UGT y CCOO preparan a Torra la primera huelga general de funcionarios del Govern

El Gobierno catalán se enfrentará a la primera huelga general de sus trabajadores el próximo 12 de diciembre si no cumple sus promesas y se pone las pilas, haciendo gestión de gobierno. Los 250.000 funcionarios pueden paralizar la Administración autonómica por primera vez desde la restauración de la Generalitat si el Ejecutivo que preside Quim Torra no pone sobre la mesa un calendario serio de devolución de las pagas extra de 2013 y 2014, que todavía les deben.

Será la primera gran huelga de la comunidad autónoma realizada contra el Gobierno de la Generalitat (hasta ahora, solo había habido huelgas generales de convocatoria estatal y huelgas sectoriales). Pero a ella se suman un reguero de huelgas sectoriales (justicia, enseñanza, universidades, sanidad…) que denotan la parálisis de la Administración catalana, anclada en el ‘procés’ y en la materialización de la república, pero que no gobierna ni gestiona.

Lo cierto es que mientras que el Govern ficha asesores con salarios de director general (más de 85.000 euros), algo nunca visto en la Administración catalana, regatea las dos pagas extra que la Generalitat recortó a sus empleados con motivo de la crisis económica. En aquel momento, el entonces ‘president’, Artur Mas, prometió que esas pagas serían devueltas al finalizar la crisis. Para más inri, el Parlament aprobó varias resoluciones instando al Govern a devolver esos atrasos. Pero los políticos responsables de la Administración se han olvidado de sus promesas. Y no tienen intención de dar su brazo a torcer, al menos hasta el momento, porque sus prioridades son otras.

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El pasado 31 de octubre, en la mesa de la función pública, la Generalitat se presentó con una propuesta que fue tomada por los sindicatos casi como una ofensa: se comprometía a devolver ese dinero en ocho años Y aunque el año pasado firmó un documento para pagar en 2018 el 10% de la paga extra de 2013, ahora se niega a hacer efectivo el desembolso y pospone esa primera devolución al año que viene. “Esa propuesta era un insulto y una provocación. Si hacemos caso de ello, habrán pasado 13 años para reparar una deuda que contrajo con nosotros el Govern”, asegura a El Confidencial Carles Villalante, secretario de Política Institucional y Programas de la Federación de Servicios Públicos de la UGT.

Joan Maria Sentís, coordinador del Área Pública de CCOO, es de la misma opinión. “Cuando oímos la propuesta, nos levantamos y nos fuimos. Es un insulto muy grande. Casi nos empujan a hacer una huelga”. La situación se calienta más porque Torra y sus 'consellers' siempre sacan a relucir el buen papel de los funcionarios durante la crisis económica y, sobre todo, política de los últimos años. “Estamos hartos de tanto cinismo, de que nos digan lo bien que trabajamos pero no se nos resuelven los problemas”, subraya Sentís.

Y después, profesores, la Justicia, médicos...

Los representantes de los trabajadores critican con dureza el posicionamiento de la Administración autonómica: “De un presupuesto de 38.000 millones, la devolución del 10% de la extra de 2013 en este año hubiese supuesto 53 millones de euros, menos del 1,5%, una nimiedad”, dice Villalante. Y Sentís añade: “Nos deben, en total, unos 1.100 millones, porque cada paga extra son unos 550 millones. Eso es mucho dinero, pero en un presupuesto de 38.000 millones anuales, no es tanto. Además, ese dinero que nos deben deja de cotizar para tener en cuenta a la hora de la jubilación y las pensiones”. “Es una cuestión de prioridades. Gobernar significa asumir responsabilidades y priorizar. Pero, al menos, han de tener un respeto por todo lo que han firmado y por las resoluciones del Parlamento, para las que en otras ocasiones piden absoluto acatamiento. En definitiva, solo queremos que nos devuelvan lo que nos han robado”, zanja Villalante.

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Los sindicatos Ustec, ASPEPC y CGT, por su parte, registraron este miércoles la petición para ir a la huelga en la enseñanza pública catalana el próximo día 29. Reclaman que se vuelva a las condiciones laborales de antes de la crisis, ya que los recortes que la Generalitat prometió que serían transitorios han sido adoptados como consolidados por el actual Govern. Los empleados públicos consideran que se ha hecho un grave deterioro de sus condiciones laborales y reclaman también que la Generalitat destine el 6% del PIB a la educación, como se contempla en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), y no el 2,04% actual. Las universidades, si Torra no lo remedia, también irán a la huelga entre el 25 y el 29 de noviembre.

Los médicos de primaria también han convocado paros entre los días 26 y 30 de noviembre. Y el 19 son los jueces y fiscales los que protestan. Todo un otoño caliente para Quim Torra, cuyas prioridades pasan por otros parámetros antes que los laborales.

A ellas, hay que sumar la de los 7.500 funcionarios de Justicia que dependen de la Administración catalana, huelga que afecta a los médicos forenses, los gestores (antiguos oficiales), los tramitadores (antiguos auxiliares) y los auxilios (antiguos agentes judiciales). Es cierto que la raíz de esta huelga está en las 52 enmiendas que el PP introdujo en el Congreso recientemente y que fuerzan una “movilidad forzosa” de los funcionarios dentro de las demarcaciones o ciudades.

La culpa, “de Madrid”

Todos los dirigentes sindicales coinciden en afirmar que “desde la Generalitat se echa la culpa de todo a la ministra Meritxell Batet, porque no deja subir el techo de déficit, pero esto se arreglaría con voluntad política y priorizando el gasto público. Solo eso. Si no lo hacen es porque no quieren”. Un funcionario con cargo en una consejería subraya que “contrariamente a lo que dicen, la aplicación del 155 no paralizó nada. No influyó en la gestión, solo en el cese de los cargos de confianza, que además cobraban un pastón. Y el Gobierno de Torra, el llegar, paralizó todo lo que se estaba haciendo hasta nombrar de nuevo a sus cargos de confianza. La verdad es que la Administración funcionaba mejor con el 155 que ahora”, detalla David Toribio, coordinador de la Agrupación de Justicia de CCOO.

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El líder del PSC, Miquel Iceta, recordó este miércoles que “aunque es legítimo que Torra defienda una causa política, alguien con responsabilidades de gobierno ha de trabajar para el conjunto de la ciudadanía, abordando los problemas que tienen que ver con el progreso social y económico del país”. Fuentes independentistas cercanas al PDeCAT reconocen a El Confidencial que “hay una inactividad absoluta del Govern” y que “la independencia solo se puede conseguir con mayoría social y la mayoría social, con obra de gobierno, que esta obra de gobierno sea para todos y no dedicarse solo a declaraciones y postureo. El posicionamiento de la cúpula del Govern en estos momentos está más cerca del siglo XIX que del siglo XXI”.

Otra fuente subraya que “Torra habla todo el día de la república. Nos llenan de declaraciones importantes, rimbombantes, que no llevan a ningún lado”. Y un ex alto dirigente de Convergència añade su crítica: “Torra fue muy claro cuando llegó. Dijo: ‘He venido a hacer la república’. O sea, no ha venido a hacer política. No es un político al uso y eso se nota en que no hay gestión de gobierno. Y eso es preocupante”.