Juan Antonio Ramírez Sunyer tenía 71 años

Muere Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez de Barcelona que investigaba el 1-O

Ordenó el registro de varias 'consellerías', donde se encontraron documentos clave sobre el 'procés', y la detención del que fuera número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové

Foto: Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez de Barcelona que investigaba el 1-O. (EFE)
Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez de Barcelona que investigaba el 1-O. (EFE)

El juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha fallecido esta madrugada a los 71 años "como consecuencia de una larga enfermedad", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado. Ramírez Sunyer se encargaba de la investigación de los preparativos del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 y se encontraba en plena instrucción de la causa con unos 40 imputados, labor que ahora tendrá que asumir el nuevo magistrado que ocupe su plaza.

La investigación de Ramírez Sunyer sobre el 1-O comenzó en febrero de 2017, cuando admitió una querella de VOX contra el exsenador de ERC Santi Vidal por haber asegurado el político en distintas charlas que tenía todos los datos fiscales de los catalanes, información que se habría obtenido de manera ilegal. La querella fue además ampliada al presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

Tras ocho meses de pesquisas, el 20 de septiembre de 2017 Ramírez Sunyer ordenó el registro de varias 'consellerías' y la detención del que fuera número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, una operación en la que la Guardia Civil halló un documento que resuta clave para la instrucción del caso en los juzgados: la agenda de Jové, una Moleskine en la que el secretario general de Vicepresidencia del Govern explica los pasos que siguióel bloque independentistas desde febrero de 2015. Según informaron entonces fuentes fiscales a El Confidencial, Ramírez actuó de oficio acordando las entradas, registros, incautaciones de material y detenciones sin que hubiera mediado una solicitud previa del ministerio público para ello, lo que le hizo ganarse la enemistad del bloque independentista.

El pasado diciembre, el juez tuvo que ser ingresado por una dolencia, pero se reincorporó a su puesto el 8 de enero y siguió adelante con su investigación sobre los preparativos del 1-O. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió además el 31 de octubre reforzar de nuevo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ante lo que Ramírez Sunyer pasó a ocuparse en exclusiva de la instrucción de esa causa y el hasta entonces titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Terrassa, Sergi Gustau Casares Zayas, pasó a Barcelona para hacerse cargo de todos los asuntos salvo el de la instrucción que llevaba el juez fallecido este domingo. A falta de que un nuevo magistrado ocupe la plaza de Ramírez Sunyier, todo apunta a que Gustao se hará cargo del caso por el momento.

"La Fiscalía General lamenta el fallecimiento del Magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Su extraordinaria capacidad de trabajo, defensa de la legalidad y el orden constitucional, constituyen un legado para todos los que trabajamos en la Justicia", ha lamentado el ministerio público en un comunicado enviado este domingo a los medios. "El Tribunal Superior de Justicia, en nombre de los magistrados y magistradas, de los jueces y juezas de Cataluña traslada su pésame a la familia y amigos", ha señalado a su vez el TSJC en una nota de prensa.

Más de dos décadas en Cataluña

Condecorado por los Mossos d’Esquadra, Ramírez Sunyer fue promovido a la categoría de magistrado el 17 de mayo de 1994, cuando oficiaba como juez de primera instancia e instrucción en el número 3 de Sant Boi, inmediatamente antes de ser destinado al juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Terrassa. En 1997 fue trasladado a Badalona, y el 24 de octubre de 2000 se le nombró decano de los juzgados de Badalona, donde ejercía como titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5, para pasar luego al número 4 y trasladarse, en el año 2003, al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El 17 de mayo de 2017, el Consejo General del Poder Judicial aprobó además alargar su permanencia en activo hasta la edad de 72 años ante la solicitud del propio magistrado.

Sus más de dos décadas de carrera no han estado exentas de polémicas, destacando en este sentido su investigación sobre el 4 de octubre de 2004, cuando unos desconocidos arrojaron varios cócteles molotov contra la comisaría de Sants, en Barcelona. Tres jóvenes fueron detenidos por ello y dos de ellos ingresaron en prisión por orden del magistrado, que adujo precariedad laboral y desarraigo social, ya que no tenían “ni contrato de trabajo ni domicilio fijo", por lo que había riesgo de fuga o de dificultar la investigación. Un detallado informe de los movimientos alternativos de Barcelona acusaba sin embargo a la Brigada de Información del CNP de presionar al juez y los detenidos fueron finalmente absueltos e indemnizados por el tiempo pasado en prisión.

Más recientemente, el 28 de mayo de 2015, Sergi Rubio, un ‘casteller’ de Sants, se sumó a una cacerolada en protesta por el intento del Ayuntamiento de Barcelona de derribar Can Vies, un centro okupado de aquel barrio. Rubio, auxiliar de enfermería, había fundado la Peña Barcelonista de los Castellers de Barcelona. Le acusaron de quemar un contenedor, pero se cambió posteriormente por otra que decía que había empujado un contenedor contra otro que ya se quemaba. Lo cierto es que el juez Ramírez decretó su ingreso en prisión sin fianza, siendo así el único de los 84 detenidos que pisó la cárcel. Sergi estuvo entre rejas 23 días, hasta que tuvo que salir en libertad porque no había pruebas.

En verano de ese mismo año, el magistrado abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, por un presunto delito de omisión de perseguir delitos, ya que consideraba que al final de la Copa del Rey del 30 de mayo los silbidos al himno nacional podían considerarse injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España. Los había denunciado una asociación que también pidió la imputación del ‘president’ Artur Mas. Ramírez envió la petición relacionada con este último al TSJC, que no abrió diligencias.

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