Así se pagó el acto para presentar el 1-O

El Parlament delegó en su secretario atender al juzgado 13 sobre la factura del TNC

Hace un mes, apareció la factura cuando la Mesa del Parlament recibió la auditoría interna de la cámara catalana, que fijaba dos conceptos: dinero público y la petición del juez

Foto: Vista del sillón del presidente del Parlament de Cataluña. (EFE)
Vista del sillón del presidente del Parlament de Cataluña. (EFE)

La Mesa del Parlament delegó en su secretario, Xavier Muro, la responsabilidad de responder a la petición del juzgado número 13, que les había pedido la factura 20170090 TCN con la que el grupo parlamentario de Junts pel Sí pagó la organización del acto en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), tal y como avanzó El Confidencial. De ese modo, el 'president' Roger Torrent se lavó las manos. Hasta que ayer la Guardia Civil se presentó en el Parlament con un requerimiento judicial para obtener dicho documento. Lo pidieron al Registro de la cámara catalana pero se fueron con las manos vacías, según han explicado fuentes parlamentarias. Esta factura es clave para un posible cargo de malversación contra parte de los encausados.

Hace un mes, apareció la factura cuando la Mesa del Parlament recibió la auditoría interna de la cámara catalana, que fijaba tres conceptos: que se trataba de dinero público, que el juzgado número 13 la había pedido y que así lo comunicaba a la Mesa, la cual ahora no podía ignorar. La factura era de 17.690,20 euros al TNC para el acto que sirvió de pistoletazo de salida al intento de referéndum del 1-O en el que participaron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El acto fue el 4 de julio de 2017 y la factura tiene fecha del día anterior.

En la reunión, Roger Torrent, presidente del Parlament, evitó tomar ninguna decisión, según apuntan fuentes parlamentarias. Xavier Muro, presente, explicó que él ya había respondido al juzgado cuando en su día había hecho su petición. Lo único que pasaba es que entonces, cuando se había hecho la demanda, la Mesa ni tenía la factura ni sabía de su existencia.

Torrent y el resto de los grupos soberanista evitaron pronunciarse y delegaron en Xavier Muro, que alegó que como ya había respondido una vez, ahora no tenía obligación legal de aportar el documento. Sin embargo, algunos de los miembros de la Mesa, los constitucionalistas, le impelieron a hacerlo, sin que Muro dejase claras sus intenciones ni qué era lo que iba a hacer.

La factura es clave para el futuro judicial de los miembros de la Mesa que serán juzgados en el TSJC cuando acabe el juicio en el Tribunal Supremo. Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramon Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la diputada de la CUP Mireia Boya.

El fantasma de la malversación

A todos ellos se les acusa de desobediencia. Pero la Fiscalía podría ampliar la causa a malversación gracias a esa factura, ya que Junts pel Sí usó dinero público para presentar un referéndum sobre cuya ilegalidad ya había advertido el Tribunal Constitucional. Corominas, Guinó, Simó y Barrufet eran miembros de Junts pel Sí, una coalición en la que participaban el PDeCAT y ERC.

La ruptura de la unidad independentista ha supuesto el final de Junts pel Sí, lo que ha dificultado a la Guardia Civil obtener la prueba

Sin embargo, Junts pel Sí ha desaparecido y eso hace difícil que nadie se haga responsable de la factura. Por eso, entre otras razones, la Guardia Civil se marchó ayer del Parlament con las manos vacías. Ahora, ERC y JxCAT son dos grupos diferentes. Pero el pasado salpica a los dos grupos parlamentarios, que son herederos políticos y económicos de Junts pel Sí.

El papel de Turull

El entonces 'president' del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, fue quien firmó la factura de la discordia. Pero la gestión de la Fiscalía no le afecta. En el Tribunal Supremo (TS) se le juzga por lo que hizo como 'conseller' de Presidencia, cargo que asumió poco más de un mes después de haber firmado este pago que ahora se pone en cuestión. Y en el TS la prueba está cerrada, eso quiere decir que no se pueden aportar nuevos documentos probatorios. Por lo tanto, la sala no tendrá en cuenta la existencia de la factura. No pasa lo mismo con los encausados en el TSJC.

La Guardia Civil se limitó a pedir la factura. No fue un registro. Pero ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Parlament. De nuevo la patata caliente.

Cataluña

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