poco antes de que venciera el plazo

Torra reta a la JEC: mantiene los lazos para mostrar músculo al Gobierno y la CUP

En la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando, de hecho, la pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados', en catalán e inglés, junto a un lazo amarillo

Foto: Los lazos amarillos continúan en los edificios de la Generalitat. (EFE)
Los lazos amarillos continúan en los edificios de la Generalitat. (EFE)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cogido oxígeno tras la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retire de las fachadas de los edificios públicos los símbolos partidistas que los inundan, desde lazos amarillos hasta banderas esteladas (independentistas), en aras de la neutralidad que han de tener todos los edificios públicos.

Pero Torra necesita tensión para mantener e incluso fomentar más la movilización ciudadana. Por eso ya dijo, de buenas a primeras, que no acatará la orden de la JEC. Una actitud que le acerca un poco más a la CUP y le aleja de la centralidad democrática que se debe suponer a todos los gobernantes.

Su actitud no es solo para marcar perfil ante los radicales, que le exigen proclamar ya la independencia. También marca perfil ante el Gobierno español, al que desafía despreciando los fallos de los órganos judiciales de España.

En una nota oficial de este jueves, la Generalitat anuncia que el ‘president’ envió una carta a la JEC en la que denuncia “un nuevo intento de censura a la libertad de expresión por parte del Estado” y, paradójicamente, pone en duda la neutralidad del escrito de la JEC. Torra afirma que la estelada “es un símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta”, mientras acusa a la Junta Electoral de contravenir las resoluciones del Parlament.

En otras palabras, que las resoluciones judiciales no afectan a lo que él considera un posicionamiento político, por mucho que la ley prohíba en cualquier democracia avanzada la utilización partidista de los edificios públicos.

El ‘president’ envió una carta a la JEC en la que denuncia “un nuevo intento de censura a la libertad de expresión por parte del Estado”

En una elocuente cabriola política, el ‘president’ llega a afirmar que si la JEC quiere que se retiren los lazos amarillos, "está favoreciendo los postulados de los partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación". Y, consecuentemente, acusa al tribunal de favorecer “el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”. “La resolución de la JEC que se nos ha comunicado, lejos de mantener la neutralidad política, está dando la razón a estos partidos que han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública, por lo tanto, está favoreciendo los postulados que estos partidos han defendido, por lo cual incurre en una ausencia de imparcialidad, dado que la prohibición implica, por ende, el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones”, dice textualmente la misiva. En resumen, acude al ‘o conmigo o contra mí’ para justificar su negativa a acatar el fallo de la JEC.

Torra también recuerda que, en dos ocasiones, el Parlament rechazó sendas proposiciones de ley que instaban a la prohibición de lazos amarillos en el espacio público y en los edificios institucionales. El tribunal, pues, no es quién para prohibirlos ahora.

La oposición se queja

En este sentido, Eva Granados, portavoz del PSC en la cámara legislativa, señaló a El Confidencial que su partido presentó las proposiciones de ley citadas por Torra “para evitar la colonización de los espacios públicos y garantizar la neutralidad de las instituciones”. Evidentemente, las mociones fueron rechazadas por un Parlament dominado por el independentismo.

Paralelamente, Torra explica a la JEC la “dificultad legal” que supone cumplir el requerimiento por la multitud de edificios que tiene la Generalitat repartidos por todo el territorio de Cataluña, ya que algunos de ellos no son propiedad del Govern y otros no están gestionados por él. Asimismo, anuncia la intención de recurrir el fallo de la JEC.

Para Eva Granados, “la retirada de los símbolos partidistas es un tema entre la JEC y el Govern. Evidentemente, Torra puede recurrir la decisión vía administrativa, pero eso no paraliza el hecho de que tenga que retirar los lazos igualmente aunque presente recurso”. Y alerta de que el conflicto sirve solo para “alimentar los extremos”, ya que los dos principales contendientes, Ciudadanos (que fue quien presentó denuncia ante la JEC) y el Govern, toman oxígeno con esta nueva trinchera política.

Torra explica la “dificultad legal” que supone cumplir el requerimiento por la multitud de edificios que tiene la Generalitat en toda Cataluña

En algunos sectores del soberanismo, no obstante, se habla ya de “acto de desobediencia”, precisamente una de las condiciones que exige la CUP para apoyar al Govern en el Parlamento, en el cual JxCAT y ERC quedarían en minoría sin el apoyo de los anticapitalistas. Se trata, pues, de un guiño en toda regla a los radicales.

José María Espejo-Saavedra, diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento catalán, señala a El Confidencial que “lo único que hizo la JEC fue actualizar y alertar de la doctrina aplicable a todos los edificios públicos, que ya viene de la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, en las que ya dijo que no se pueden exhibir símbolos ideológicos o partidistas”.

Torra reta a la JEC: mantiene los lazos para mostrar músculo al Gobierno y la CUP

Espejo-Saavedra explica que, “teóricamente, si un ciudadano o una entidad se dirige también a un ayuntamiento pidiendo la retirada de símbolos políticos, este está obligado a hacerlo, ya que la doctrina es igual para todos los edificios públicos. Lo que ha pasado en este caso concreto es que hubo una comunicación personal al presidente de la Generalitat para que retirase los símbolos y solo puede hacerlo de la Generalitat. Pero si alguien lo pide a un ayuntamiento, el alcalde está obligado a hacerlo”.

Respecto al posicionamiento de Torra, el vicepresidente del Parlament subraya que “si el ‘president’ estira mucho la cuerda, puede llegar al punto de que entre en el terreno del ámbito penal, porque ahí puede haber un delito de desobediencia o incluso un delito electoral”.

Políticamente, el tema tiene poco recorrido, aunque le sirve al ‘president’ para sacar pecho y proclamar a los cuatro vientos su ‘resistencia’ ante el ‘Estado opresor’. “El tema ya no está en clave política, sino que depende de la JEC. Es un pleito en clave judicial, ya que el tribunal dio unas instrucciones muy precisas”, explica a El Confidencial Alejandro Fernández, diputado y presidente del PP catalán. Los populares pedirán explicaciones a Torra en la próxima sesión de control, “aunque primero ha de verse si se cumple la orden en los términos que ha dictado la JEC”, subraya Fernández.

Espejo-Saavedra también afirma que Ciudadanos “no dejará de pedir responsabilidades políticas y jurídicas por los símbolos partidistas en edificios públicos en todas las instancias en que sea necesario”. Y critica especialmente que en algunas consejerías se mantienen en sus fachadas y vitrinas fotos de los políticos que están siendo juzgados y carteles pidiendo su libertad. “Ahí se da el caso de que las personas que están en esos carteles son también candidatos electorales, lo que alimenta el peligro de delito electoral. Es como si en el Ayuntamiento de Madrid colgásemos una foto de Begoña Villacís. O en la Generalitat pusiésemos una foto de Inés Arrimadas. Sería un delito flagrante”.

La decisión de Torra le puede reportar una multa de, como máximo, 3.000 euros. Ello, para un político que cobra 150.000 euros al año, es poco más que una propina. Esos 3.000 euros, en cambio, le servirán para pagar una campaña de imagen en clave soberanista que, de otro modo, le hubiese costado un pico. Y eso sin contar que se acoja, incluso, al derecho a que la sanción sea sufragada por las cajas de resistencia que, a tal efecto, tienen constituidas la ANC y Òmnium Cultural, acostumbradas a pagar las multas de los dirigentes del Govern investigados y multados durante el ‘procés’ (excepto del exconsejero Santi Vila, al que consideran un traidor).

Cataluña

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