La apretada agenda 'indepe': los diez días de febrero en los que quieren cambiar España

El independentismo se prepara para los diez días de febrero en los que quiere cambiar España. O el Estado español, en lenguaje ‘indepe’. Son 10 días con una agenda apretadísima en la que se intentará poner toda la carne en el asador para dejar en evidencia al Gobierno español y a la justicia y forzar la cesión de celebración de un referéndum de independencia. Además, ya hay diseñado un detallado argumentario con las claves de las denuncias que todos los independentistas deberán emitir al unísono para crear la sensación de que todo el procedimiento judicial contra los acusados por el 1-O es una farsa y de que se están vulnerando los más elementales derechos humanos, cívicos y políticos.

Para empezar, el inicio del juicio por la organización del referéndum ilegal provocará una gran movilización el próximo día 12 de febrero. Luego, el día 16 está prevista la paralización de Barcelona a través de una gran manifestación precisamente para protestar por ese juicio y para reivindicar el derecho a la autodeterminación. Finalmente, el 21 de febrero está convocada una huelga general cuyo objetivo es “dañar la economía española”.

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Estos tres hitos figuran ya en la agenda de todas las grandes formaciones catalanas. De hecho, la ANC, Òmnium, JxCAT, ERC y la CUP presentaron este jueves conjuntamente una hoja de ruta unitaria de respuesta al juicio que comienza ahora bajo el lema ‘La autodeterminación no es un delito’. Ahí anunciaron ya la manifestación del 16 y otra para el 16 de marzo en Madrid.

Los radicales tienen muy claro que su prioridad pasa por hacer del juicio el principal caballo de batalla. La ‘cupera’ fugada Anna Gabriel lo decía en los micrófonos de Catalunya Ràdio esta semana: se trata de dar la vuelta a la tortilla y utilizar el juicio como altavoz. Cuestión de inteligencia propagandística. Los radicales han plasmado en un argumentario los 11 puntos vitales que utilizarán contra el juicio desde el mismo día de su inicio hasta que acabe. Esos puntos serán el vía crucis del Gobierno español y de la justicia, porque sus denuncias son muy concretas, aunque algunas de ellas sean demasiado subjetivas.

Los puntos claves

El primer punto es denunciar que es un caso viciado de origen debido a la “opacidad” de la asignación de la investigación al juzgado número 13 de Barcelona, antes de recaer en la Audiencia Nacional. El segundo ítem es denunciar que el coronel de la Guardia Civil que llevó las investigaciones era parcial y que mientras elaboraba informes para el juez insultaba en las redes a los independentistas bajo un perfil falso. El tercer punto se basa en el nombramiento irregular del juez Pablo Llarena, denunciado por Juezas y Jueces para la Democracia. El cuarto punto es la denuncia de la inviolabilidad parlamentaria al detener a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El quinto punto es poner en duda la competencia del Supremo para juzgar el caso, en detrimento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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El sexto punto es la denuncia de que el juez adoptó actuaciones mediante providencias cuando debería haber dictado interlocutorias. El séptimo punto alude a la vulneración del derecho de defensa porque “a los presos se les citó con muy poca antelación para preparar su defensa e incluso sin conocer la denuncia imputada”. El octavo punto recuerda que los tribunales de Schleswig-Hosltein y las fiscalías belga y escocesa rechazaron el escenario de rebelión y sedición dibujado por la justicia española. El noveno punto hace referencia a que la Fiscalía pone en duda la imparcialidad de los tribunales en Cataluña. El décimo punto es la denuncia de la prisión provisional abusiva. Y el undécimo punto trata de resaltar que “la convocatoria de referéndums no acordados está despenalizada desde 2015 y por ello no tiene suficiente entidad jurídicopenal para considerarlo un delito”.

Ésos serán los argumentos principales para “dar la vuelta a la tortilla” y dinamitar el status quo español. Marta Rovira, secretaria general de ERC, por su parte, anunció desde Suiza (donde se reunió este viernes la dirección republicana) que su partido iniciará una “gira internacional” para denunciar “la represión política del Estado español”. Quiere explicar, aseguró, las ‘fake news’ sobre el ‘procés’ generadas por España, al tiempo que alertará de “la vulneración de derechos y de garantías judiciales”. Claro que en esa campaña no detalla si también explicará las ‘fake news’ independentistas, empezando por su estrambótica huida a Suiza a causa de una depresión por cuestiones internas del partido.

