miembros de aquel govern están en prisión o huidos

La maldición de la DUI del 27 de octubre que barrió a la cúpula independentista

Aquel día, la Declaración Unilateral de Independencia que emitió la Generalitat de Cataluña nació muerta. La pretendida 'república catalana' fue neutralizada con la aplicación del artículo 155

Foto: Fotografías de archivo del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. (EFE)
Fotografías de archivo del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. (EFE)

El 27 de octubre de 2017, el Parlament de Cataluña aprobaba, a las 15.29 horas, una resolución por la que se constituía "la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". También disponía "la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República" y anunciaba no solo la "voluntad de abrir negociaciones con el Estado español sin condicionantes previos y en pie de igualdad", sino que instaba a poner en conocimiento "de la comunidad internacional y las autoridades de la UE la constitución de la república catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español".

Cientos de alcaldes de toda Cataluña habían sido convocados por el Govern (apoyado por los partidos soberanistas y las entidades ANC, Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia y Asociación Catalana de Municipios) en la Cámara para dar apoyo a los parlamentarios que se arriesgaban a romper el marco legal y a vulnerar claramente la Constitución, derogando de facto la norma máxima de convivencia.

Era el inicio de una bella amistad: la del 'pueblo catalán' con la 'república'. Hoy, de aquella bonita amistad quedan algunas cenizas y un poso de brasas que algunos se afanan en mantener ardientes. Pero lo cierto es que el 27 de octubre del 2017 no fue un día para tirar cohetes, sino que es el día en que un proceso que nació de una mentira culminó con otra: del 'España nos roba' se llegó a la 'república catalana' de cartón piedra.

Al final de la declaración, aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, tres dirigentes políticos se dirigieron a los alcaldes congregados en la solemne escalinata del Parlament. La primera fue Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona. "Ante la involución del Estado español menospreciando y atacando nuestra soberanía, nuestras instituciones, el mundo municipal no podemos sino comprometernos con el proceso constituyente de una República catalana que se convierta en una oportunidad de transformación social que acaba definitivamente con el caduco régimen del 78", dijo Sabater.

Acto seguido, arengó a los presentes: "¡Alcaldes y alcaldesas!: ¿Os comprometéis en la construcción de la República catalana que se acaba de proclamar?". "¡¡¡Síííií!!!", fue la respuesta de los presentes. "¡Visca la república catalana!", terminó la alcaldesa. Un año más tarde, Sabater ha sido despojada de la vara de alcaldesa de su ciudad y de la "república que se acaba de proclamar" nunca más se supo.

El 'mandato democrático'

El siguiente en tomar la palabra fue Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern. "Estamos convencidos de que nosotros apelamos siempre a valores de carácter universal. Y si me lo permitís, valores universales que el mundo cristiano, por ejemplo, llama el libre albur, la igualdad ante los ojos de Dios o el amor fraterno, y que el mundo republicano expresa bajo el concepto de libertad, libertad, fraternidad (…). Es precisamente porque estos valores son universales y que nosotros actuamos en función de estos valores, que estamos convencidos de que a lo largo y ancho del mundo pueden entender la voluntad de nuestros actos", clamó el líder de ERC.

Luego, señaló que "hoy damos continuidad al mandato democrático del 27 de septiembre del 2015 y del 1 de octubre del 2017, un mandato democrático que nos inspira y que será nuestra guía en la construcción de esta nueva República". La continuidad de ese mandato no pudo ser más desastrosa: Junqueras está en la cárcel y pesan sobre él graves acusaciones que le pueden acarrear muchos quebraderos de cabeza y enormes condenas.

Por último, tomó la palabra el jefe máximo, el 'president' Carles Puigdemont: "Hoy, el Parlamento de nuestro país, un Parlament legítimo, surgido de las elecciones del 27 de septiembre, ha dado un paso largamente esperado y largamente luchado. La inmensa mayoría de los representantes políticos legítimamente escogidos han culminado un mandato validado en las urnas", dijo el mandatario. Y acabó.

Puigdemont está actualmente huido de la justicia española en Bélgica, suspendido de empleo y sueldo por orden judicial, pero manejando los hilos de su grupo parlamentario y con una gran capacidad de maniobra ante el Estado español, ante la justicia y ante sus propios compañeros de partido, el PDeCAT. Su propia deriva política le ha llevado a presentar públicamente, precisamente hoy, en el aniversario de la declaración de independencia, la Crida Nacional, una plataforma desde la que oteará las condiciones necesarias para convertirla en el partido político independentista que agrupe a la derecha catalana nacionalista.

