"Los independentistas saben que si tumban al Rey, tumban España y la Constitución"

Los romanos diferenciaban entre el poder político, la ‘potestas’, y el poder moral, la ‘auctoritas’, que era un reconocimiento a la persona, no al cargo, por su sabiduría, por su prestigio. En Manuel Aragón Reyes (Benamejí, Córdoba, 1944) es el poder moral, la autoridad, la que se reconoce y por la que se le identifica en cuanto comienza a hablar con ese acento cordobés que no ha perdido. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, es de esos jueces que se vanaglorian de no conceder entrevistas, salvo en contadas y razonadas excepciones como esta de El Confidencial, porque solo entienden la judicatura si es discreta, recta y paciente.

En un momento de la historia reciente de España, el voto inesperado de Manuel Aragón, al salirse de la ‘mayoría progresista’ a la que se le adscribía, fue el que volcó al Tribunal Constitucional a favor de declarar inconstitucionales una veintena de artículos del Estatut de Cataluña. Aquella sentencia tuvo como contestación inmediata la convocatoria de una manifestación de protesta, organizada por el mismo presidente de la Generalitat, José Montilla, que también nació en Córdoba, en Iznájar, a pocos kilómetros de donde nació Manuel Aragón. Tras aquella manifestación, vino todo lo demás, años de tensión progresiva que llegan hasta el otoño pasado, la mayor crisis institucional de la democracia española por el intento de independencia de Cataluña. Reparar en que en el origen de todo había dos cordobeses es entender la esencia milenaria de España.

Aunque se repita mucho lo contrario, la sentencia del Estatut fue moderada y muy deferente con lo que se había aprobado

PREGUNTA. Seguro que se lo han preguntado mil veces: Sin su voto, ¿habría pasado todo lo que ha pasado?, ¿habría menos independentistas en Cataluña?, ¿tiene ese remordimiento?

RESPUESTA. Remordimiento, ninguno, en absoluto. Todo lo contrario, estoy satisfecho de haber contribuido a que el Tribunal Constitucional, en el asunto más grave que se le ha presentado, dictara una buena sentencia sobre el Estatut, unánime en la fundamentación jurídica y solo mayoritaria en el fallo. Se anularon 19 preceptos y se arreglaron una treintena mediante interpretación conforme. Es decir, que aunque se repita mucho lo contrario, aquella sentencia fue moderada y muy deferente con el Estatuto que se había aprobado. Además, a pesar de aquella manifestación poco edificante que convocó el presidente de la Generalitat, algo impropio de un cargo institucional, el independentismo no viene de la sentencia. Tampoco fue la espoleta de nada, porque se desborda a partir de 2012 y, sobre todo, a partir del pseudo referéndum fallido de 2014.

El error no estuvo en la sentencia, no, el error estuvo en la aprobación de un Estatuto que sobrepasaba la Constitución, y en que la clase política se olvidó de algo fundamental, el consenso al que estaba obligada para seguir avanzando en aquello que la Constitución no había dejado totalmente cerrado: el modelo de Estado. Los primeros estatutos de los años ochenta se hicieron por consenso; las reformas estatutarias de la segunda mitad de los noventa se hicieron por consenso… Ese consenso se rompió en el Estatuto de Cataluña, ese fue el gran error: nunca debió aprobarse así el Estatuto de Cataluña.

P. Lo que se repite mucho es que el error fue del PP, que nunca debió llevar el Estatut al Constitucional.

R. Para empezar, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, socialista, impugnó casi tantos preceptos como el PP. Es decir, que no era cosa de uno solo. Pero es que, además, ¿qué se está queriendo decir con eso, que es mejor que esté en vigor un Estatuto que es inconstitucional? No, no, nada de eso se sostiene…

P. Muchos años después, en el otoño de 2017, estalla la ‘rebelión’ del independentismo. No sé si el término rebelión lo verá usted así, pero en cualquier caso en España se tambaleó el Estado de derecho.

R. Sí, rebelión, sí, una rebelión… Hablamos en términos coloquiales, claro, desde el punto de vista penal ya lo determinará la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, coloquialmente, pues claro que fue un levantamiento contra el orden constitucional, un golpe a la Constitución promovido desde las propias instituciones del Estado. Eso es muy grave, muy grave. Por eso estoy de acuerdo con usted, en aquellos momentos muchos españoles, entre los que me encuentro, y muchos amigos míos, tuvimos la sensación de que en España esos días parece que teníamos una especie de Estado fallido. Había un enorme vacío de poder y la batalla de la opinión pública interna e internacional la estaban ganando los que se levantaron contra el Estado constitucional. Por eso fue extraordinariamente importante la intervención del Rey con un discurso perfecto, medido, con las palabras precisas y el tono adecuado. Magnífico. A partir de ese discurso, muchos españoles respiramos: "Menos mal, el Estado sigue estando ahí, la Constitución sigue ahí".

P. Esa admiración que se le profesa al Rey por el discurso tras el referéndum del 1 de octubre es directamente proporcional a la aversión creciente que genera entre el independentismo catalán…

R. Pues claro, porque saben que si tumban al Rey, tumban España y la Constitución. Por eso lo atacan. Así de claro. Con lo cual, estos momentos que vivimos son momentos de defender la Constitución y al Rey.

