la deuda de la generalitat con barcelona

El 'president' Torra dribla a Colau y no le concreta ninguna medida sobre Barcelona

Ada Colau se ‘rinde’ ante Torra y se suma a su frente aprovechando que ahora gobierna el PSOE, pero no logra ningún compromismo para el pago de la deuda

Foto: Ada Colau y Quim Torra. (EFE)
Ada Colau y Quim Torra. (EFE)

Todos esperaban que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le lanzaría al presidente de la Generalitat, Quim Torra, una frase mítica: “¿Qué hay de lo mío?”. Es decir, que cuando se viesen por primera vez, Colau le reclamase al ‘president’ lo que el Govern debe a la capital catalana. Según los propios números del consistorio, el total de la deuda suma en estos momentos 44,54 millones de euros, a los que hay que sumar 41,8 millones de la financiación de guarderías, algunas partidas de deuda no reconocida y lo que el Govern ha dejado de aportar a los consorcios mixtos de los que ambas instituciones forman parte pero que son gestionadas por los munícipes.

La deuda oculta, sin embargo, es mucho mayor. Los socialistas aumentan la cifra hasta más de 106 millones, a falta de cuantificar algunas partidas. Pero el PP la sitúa en 222,8 millones de euros, ya que a los 44,5 millones suma 132,9 millones (con partidas como 34 millones de euros inyectados en el Hospital del Mar, 25 millones a Spanair o 45 millones de la dación en pago de 3 edificios cedidos a la Generalitat), además de otros 45,4 millones de “derechos pendientes de reconocimiento por el Gobierno municipal (Imeb, discapacitados, servicios sociales, bibliotecas)”. Los populares son los que mejor tienen fiscalizada la deuda del Govern con el consistorio.

Colau: "Se ha de poder regularizar la relación entre Cataluña y Estado y eso nos lleva a alguna clase de referéndum"

Pero pocas de estas cuestiones sobrevolaron la esperada reunión entre la alcaldesa de la capital y el ‘president’. Colau, por el contrario, se alineó con Torra asumiendo las críticas de este al Estado español y apostando por una nueva etapa aprovechando el cambio de Gobierno en Madrid. “La organización autonómica está agotada y se ha de avanzar en determinadas fórmulas posibles. Se ha de poder regularizar la relación entre Cataluña y Estado y eso nos lleva a alguna clase de referéndum”, admitió la alcaldesa tras el encuentro.

Colau advirtió que “no hemos entrado mucho al detalle, pero hemos hecho una valoración política porque el momento lo requiere. Y hemos compartido opiniones y valoraciones iniciales”.

Entre esas opiniones destaca la exigencia de la libertad de los presos y el retorno de los ‘exiliados’. “Esas personas han de estar en libertad porque lo dice Amnistía Internacional y lo insinúa la justicia europea. Todos reclamamos la libertad. Pero mientras no se produzca, hemos pedido al Gobierno del Estado, por razones humanitarias, el acercamiento inmediato. El objetivo final es la libertad, no el acercamiento, porque así se deja de maltratar a las personas afectadas y a sus familias”, aseguró la alcaldesa.

El peso político de la reunión, pues, dejó en un segundo plano los urgentes problemas económicos de Barcelona y la histórica reivindicación de las partidas que la Generalitat debe a la capital. “Hemos llegado a consensos mínimos: debemos acabar con la judicialización y que todos hagan máximo esfuerzo. Pero el diálogo ha de ser también entre fuerzas catalanas para demostrar que todos son capaces de ceder en sus posicionamientos de máximos”, subrayó la edil.

La metedura de pata

Colau también volvió a meter la pata hasta el fondo. De manera similar a otras ‘cantadas’, como cuando calificó al almirante Cervera de ‘facha’ (para justificar que le cambiaba el nombre de la calle de este almirante para dedicársela a Pepe Rubianes), en esta ocasión le tocó el turno al Diplocat, el organismo creado por Artur Mas para dirigir la campaña internacional del ‘procés’. Colau dijo que el Diplocat “viene de una larga historia de la diplomacia de Barcelona y de Cataluña”, dejando caer que ya funcionaba “en el momento en que se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona”, es decir, en 1992. “El Diplocat forma parte de la normalidad, no se creó para los acontecimientos de los últimos años”, afirmó.

Pero la hemeroteca es cruel con los indocumentados: el Diplocat fue un instrumento creado en 2012 en forma de consorcio, aunque sí es cierto que con anterioridad ya funcionaba el Patronat Catalunya Món (a su vez, heredero de otro órgano mucho más primitivo que era el Patronat Català Pro Europa), un consorcio dedicado a la proyección internacional de Cataluña, pero con un cometido mucho menos politizado. Su nuevo cometido de organismo de la diplomacia catalana no llegó hasta su creación oficial en noviembre del 2012, justamente días antes de las elecciones que Mas había convocado y en las que, por primera vez, reclamaba la independencia. De esa manera, el Diplocat se convertiría a partir de su creación en una de las ‘estructuras de Estado’ con las que llevar adelante el ‘procés’.

