Torra no pedirá a los seis procesados por rebelión que entreguen su acta de diputado

Quim Torra no hará caso al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y no pedirá a ninguno de los seis diputados suspendidos de cargo público su acta de diputado porque "ataca directamente a la soberanía del Parlament". “La respuesta la dará el Parlament, que es el que debe defender su soberanía", ha dicho desde Escocia, donde se ha reunido con la 'exconsellera' huida de la Justicia, Clara Ponsatí, antes de su encuentro esta tarde con la ministra principal escocesa Nicola Sturgeon. También ha denunciado que la separación de poderes en España "es un mito".

La suspensión de cargo público dictada este martes por el magistrado Llarena contra Carles Puigdemont y otros cinco diputados del Parlament no equivale a la pérdida del acta, pero sí a la imposibilidad de ejercer las funciones públicas aparejadas a su cargo, como participar en las votaciones de iniciativas parlamentarias o futuras investiduras. Y ahí sí que tienen los soberanistas un problema, ya que su suspensión compromete la mayoría independentista que tienen ahora en el Parlament.

JxCAT, ERC y la CUP sumaron entre los tres 70 diputados en las elecciones del 21-D, de los que actualmente disponen de 69, ya que el diputado de ERC Toni Comín reside en Bélgica y renunció a mantener su delegación de voto, por lo que no vota en los plenos. La mayoría absoluta del Parlament está fijada en 68 parlamentarios, por lo que si los seis suspendidos no renuncian al acta o no aceptan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas -como plantea el juez Llarena-, la mayoría independentista quedaría en 63 y sería superada por los grupos contrarios a la independencia, que tienen 65 escaños -Ciudadanos, PSC, 'comuns' y PP-.

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Sus sueldos, entre 5.757 y 2.871 euros

De renunciar a su acta, algo que po ahora no contemplan, también quedará comprometida su capacidad económica mientras están en el exilio o en prisión. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dejará de cobrar los 2.871,57 euros que percibe al mes un diputado del Parlament de Cataluña, misma cantidad que perderán otros cuatro diputados: Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Oriol Junqueras, todos ellos encarcelados en la prisión catalana de Lledoners. Sin embargo, el más perjudicado será el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, que además de cobrar el sueldo base de diputado cobra un complemento como presidente del grupo parlamentario Junts Per Catalunya que, según el Régimen Económico de los diputados del Parlament, asciende a 2.885,80 euros. En total al mes Sànchez ingresa 5.757,37 euros.

Desde JxCAT, ERC y la CUP rechazan de manera tajante la suspensión de los diputados y han exigido llevar esa decisión a un pleno del Parlament que aún no tiene fecha para decidir el futuro de los seis políticos soberanistas. De hecho, JxCAT pretende construir un frente común para oponerse a la decisión del magistrado Pablo Llarena que incluya no solo al resto de formaciones soberanistas sino también al PSC y a Catalunya En Comú Podem, tal y como ha confirmado su portavoz adjunta Gemma Geis. "No podemos aceptar que nuestros compañeros sean suspendidos por unos delitos que no han cometido. Los tribunales nos darán la razón", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

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Cs y PP creen que la suspensión es inmediata

Los soberanistas de JxCAT y la CUP se aferran al artículo 25 del reglamento del Parlament que establece que los diputados de la Cámara catalana "pueden ser suspendidos si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Parlament lo acuerda por mayoría absoluta". En el texto no se hace referencia alguna a cómo anular una suspensión dictada por un juez y apuestan por hacer su propia interpretación, para lo que deben convencer al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que dé luz verde a esta estrategia que no convence a ERC, que prefiere esperar a que la Mesa del Parlament se reúna este jueves a las 10:00 horas.

Desde el PSC prefieren esperar a la reunión de la Mesa y al informe jurídico que han solicitado a los letrados de la Cámara mientras que 'los comunes' abren la puerta a que esta cuestión se debata en un Pleno. Por su parte, Ciudadanos y Partido Popular consideran que la suspensión dictada por Llarena es automática y se acogen al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que explicita que un cargo público quedará "automáticamente suspendido en ejercicio del mismo" cuando sea firme un auto de procesamiento por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.

La amenaza de la CUP: "Hay que decir basta"

La CUP no solo ha exigido al Govern que no acate la decisión del Tribunal Supremo relativa a la suspensión de los seis diputados, también que deja a un lado su estrategia de "diálogo autonómico" para centrarse "en la defensa del derecho de autodeterminación". Si no lo hacen, avisa, la CUP "actuará en consecuencia".

En declaraciones a TV3, Riera cree que desde que el independentismo decidió no tirar adelante en la implementación de la declaración de independencia del 27-O, "no hemos dejado de ir para atrás", por lo que ha alertado a JxCAT y a ERC a "aprender la lección" antes de que sea demasiado tarde. "Si queremos emprender un camino de libertad y democracia la única solución es tirar para adelante", ha apuntado antes de insistir en que "si no queremos seguir bajando la cabeza ha llegado el momento de decir basta". Considera, además, que "la época de símbolos ya ha acabado" y que ahora "toca materializar la república".