NO PERMITÍA A JÓVENES DE SCC REALIZAR ACTOS EN EL CAMPUS

El TSJC sentencia que la Autónoma de Barcelona discrimina a los no 'indepes'

En junio del 2017, la UAB decidió prescindir de Joves de SCC alegando que era un colectivo “inactivo” y no tenía actualizados sus datos.

Foto: Pintada en la Universidad de Barcelona
Pintada en la Universidad de Barcelona

Ya es un hecho: la Universidad Autónoma de Barcelona discrimina a los jóvenes que no comulgan con las tesis independentistas. Así lo sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un fallo histórico en el que da un revolcón a una institución cuya errática trayectoria no deja de ser preocupante.

La sentencia es consecuencia de una denuncia interpuesta por el colectivo de Joves de Sociedad Civil Catalana ( Joves SCC), que fueron expulsados del directorio de entidades por la rectora, Margarita Arboix, y, de esta manera, se les vetaba para que pudiesen realizar actividades en el campus. A ese veto, se sumaba el constante acoso de los independentistas, que les agredían y destrozaban sus carpas cada vez que el colectivo intentaba realizar actos como los restantes grupos.

En junio del 2017, la UAB decidió prescindir de Joves de SCC alegando que era un colectivo “inactivo” y no tenía actualizados sus datos. Además, aducía que no disponía de programación que garantizaba la actividad durante todo el curso académico y les acusaba de dañar la imagen de la institución porque había criticado alunas decisiones de la Universidad.

Quema de bandera española en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Quema de bandera española en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El colectivo, por su parte, acusa la dirección de la UAB de discriminación y de no defenderlos ante el continuo acoso de los radicales independentistas. La campaña de acoso y ataque de colectivos próximos al independentismo (fundamentalmente la autodenominada Plataforma Antifeixista UAB) que ha venido padeciendo desde su fundación y presentación pública en el campus no ha merecido una condena firme por parte del equipo rectoral de la UAB, acusan.

En las campañas de acoso a los jóvenes de SCC participaron incluso integrantes del colectivo Desperdicis, un grupo filonazi separatista que durante una década se dedicó a ‘cazar’ antiindependentistas y que agredió a jóvenes de Barcelona con la Selección (ver noticia: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-03-21/matones-independentistas-barcelona_1351603/). Por si fuera poco, acusan a la UAB de que su posicionamiento respecto del ‘procés’ “vulnera el principio de neutralidad institucional”.

Cuatro delitos

Según la sentencia del TSJC, la decisión de la rectora de la UAB “ha vulnerado sus derechos [los de Joves SCC) fundamentales de no discriminación por razón de opinión, el derecho a la libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación, obligando a la institución a inscribir al colectivo en su directorio, con lo que los jóvenes antiindependentistas ya podrán realizar actividades dentro del campus, como el resto de plataformas de estudiantes. También impone las costas a la Universidad.

En sus fundamentos jurídicos, el fallo destroza las alegaciones de la UAB, al presentarse pruebas de la intensa actividad del colectivo que la rectora había pasado por alto o negaba abiertamente: resulta que sí tenía actividad. Y mucha. Por ejemplo, en noviembre del pasado año, cuando ya habían sido eliminados del directorio y tenían prohibido realizar actividades, pidieron permiso para instalar una pantalla exterior para la realización de un acto público, pidieron que se limpiasen las pintadas ofensivas contra Joves SCC y se posicionaron sobre el papel de la institución “en una huelga violenta de estudiantes de la UAB”.

El fallo destroza las alegaciones de la UAB, al presentarse pruebas de la intensa actividad del colectivo que la rectora había pasado por alto

Asimismo, la sentencia recoge que en febrero pasado, los servicios jurídicos de la Universidad pidieron a los técnicos un informe en el que se hacía constar que, además de los puntos que se exigían para formar parte del directorio, se les debía exigir a estos jóvenes “un punto más en la entrevista estándar relativo a la falta de respeto institucional, atendiendo a la difusión de información falsa sobre la Universidad que no se ajusta a la realidad y que la entidad ha mostrado en los últimos meses en las redes sociales de la entidad. Por parte del colectivo, se reconoció como una estrategia comunicativa de enfrentamiento con la institución, que consideraban positiva”.

Por si fuera poco, tiene en cuenta las tesis de la Fiscalía, que argumentaba que “resultad imposible no vincular la expulsión del directorio con el posicionamiento de Joves SCC contra las tesis independentistas y la actitud contemporizadora del gobierno de la Universidad con ellas, máxime cuando los requisitos que les exigen no están previstos para la inscripción de colectivos”. Esto es así porque de los cuatro motivos que la UAB aducía para negarles la inscripción en el directorio sólo el primero de ellos era correcto: los demás eran pura invención.

El fiscal denunciaba también que la plataforma antiindependentista no pudo llevar a cabo muchas de sus actividades “por todos los boicots"

El fiscal denunciaba también que la plataforma antiindependentista no pudo llevar a cabo muchas de sus actividades “por todos los boicots que sufrieron las carpas instaladas por el colectivo en los distintos actos en la Universidad o por no ser autorizados para realizar estas actividades, con las correspondientes quejas presentadas por el colectivo a la rectora”. Y si eso fuera poco, se acusa a la rectora de que “la programación también ha sido utilizada para fiscalizar las actividades del colectivo” y “se han añadido requisitos que no son exigidos al resto de colectivos inscritos en el directorio”. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalanas (SEPC), “de claro perfil independentista, que no ha visto nunca limitada su actuación en ningún momento ni mermadas sus facultades de comunicación con todo tipo de actos”. La sentencia del TSJC enmienda, en parte, todo ese cúmulo de despropósitos.

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