P.- En alguna ocasión, le he oído decir que en España se descarga la defensa del Estado de derecho en los jueces y fiscales. No sé si lo que ocurre con la prisión preventiva de los independentistas es un ejemplo de eso...

R. Cuando se produce una vulneración del Estado de derecho, todo poder público, y sobre todo el Ministerio Fiscal, tiene la obligación de acudir a los tribunales para restituir aquello que se piensa que se ha conculcado. Es lo que ha ocurrido en este caso y, en mi opinión, los jueces están cumpliendo perfectamente con su labor. Y si nos referimos al juez Llarena, le diré que me parece impecable. Es la actuación debida: los jueces que llevan esos asuntos, no solo en el Supremo, hacen lo que deben, no están haciendo política.

P. Por eso le mencionaba el debate político sobre la prisión preventiva, como si la decisión de los jueces fuera la que impide que se solucione el conflicto. ¿No le parece que eso es una frivolidad, una falta de respeto al poder judicial?

R. ¡Pues claro que es una frivolidad! Volvemos a lo de antes. El Estado de derecho se defiende a través de los tribunales de Justicia, pero también se tiene que defender desde la política, con el discurso político, con la defensa de los valores democráticos, de las instituciones, de los principios constitucionales. La política tiene que defenderlo, y mi impresión es que en España se ha descuidado mucho; la política española ha fallado mucho en la defensa de esos valores. Demasiadas veces se ha dejado libre el campo de la opinión pública a los enemigos del Estado Constitucional. Esa misma crítica se podría ampliar, incluso, al debate intelectual. Hace poco estuve en Roma, porque el 70 aniversario de la Constitución de Italia coincide con el 40 aniversario de la Constitución española, y Giuliano Amato, que es amigo, me decía: “Los españoles hicisteis una transición política fantástica… Lo único que no entendemos es cómo se critica tanto dentro de España si es lo mejor que habéis hecho en vuestra historia contemporánea”. Pues es así.

"Cuando se critica la prisión preventiva de los independentistas, se actúa con mucha frivolidad. La actuación de Llarena es impecable"

P. Por su experiencia, ¿es normal en otros países el debate casi permanente que se produce en España para reformar la Constitución?

R. Vamos a ver, la reforma de una Constitución es un procedimiento normal siempre que se parta de un presupuesto: se reforma una Constitución para mantenerla, no para destruirla. Los alemanes, desde 1949, han reformado la suya más de 40 veces. No hay que tenerle miedo a eso. Pero insisto: reformar para actualizar, para revitalizar, no para destruir. Y siempre con un consenso amplio, esto no se hace por mayorías ni puede responder a las banderas de un solo partido. Con esos condicionantes, pues claro que la Constitución española se puede mejorar, naturalmente que sí. Por ejemplo, en la clarificación de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. O en lo concerniente a la financiación autonómica. Todo eso se puede reformar, y sería conveniente hacerlo, pero, desde luego, no en este momento. En las actuales circunstancias políticas, con un Gobierno que está apoyado por quienes quieren destruir la Constitución y quienes quieren salirse de ella, iniciar una reforma constitucional sería un suicidio.

P. Es decir, que quienes pretenden que en la reforma de la Constitución se incluya el ‘derecho de autodeterminación’…

R. Es imposible, claro. Ni en nuestra Constitución ni en ninguna otra, porque en el momento en que se introduzca el derecho de autodeterminación, deja de ser una Constitución como tal. Sería un tratado internacional o como se quiera llamar, pero ya no podría considerarse una Constitución, porque se habría cargado lo fundamental, el concepto de la unidad de la soberanía, que es concreto, no es difuso, ni puede estar en riesgo permanente porque alguien quiera romperlo. Quiero decir que movimientos secesionistas en la historia hay muchos, normalmente violentos, pero, desde el punto de vista jurídico, incluir el derecho de autodeterminación en una Constitución es, simplemente, introducir en ella el principio de su propia destrucción.

P. Como ciudadano español, y como magistrado emérito del Constitucional, ¿se ha sentido ofendido por las decisiones judiciales en Europa sobre la revuelta independentista?

R. Pues sí. La negativa del tribunal de Schleswig-Holstein para atender la euroorden dictada en España fue una decisión gravemente errónea. Se convirtió en un tribunal juzgador y eso nunca puede pasar. A partir de ahí, que luego haya un tribunal belga que admita una querella de Puigdemont contra el juez Llarena, en fin, es asombroso. De risa, no se tiene en pie. De momento, rompe todos los principios del derecho procesal porque, en todo caso, la jurisdicción competente para juzgar a Llarena sería la española, no la belga. En fin, ya le digo, parece que todo es de broma. Con lo cual, como no es así, lo que se pone de manifiesto es que nos tienen muy poco respeto. Eso no se lo hacen a Alemania o a Francia, pero a España le han faltado al respeto. Sin embargo, el Gobierno, que tendría que haber reaccionado, por la vía diplomática o por cualquier otra, no lo ha hecho. Lo ocurrido no se puede tolerar.

