesta a la Junta Electoral. La propia líder del partido, Inés Arrimadas, se lo anunció a Torra por Twitter: “Señor Torra: ¿Se cree que la Generalitat es suya o solo de los catalanes independentistas? No vamos a permitir que sigan inundando de propaganda las instituciones públicas. Volveremos a hacer lo que Sánchez no hace y volveremos a denunciarle ante la JEC”.
La burla a la JEC ya estaba cumplida y la foto de cara a la galería ya circulaba por los vericuetos soberanistas
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, confirmó a El Confidencial la nueva denuncia contra la decisión del ‘president’. De momento, la formación naranja considera que ha ganado una batalla al hacer que desaparezcan los símbolos políticos de la fachada del Palau. Y no pone reparos a la nueva pancarta que Torra hizo colgar apelando a la libertad de expresión y opinión.
“El cambio de pancartas es el reconocimiento de la derrota. Pero la nueva, haciendo referencia a un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene un lema que se puede compartir, por lo que no la vamos a impugnar”, ha declarado.
El cambio de pancartas es el reconocimiento de la derrota. Pero la nueva contiene un lema que se puede compartir
Fuentes del Palau de la Generalitat consultadas por El Confidencial se negaron a comentar el tema de la nueva denuncia, con el argumento de que “se eleva a consulta de la superioridad” y la promesa de una futura llamada telefónica. Un desplante, por otra parte, fiel a la tradición oscurantista de esta institución.
Estopa a diestro y siniestro
Lo que evidencia la ‘guerra’ de los lazos es que, visto desde afuera, existe una indudable degeneración democrática de la política catalana. Pero esa degeneración no se produce solo en el feudo de la Generalitat. El que Quim Torra sea el exponente más icónico de la tensión es solo por razón de su cargo, el más importante de la comunidad: lo cierto es que las juntas electorales han tenido que repartir estopa a diestro y siniestro. Y nunca mejor dicho.
A las denuncias contra el ‘president’ Torra se suma otra denuncia contra Carmela Fortuny (PDeCAT), alcaldesa de la localidad de Sant Cugat, durante muchos años el buque insignia del poder municipal de Convergència. La Junta Electoral de zona había exigido a la alcaldesa retirar las pancartas partidistas de la fachada de la casa consistorial y el pasado 20 de marzo le dio 48 horas para hacerlo. Fiel al espíritu Torra, Fortuny decidió mantener los lemas políticos. El portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, Aldo Ciprian, interpuso entonces otra denuncia por la “reiterada vulneración de la legalidad”.
La izquierda también recibe
Pero no solo existe la Junta Electoral para Torra o el PDeCAT. El tribunal, que advirtió a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que debía retirar su lazo de la fachada del ayuntamiento (cosa que Colau cumplió al momento), también vetó una página web de la primera edil en la que se vanagloriaba de los logros obtenidos durante su mandato. Esa propaganda, enplena precampaña electoral, era, a juicio de los componentes de la Junta, una vulneración de la normativa legal. La alcaldesa acató también esa orden.
La denuncia contra la web había partido del líder del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, que también le ganó otro pleito a Colau: denunció que los periodistas de los informativos de Betevé, la emisora televisiva local de la ciudad, de carácter municipal, utilizan siempre los términos ‘presos políticos’ (y especialmente durante el juicio por el 1-O) para referirse a los políticos que están siendo juzgados.
Para la Junta Electoral, “esta expresión conculca la neutralidad informativa que ha de presidir un medio en periodo electoral, razón por la que el canal habrá de retirarla”. Asimismo, ordena retirar la etiqueta de ‘presos políticos’ en la web, en lo referente a las informaciones sobre el juicio.
También el alcalde socialista de Badalona, Àlex Pastor, tiene problemas. Sendas denuncias del PP, de ERC y de los comunes han provocado sendos fallos de la Junta Electoral de zona, que considera que la página web del ayuntamiento de la ciudad, así como diferentes plataformas de redes sociales, megafonía y folletos publicitarios resaltando logros e inauguraciones durante la legislatura, está fuera de la legalidad.
La junta prohíbe las “campañas de logros y campañas con determinadas imágenes o eslóganes” y recuerda que la ley dice que “durante el periodo electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”.
Se prohíben "campañas de logros" y recuerda que la ley dice que "durante el periodo electoral queda prohibido realizar actos de inauguración de obras"
Así, requiere al alcalde “para que se abstenga de publicitar sus logros o inauguraciones en periodo electoral, haciéndole saber que esta Junta ya ha requerido en sendas ocasiones, mediante acuerdos de 13 y 20 de marzo en el mismo sentido; y que el incumplimiento de este requerimiento pudiere dar lugar a responsabilidades administrativas y/o penales”. Lo dicho, en todas las casas cuecen habas y todos tienen sus muertos en el armario.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice pero no hace. O hace pero no dice. Depende de cómo se quiera entender. Lo cierto es que en su absurdo pulso con la Junta Electoral Central y su negativa a acatar los fallos judiciales, ha entrado en terreno resbaladizo. Primero cubrió la pancarta ilegal con otra a la que simplemente cambió el color de un lazo. Luego, retiró esos símbolos y sacó al balcón otra pancarta con un lema más ‘neutro’: 'Libertad de opinión y de expresión', haciendo mención al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La burla a la JEC ya estaba cumplida y la foto de cara a la galería ya circulaba por los vericuetos soberanistas.
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