los soberanistas piden la absolución

Torra califica de "humillación" que la Abogacía del Estado solo descarte la rebelión

El presidente de la Generalitat cree que es "intolerable" e "inaceptable" la decisión de la Abogacía del Estado "para un pueblo que se ha autodeterminado"

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)

"La última de las humillaciones que pretenden vendernos como gestos no son nada sino agravar la posición inicial". Este es el mensaje con el que Quim Torra ha respondido a la decisión de la Abogacía del Estado de descartar el delito de rebelión y pedir condenas por sedición y malversación para los líderes del 'procés', lo que rebajaría varios años la petición de cárcel.

A través de Twitter, Torra ha calificado de "intolerable" lo que PP y Ciudadanos ven como un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez a los soberanistas para lograr a cambio su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Además, cree que la posición de la Abogacía del Estado "es inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado".

De esta manera, Torra rechaza el último 'gesto' por parte del Gobierno de Pedro Sánchez después de que en los últimos meses varios de sus miembros expresaran públicamente sus dudas de que pueda considerarse rebelión lo ocurrido en los meses de septiembre y octubre de 2017 al entender que no se usó la violencia que exige este tipo delito.

Penas más bajas: de 30 a 15 años

Así, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado, renuncia al delito más grave por el que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó a los miembros del Govern de Carles Puigdemont y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es el de rebelión (entre 25 y 30 años de prisión).

Finalmente se ha optado por la sedición que castiga a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". El Código Penal castiga a los autores de este delito con prisión de ocho a 10 años, y con la de 10 a 15 años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondría además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

A esta pena por sedición, habría que sumar la de malversación. Ambos delitos podrían sumar un mínimo de 14 años y un máximo de 27, aunque si los acusados devuelven el dinero malversado la pena se reducirá significativamente.

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