Los presos soberanistas preparan acciones de protesta contra el juicio del 1-O

Los siete políticos independentistas presos por el 'procés' tienen la intención de comenzar próximamente varias acciones de protesta conjuntas a la espera de que comience el juicio contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Como antesala a estas acciones, los presos han difundido la primera foto en la que se ve a todos ellos juntos en la cárcel de Lledoners. En la imagen, en la que todos aparecen sonrientes, se encuentran Jordi Sànchez, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva, en primera línea, y detrás, Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

Todos ellos, según informan 'El Periódico' y 'La Vanguardia', iniciarán "diferentes acciones" para protestar por el comienzo del juicio. Sin embargo, como no han conseguido encontrar un consenso en cuáles deben ser esos movimientos, cada uno de ellos decidirá el modo de llevar a cabo sus propios actos. Según 'El Periódico', la Assemblea Nacional Catalana (ANC) propuso en un primer momento una huelga de hambre conjunta que tuviera una duración de alrededor de 15 días. Tal y como se ha dado a conocer en las últimas horas, finalmente serán el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el también diputado de esta formación y exconseller Jordi Turull los que iniciarán hoy este tipo de protesta. Los otros seis encarcelados utilizarán otras fórmulas como "negarse a salir al patio o acudir a los espacios comunes de la cárcel", según estos mismos medios.

Ante el anuncio, Moncloa ha hecho público un comunicado en el que " recuerda que los dirigentes independentistas cuentan con la protección y las garantías que les ofrece el Estado de Derecho. Como todos los ciudadanos sometidos a la Ley y protegidos por las leyes, en nuestro Estado de Derecho los dirigentes independentistas van a tener un juicio justo. El Poder Judicial es independiente y se hará justicia. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la Justicia es la única que puede dictar sentencias".

Batalla contra los jueces

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusado por el delito de rebelión durante el proceso independentista en Cataluña, ha pedido que todos los magistrados que le juzgarán próximamente sean apartados de este tribunal basándose en la reciente doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se afirmó que Arnaldo Otegi no había tenido un juicio justo por el caso Bateragune.

Cuixart, al igual que el resto de líderes del 'procés', señala que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, no puede continuar como presidente de este tribunal, ni redactar la sentencia, tras el mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que si este magistrado ostentaba la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, tal y como acordaron los 'populares' y el Gobierno, podrían controlar "desde detrás" la Sala Segunda del alto tribunal y la conocida como Sala del 61.

El escrito del equipo de abogados que defienden a Cuixart, coordinado por Marina Roig, presentado el pasado 20 de noviembre reproduce el WhatsApp de Cosidó para resaltar la vinculación de Marchena con el PP y asegura que es una muestra más del "alto nivel de la politización de la Justicia española, al menos en la cúpula judicial".

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Pero este incidente de recusación va más allá y también solicita que el resto de magistrados que componen el tribunal también sean apartados, tal y como avanzó El Confidencial. El escrito destaca que las "dudas de imparcialidad" sobre Marchena se "extiende" a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Luciano Varela, Ana María Ferrer y Andrés Palomo dejen el tribunal que juzgará el 'procés'.

Para ello, se acoge a la sentencia que dictó el pasado 6 de noviembre el TEDH, con sede en Estrasburgo, en el que se dio la razón a la defensa de Otegi que alegó que la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó al exportavoz de Batasuna, Ángela Murillo, estaba "contaminada" por un prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él y que esto afectó a la imparcialidad del resto de jueces.

El tribunal europeo afirmó en su resolución que "debido al secreto de las deliberaciones, no es posible saber cuál fue la influencia real de la presidenta del tribunal en esa ocasión" y, por tanto, "en consecuencia, la imparcialidad de esa formación de la Sección podía ser susceptible de una duda razonable", según recoge también Europa Press.

Asimismo, la defensa de Cuixart recuerda que la falta de imparcialidad en el proceso se ha dado también incluso en la Fiscalía General del Estado, ya que el fiscal que firmó la querella por los hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre, el fallecido José Manuel Maza, también fue magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo.