se enfrenta a una multa de 3.000 euros

Torra insinúa que dejará los lazos amarillos y Borrell avisa: "El Estado tiene instrumentos"

El Govern está analizando la decisión de la Junta Electoral Central, que le ha dado 48 horas, y baraja la posibilidad de interponer un recuerdo contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo

Foto: Balcón del Ayuntamiento de Barcelona. (EFE)
Balcón del Ayuntamiento de Barcelona. (EFE)

Menos de 48 horas. Ese es el tiempo que le queda al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para cumplir con la orden de la Junta Electoral Central que le obliga a retirar todos los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos. El motivo, cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del próximo 28 de abril. De no hacerlo, Torra se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros, ya que es funcionario público.

Sin embargo, Torra parece que tiene la intención de no cumplir con esa obligación ya que, de nuevo, podría anteponer el compromiso que siempre ha dicho tener con el pueblo de Cataluña al cumplimiento de la ley. Así lo ha dejado entrever en un enigmático mensaje que ha publicado en su perfil de Twitter en el que ha citado al científicio y médico catalán Josep Trueta."Estoy desligado de todos los compromisos menos del de servir a mi tierra como pueda y sepa", ha escrito.

Torra insinúa que dejará los lazos amarillos y Borrell avisa: "El Estado tiene instrumentos"

Torra tiene hasta este miércoles por la tarde para cumplir la orden de retirar esteladas y lazos amarillos de todos los edificios públicos de Cataluña. De hecho, una de las consignas que debería quitar sería la pancarta que cuelga desde hace meses desde uno de los balcones del Palau de la Generalitat que pide la libertad de los "presos políticos y exiliados".

Recurso ante el Tribunal Supremo

El Govern está analizando la decisión de la Junta Electoral Central y baraja la posibilidad de interponer un recuerdo contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo como forma de protesta y para retrasar la aplicación de esta orden, que considera los lazos, las esteladas y las pancartas a favor de los políticos soberanistas que están encarcelados como símbolos "partidistas".

Según la resolución de la Junta Electoral Central, la ley prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones y recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas, pero no de los gobernantes. Por ello, se recuerda que tanto el lazo amarillo como la estela "son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". A su juicio, ambos son signos que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral, "pero no por los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política", según la doctrina de la JEC avalada por sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y UE, Josep Borrell, ha advertido a la Generalitat que el Estado cuenta con "instrumentos" para que su presidente cumpla con la orden de la Junta Electoral Central.

Podemos cuestiona la orden de la JEC

La dirección de Podemos ha cuestionado este martes el plazo de 48 horas dado por la JEC a Quim Torra ya que considera que esta orden no ayuda a resolver la situación catalana en un "ambiente tan tensionado" y politizado.

"Sinceramente, creo que en un ambiente tan tensionado, tan politizado, donde hay dos posturas absolutamente incapaces de llegar a acuerdos, consensos y dialogar (...) pues este tipo de cosas quizás no ayuden", ha explicado la coportavoz de Podemos Noelia Vera preguntada en rueda de prensa.

"Se debe exigir que Vox deje el juicio"

Borrell ha calificado de "atinado" el fallo de la JEC y considera que los lazos amarillos "invaden" el espacio público y que responden a una determinada opción política.

Desde el ámbito soberanista, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, considera que si se sigue los criterios de la JEC "se debería exigir que Vox dejara el juicio al procés".

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