el tribunal constitucional la tumbará

La Ley de Presidencia catalana: la penúltima pirueta imposible de Puigdemont

El mecanismo se pretende llevar a cabo a la vez que el expresidente Carles Puigdemont pueda votar de manera delegada, lo que todavia lo convierte en algo más dificultoso

Foto: El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster, en Alemania. (EFE)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster, en Alemania. (EFE)

Esta semana, el Parlament inicia los trámites para la reforma de la Ley de Presidencia. Se trata de un nuevo conejo en la chistera para simular actividad mientras se prepara el truco grande de Carles Puigdemont. El cambio ha de servir, en teoría, para permitir una investidura a distancia de un candidato, ya sea Puigdemont o cualquier otro. Y para que se puedan nombrar 'consellers' que operen desde el extranjero. Lo previsible es que el Tribunal Constitucional (TC) tumbe esta iniciativa legal, por lo que la misma solo le sirve al soberanismo para ganar tiempo, mientras que aplaza una decisión sobre formar Gobierno en Cataluña, la menos plausible; o acabar yendo a elecciones, la más probable.

Aprobar un cambio legal tan estrambótico obliga a varias piruetas por parte de JxCAT: utilizar un trámite de urgencia, usar la lectura única y forzar que el presidenciable sea investido el mismo día que se vote el cambio de dicha ley para no dar tiempo al TC a derogar la iniciativa. Sin embargo, también es previsible que el TC aperciba a los miembros de la Mesa con antelación, una vez que el Consell de Garanties, al que ha recurrido el PSC, se pronuncie al respecto, lo que es posible que pase en una semana.

Si con estos mimbres ya resulta difícil aprobar un cambio legal tan atípico como este, el mecanismo se pretende llevar a cabo a la vez que el expresidente Carles Puigdemont pueda votar de manera delegada, mientras se encuentra en libertad vigilada en Alemania. Este voto puede ser recurrido por el Gobierno español, según un dictamen del Consejo de Estado, tanto como delegación en sí como respecto a la decisión que tome el pleno incluyendo su voto. Por el contrario, ERC todavía no ha solicitado la delegación de voto de Toni Comín.

El impulsor de los trámites para intentar una investidura a distancia, no se sabe de quién, es JxCAT. ERC muestra más bien poco entusiasmo por la iniciativa, según fuentes de la formación republicana, pues les parece una dilación de los tiempos absolutamente gratuita, cuando el día 22 se acaba el plazo legal y se convocan elecciones de manera automática para el 15 de julio.

Con este panorama, dedicarse a esfuerzos estériles con una ley que habla en su borrador de “medios telemáticos y telefónicos”, lo que quiere decir que se podría investir a Puigdemont prácticamente por teléfono, resulta un tanto extraño.

Jornada acelerada

Cuando se cuente con el dictamen del Consell de Garanties, el plan de JxCAT es que el presidente del Parlament, Roger Torrent, convoque un pleno en el que se harán tres cosas: cambiar la Ley de Presidencia, modificar el reglamento y, acto seguido, votar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Todo en el lapso de tiempo más breve posible, para no dejar huecos a la nulidad del TC y que al menos el elegido —Puigdemont o la persona por la que se opte— pueda durar en el cargo unas horas y aprovechar así el efecto propagandístico, pudiendo decir en el exterior que España no es una democracia.

La batalla legal contra esta reforma de la Ley de Presidencia puede ir desde que el Gobierno evite su publicación hasta una anulación por el TC

La batalla legal puede ser muy ardua y llegar a puntos de surrealismo nunca visto. Si el 5 y 6 de septiembre fue la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, la que ayudó a que se publicasen en el Boletín del Parlament las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, ahora la situación será más ardua, porque dicha publicación, como el DOGC, está ahora en manos del Gobierno español, vía artículo 155.

Sin fecha

El pleno para todo esto, por ahora, no tiene fecha. Se ha convocado otro pleno para el 25 de abril, en donde, entre otros temas burocráticos, se convalidarán los decretos para que los trabajadores públicos puedan cobrar la cuarta parte que se les adeuda de la paga extra de 2012.

Para ir ganando tiempo, Roger Torrent se va este miércoles a Ginebra para denunciar ante la ONU cómo se están violando, a su juicio, los derechos de los diputados electos. Y, mientras, el reloj sigue avanzando hasta el día 22 de mayo.

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