La baza del relator

En el ínterin, la propuesta del Gobierno central de fichar a un “relator” en una hipotética “mesa de partidos” es la principal baza que tienen ahora los independentistas. “La cuestión es muy sencilla –explica una fuente soberanista a El Confidencial-. Ellos quieren imponer la unidad de España. Nosotros queremos la independencia. Quedémonos en el término medio. Ni para uno ni para otro: que convoquen un referéndum para que el pueblo catalán decida lo que quiere y todo arreglado. No hace falta ya ni mesa de partidos. La solución es clara”.

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El otro gran ítem es la intensa movilización que todos los actores independentistas están promoviendo para que la huelga general (o ‘paro de país’, como les gusta llamarlo) no se quede en agua de borrajas. De hecho, tuvieron que desconvocar la del pasado día 7 de febrero por falta de apoyos incluso entre amplios círculos independentistas. Pero, de momento, aparte de los partidos y de las organizaciones clásicas ‘indepes’, no han conseguido más adhesiones.

UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios de Cataluña, hicieron público un comunicado conjunto con motivo del comienzo del juicio en el que lamentan el proceso judicial. “Las acusaciones que plantea la Fiscalía se asocian a un uso de la violencia que no hemos visto y que no se ha podido acreditar, por lo que pedimos que sean revisadas y que las deliberaciones del tribunal se sitúen únicamente sobre hechos probados”. También aseguran que “la prisión preventiva contra los dirigentes políticos no está justificada” y reclaman “una justicia imparcial, que exige que los magistrados actúen como terceros, ajenos a los intereses en juego, e integridad, que exige coherencia y respeto a la dignidad humana”. Los dos sindicatos abogan por “dar una oportunidad al diálogo y la negociación” y se muestran “contrarios y beligerantes contra cualquier actitud de intolerancia que ponga en riesgo la convivencia”.

Al margen de las reivindicaciones laborales, no obstante, exigen "la inmediata puesta en libertad de Dolors Bassa" y del resto de presos políticos

La plataforma Sindicalistas por la Independencia, no obstante, va más allá: no sólo suscribe ese escrito, sino que llama directamente a apoyar “la huelga general convocada por la Intersindical.CSC, a la que se han adherido el sindicato de profesores USTEC, Universitarios por la República, ADICS, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, SxR, CGT educación y las principales entidades y partidos soberanistas”. O sea, cuatro y el cabo. Al margen de las reivindicaciones laborales, no obstante, exigen “la inmediata" puesta en libertad de su "compañera Dolors Bassa [exconsejera de Trabajo y una de las juzgadas] y del resto de presos políticos catalanes, así como el retorno sin cargos de los exiliados. Si el Estado español forma parte de la UE y ha firmado sus tratados, no puede ser que lo que no es delito en Europa lo sea en España”.

La CUP, en la vanguardia

Para el día 21, la CUP ha llamado a apuntarse “a los comités de huelga”, aunque los menos optimistas creen que la repercusión será mínima. Un comunicado de la CUP de este viernes llama “a la movilización para denunciar este proceso político, exigir la liberación inmediata de los presos políticos y el libre retorno de todas las personas exiliadas y exigir también el final de todos los procesos judiciales políticos que más allá de los miembros del Govern y portavoces de las organizaciones de la sociedad civil encarcelados afectan a miles de personas anónimas de nuestro país. Por eso hacemos un llamamiento a la movilización y a la organización para hacer posible una huelga general masiva que pare el país y que sea capaz de girar la tortilla”.

Su diputado Carles Riera fue más concreto y llamó a la “autoorganización popular” para “defender los derechos sociales y de autodeterminación” los días 12 y 21 de febrero. Y subrayó que las ‘movidas’ del 12 serán “un ensayo general” de cara a la huelga del 21. “Hacemos una llamada a todos a que se organicen comités de huelga en todos los barrios, pueblos y ciudades”, arengó. Y luego pidió comités también “en todos los centros de trabajo, porque se trata de una huelga laboral para defender los derechos laborales y el conjunto de derechos sociales, civiles y políticos”.

Pero, de hecho, algunas organizaciones se conforman, durante la huelga general, con convocar concentraciones a las 12 del mediodía ante los centros de trabajo y concentraciones en las capitales de comarca de Cataluña a las 7 de la tarde.