La alcaldesa cerró también filas con Torra para defender la reactivación de las leyes suspendidas por el Constitucional, como “la ley del derecho a la vivienda, la de universalización de la asistencia sanitaria o la del cambio climático”. Para Colau, su Ayuntamiento ha cumplido en la defensa de las libertades y de los presos y subrayó que incluso había colocado lazos amarillos en su fachada. “El Ayuntamiento también ha estado implicado jurídicamente en la defensa de la libertad de expresión”, añadió.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, le agradeció su palabra, pero fue más allá: “Agradecemos a la alcaldesa su apoyo, pero nosotros le transmitimos que no solo es precisa la defensa de las leyes sociales, sino la defensa del Parlament. Por eso, le reiteramos la petición que ya le hizo el ‘president’ Torra al socialista Miquel Iceta y a Xavier Domènech: las leyes sociales son prioritarias. Y les agradecemos la colaboración de los comunes y de la alcaldesa, así como la posición de Iceta, pero no nos debemos cerrar a estas leyes, sino que cuando el TC invada competencias del Parlament, encontremos la complicidad de estas fuerzas políticas”.

Mucha foto y poco compromiso

En resumidas cuentas, más allá del posicionamiento político, Colau solo arrancó de su interlocutor algunos ademanes fotogénicos, como el compromiso de que sea el propio Torra el que presida una sesión extraordinaria del Consorcio de la Vivienda. “La Generalitat ya hizo un esfuerzo muy importante en materia de vivienda en los últimos años”, dijo luego Artadi. Y cuando Colau quiso que la Generalitat desconvocase la subasta de 13 inmuebles provenientes de herencias intestadas porque los necesita para vivienda social, Artadi se limitó a subrayar que, con la subasta, “se actúa de manera correcta”.

Nuevo revés a Colau. No obstante, se reactivará la comisión bilateral de ambas instituciones que ya existía durante la anterior legislatura, aunque la portavoz del Govern situó esa comisión en el contexto de la relación del Govern no sólo con Barcelona, sino con otras ciudades de Cataluña, restando importancia a su relación con el consistorio de la capital. En otras palabras: mucha foto pero pocos compromisos.

De los temas económicos que le podrían interesar a la ciudad, poco o nada arrancó la alcaldesa. Según los socialistas, “es cierto que se ha recortado un poco la deuda que existía, pero aún así continúa en niveles elevados”. El PSC exige a Colau que recupere las aportaciones económicas a los grandes equipamientos cogobernados por Ayuntamiento y Generalitat, de acuerdo con los porcentajes estatutariamente establecidos. Según el PSC, en la actualidad hay una disminución presupuestaria del 15% respecto a la que debería haberse realizado. De ahí que reclamen “el reconocimiento de la capitalidad cultural de Barcelona, con el establecimiento de un convenio específico que permita ampliar la financiación de aquellos proyectos culturales que, aunque no tengan presencia orgánica de la Generalitat, sean estratégicos”.

El embrión de un frente anti-Estado español

Asimismo, los socialistas reclaman la puesta al día de un convenio iniciado por el entonces alcalde Jordi Hereu (PSC) con el Govern, según el cual se deberían construir 10 residencias de ancianos en la ciudad de Barcelona, de las que se han construido sólo 4. “Alrededor de 8.200 personas están en lista de espera para residencias públicas o concertadas, y de ellas unas 6.000 no tienen ningún tipo de plaza”, afirman desde el PSC. El plazo medio para tener plaza en una residencia pública es de cuatro años, mientras que para obtener una en una residencia concertada es de dos años y medio. Esa situación se podría revertir en parte con la actualización del convenio que había firmado el socialista Hereu”, afirman.

Una fuente de ERC, sin embargo, señala a este diario que “el problema es que la Generalitat es pobre. Ésa es la cuestión más grave”. Y asegura que “en los últimos años, la deuda se había recortado, pero con la aplicación de artículo 155 se ha vuelto a multiplicar alarmantemente”. Se refieren las fuentes a que con la intervención del Gobierno de la Generalitat por parte del Estado, se cerraron los grifos y dejaron de atenderse los pagos que se habían normalizado. Aún así, reconocen que “no tenemos cuantificada la deuda total, pero estamos preparando una pregunta al equipo de gobierno para presentar en el próximo pleno municipal”.

Una fuente de ERC: "En los últimos años la deuda se había recortado, pero con la aplicación de artículo 155 se ha vuelto a multiplicar alarmantemente”

En lo que sí coinciden todos los grupos municipales es en que la Generalitat debe aportar una cantidad no determinada para la construcción de la línea 9 del Metro. “El anterior Govern ya se había comprometido a buscar un crédito europeo para finalizar el tramo central y tiene todo nuestro apoyo”, dijo Colau. “Nosotros seguiremos con los compromisos que habíamos adquirido”, le contestó minutos después Artadi.

Pero nadie cuantificó nada. Ni tampoco cuando la alcaldesa reconoció que el Ayuntamiento y la Generalitat formarán un frente común para reclamar mayor financiación del Estado al transporte público del área metropolitana. “No lo hemos detallado, aunque lo hemos comentado. Y hemos de reclamar al Estado que ponga dinero, porque tenemos un sistema de financiación antiguo que no responde a las necesidades. Hemos de trabajar en coordinación institucional para hacer una propuesta”. Ese embrión de un frente anti-Estado es lo único que Colau sacó en claro de su visita al otro lado de la plaza de Sant Jaume.

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