¿Qué es eso de hablar de España como si fuese Uganda? ¿Pero qué me está usted diciendo, si tenemos un Estado más garantista que el alemán, que ya es decir, y mucho más garantista que el belga? Y las prisiones españolas, que también las han cuestionado, son hoteles de cinco estrellas comparadas con las cárceles belgas. ¿Qué me está diciendo, qué broma macabra es esta, si el ordenamiento constitucional español es, por lo menos, tan intachable como el que más? España no puede permitir, como miembro de la Unión Europea, que un rebelde a la Justicia encuentre respaldo y apoyo de otros países miembros para seguir con su propaganda contra el Estado español. Repito, lo que le están haciendo a España no se lo hacen a Alemania o a Francia.

P. A lo mejor eso ocurre también porque dentro de la propia España no se prestigia a la Justicia. Prestigio institucional y prestigio material, con la dignificación de los medios y recursos con los que cuentan jueces y fiscales. Y lo peor es que parece que todo eso ha ocurrido con la connivencia del Consejo General del Poder Judicial.

R. El sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial propicia que exista una apariencia de imparcialidad. Estoy convencido de que tanto ellos como quienes van al Tribunal Supremo o a las Audiencias son jueces de prestigio que, en su inmensa mayoría, no se dejan presionar ni condicionar por una determinada ideología. Pero la apariencia de imparcialidad está ahí, con lo cual se trata de un modelo de elección fallido para el Consejo General del Poder Judicial y hay que cambiarlo. Y es verdad, además, que existe bastante precariedad de medios y de recursos.

P. Le cito otro ejemplo de apariencia: las puertas giratorias en la judicatura.

R. Eso siempre lo he tenido claro: el que se pasa de la judicatura a la política no debería volver. Y me refiero sobre todo a los jueces, no diría yo tanto de los fiscales, porque los fiscales no juzgan; en esos casos quizás habría que establecer un proceso de ‘descompresión’, digamos. Son cosas que se deberían mejorar en el sistema judicial español, como todo lo relacionado con las filtraciones de un proceso judicial, tan habituales a pesar de que pueden constituir un delito de revelación de secreto. Eso, además de cómo influye en la presunción de inocencia, que también está muy debilitada en España por los medios de comunicación y la pena de banquillo.

Los líderes actúan como si tuviésemos un régimen presidencialista, pero no es así, y generan una peligrosa inestabilidad

P. ¿Qué impresión le causan las noticias de estos días, en este Gobierno con tantos ministros que han sido fiscales o jueces, y se les relaciona con eso que llamamos 'las cloacas del Estado'?

R. La impresión que tengo es que los jueces deben extremar al máximo la ejemplaridad de su comportamiento. En lo profesional, un juez debe hablar solo mediante providencias, autos y sentencias, y en su vida privada, no debe tener determinadas amistades inconvenientes. Podríamos entender que en todos los países existan eso que llamamos ‘cloacas’ dentro de los servicios de inteligencia, pero que haya jueces y fiscales que se relacionen con las cloacas, no es admisible. Lo digo de forma general, no me refiero a nadie en concreto. De todas formas, a mí me gustaría decirle algo más, que no tiene que ver con la Justicia…

P. Vaya, eso es fallo mío. No imaginaba que hubiera un asunto que le preocupase más que los que hemos hablado…

R. No es que me preocupe más, pero también me preocupa la delicada situación del parlamentarismo en España. Los líderes políticos en España no son conscientes de lo que significa un régimen parlamentario y las consecuencias que ese olvido puede tener. Las mayorías absolutas de los primeros años de la democracia parece que los han acostumbrado a un sistema sesgadamente presidencialista, pero eso se ha fracturado a partir de 2015. La inestabilidad que se ha instalado en España desde entonces es un grave inconveniente para un régimen parlamentario. La historia nos demuestra que cuando eso sucede, cuando los líderes políticos no ejercen adecuadamente su responsabilidad de llegar a acuerdos amplios en un sistema parlamentario, se le abre la puerta al populismo o a algo peor, porque la política pierde toda credibilidad. Eso ocurrió en Alemania en la República de Weimar, que les condujo a Hitler, y por eso han aprendido y son capaces de alcanzar grandes acuerdos de gobierno.

Un sistema parlamentario necesita de pactos, de mayorías estables en el Parlamento, y un Gobierno que gobierne. No puede suceder, como está ocurriendo en España, que se apoye a presidentes pero no a programas de Gobierno, como pasó con Rajoy y, más todavía, con Pedro Sánchez, porque el nuestro no es un régimen presidencialista, de manera que una falta de mayoría suficiente en la cámara para gobernar lo que genera solo es inestabilidad o en todo caso ingobernabilidad. Una peligrosa situación para un régimen parlamentario, y en España incluso para la misma democracia, pues parlamentarismo y monarquía están unidos en nuestro sistema, que tiene como clave de bóveda del edificio constitucional precisamente la monarquía parlamentaria.