Hubo más protagonistas de aquella jornada. Carme Forcadell, la presidenta del Parlament que permitió la votación (consciente de que vulneraba la Constitución) y que leyó la resolución ante la cámara (los independentistas de corazón siempre han echado en cara a Puigdemont que no se atreviese a leerla él en persona) también padece prisión por haberse sumado al quebrantamiento de las leyes desde la cámara legislativa.

Carmen Forcadell. (EFE)
Carmen Forcadell. (EFE)

El hábito no hace al monje

Marta Rovira, secretaria general de ERC, defendió con uñas y dientes la resolución. "Nosotros, la independencia no la queremos imponer a nadie", aseguró en la cámara. Se escudó en que tenía un mandato de las urnas y que el 1 de octubre lo había vuelto a someter a las mismas. "Nunca nuestra opción política, nunca, ha de estar por encima de la misma democracia", subrayó. Claro que ese concepto de 'democracia' no debe de tener nada que ver con la ley.

Rovira advirtió que vendrían tiempos difíciles y que la culpa era del Estado, por no haber sabido adaptarse a los tiempos modernos. Tenía razón. Vinieron tiempos difíciles. Ella hizo la maleta y emigró a Suiza en marzo pasado, un día antes de que tuviese que declarar ante el Supremo. De hecho, no había peligro de que se dictase contra ella ninguna medida excepcional, pero el miedo pudo más que la razón y escapó a Suiza declarándose 'exiliada'. Como si se hubiese declarado cooperante. El hábito no hace al monje.

No se convocaron las elecciones que los independentistas querían, sino que fueron convocadas por el presidente Mariano Rajoy

El Gobierno autonómico en pleno, que asistió a la sesión como encarnación del nuevo poder, acabó disgregado: algunos de sus miembros están en prisión y otros, huidos en Bélgica o en Escocia. Lo cierto es que los nuevos 'padres de la patria' vendieron al pueblo catalán una ínsula de Barataria. Una República que no existía. Era todo humo. A pesar de las promesas y de la solemnidad que el independentismo siempre quiso imprimir a sus actos, jamás hubo estructuras de Estado para sustentarla. Ni siquiera había fuerza moral para sostener la proclamación de la independencia. Por eso se dejó morir la llama de la 'bonita amistad' y en su lugar surgió la 'maldición de la República': como si se hubiese profanado la tumba de Tutankamón, todos los que lideraron de alguna manera el 'procés' aquellos aciagos días o fueron encarcelados o huyeron. En lenguaje independentista: o fueron hechos prisioneros o se marcharon al exilio. Y ahora no hay República, ni Proceso Constituyente, ni Ley de Transitoriedad. Solo hay una fractura mucho mayor en la sociedad catalana.

La incapacidad manifiesta

Hay otro dato: la segunda parte de la resolución instaba al Govern a culminar la constitución de la República por parte del Parlament "constituido en Asamblea Constituyente", "constituir en el plazo de 15 días el Consejo Asesor del Proceso Constituyente" y "convocar, difundir y ejecutar la fase decisoria del Proceso Constituyente recogiendo las propuestas sistematizadas en el Foro Social Constituyente, sometiéndolas a consulta ciudadana". Por último, abogaba por convocar unas "elecciones constituyentes". Todas estas acciones deberían ser tuteladas por una comisión parlamentaria de seguimiento que velase para que nadie se saliese del guion.

Un año más tarde, podemos afirmar que el Parlamento no se transformó en Asamblea Constituyente ni se convocaron las elecciones que los independentistas querían, sino que fueron convocadas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre por parte del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy. (EFE)
El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy. (EFE)

Esta semana, en cambio, se dieron los últimos pasos para la creación del Foro Cívico y Social que presidirá Lluís Llach y que se ha querido hacer muy transversal: cuenta entre sus miembros con los excomunes Albano Dante-Fachín (expulsado de Podemos) y Àngels Martínez (la diputada que retiró las banderas españolas de los escaños del PP), la exdirigente de las juventudes del PSOE (y que transitó por parcelas tan diversas como UPyD o Ciudadanos) Beatriz Talegón, o los exdiputados de la CUP Gabriela Serra y Antonio Baños. Todo muy transversal… independentistamente transversal. Como si en Cataluña no hubiese ningún constitucionalista demócrata.

Cualquier parecido con la pluralidad de la sociedad catalana es pura coincidencia. Esa incapacidad de sumar al constitucionalismo al 'procés' es la única lección que, a un año vista, se puede sacar de la estrategia del independentismo, cada día más radical y encerrado en su palacio de cristal. Pero también es verdad que el asombroso Foro de Llach es el único rescoldo que se ha avivado desde el 27 de octubre de 2017. Al menos, de momento.

Cataluña

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