El caso Puigdemont agrieta la confianza mutua y la cooperación judicial en la UE

La gran escapada europea de Carles Puigdemont y sus cuatro 'exconsellers' está poniendo de manifiesto los límites de la confianza entre los países europeos. Una fe que se está agrietando, lo que supone un verdadero riesgo, teniendo en cuenta que tras seis décadas de construcción de la Unión Europea es sabido que la confianza es muy difícil de lograr, pero muy fácil de perder.

En un momento de gran incertidumbre en Europa, con el Brexit y el avance del nacionalismo populista en frentes como Hungría e Italia, la extradición de los cinco políticos catalanes amenaza con abrir un nuevo frente de discordia: el judicial. Un campo en el que España se ha mostrado dispuesta a dar la batalla, política y judicial, aunque sin garantías de éxito.

TE PUEDE INTERESAR

Artur Mas presume de que la cuestión catalana "se está convirtiendo en europea"

EC

En términos judiciales, la “confianza mutua” no es una forma bonita de hablar, sino el principio sobre el que se asienta la cooperación —aún limitada— entre países de la Unión Europea. Es por esto que Francia confía en Italia, Grecia en Irlanda, España en Alemania y demás, hasta el punto de que en 2002 se comprometieron a agilizar y simplificar las extradiciones de personas que sus vecinos les reclamasen.

Con la puesta en marcha de la euroorden, se primaron los procedimientos jurídicos frente a los criterios políticos, para asegurar la independencia de las decisiones. Por eso, ni el Gobierno español ni el alemán pueden intervenir en la extradición. Esto no quiere decir que el proceso sea automático, salvo en el caso de 32 delitos concretos, entre los que no se encuentran aquellos los que se reclama a los políticos catalanes.

Una pauta, distintas aplicaciones

La euroorden supuso un gran paso adelante en la construcción europea, pero no es la panacea. Sin una verdadera 'Unión judicial' no hay armonización: cada país decide qué es delito en su territorio, y cómo lo castiga. El problema ha surgido cuando España ha reclamado a cinco personas por su implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. A varios de ellos se les acusa de rebelión, lo que puede suponer hasta penas de 30 años. Un planteamiento que se ha visto ahora cuestionado a escala europea.

La decisión de los tres jueces alemanes de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de rechazar el principal delito por el que el juez Llarena reclama a Puigdemont, el de rebelión, ha sentado como un tiro, no solo en el Tribunal Supremo sino en buena parte del sistema judicial y político español. Esto supone que si es extraditado por malversación, no podrá ser juzgado por rebelión.

En términos judiciales, la 'confianza mutua' no es una forma bonita de hablar sino el principio sobre el que se asienta la cooperación en la UE

La gota que ha colmado el vaso es la comparación de los hechos que llevaron a la declaración unilateral de independencia con unas manifestaciones acontecidas en 1994 en el aeropuerto de Fráncfort. La clave es que los jueces alemanes no aprecian el uso de tal violencia que justifique el cargo de rebelión.

La Fiscalía española ha puesto el dedo directamente en la llaga: se ha quejado en público de que, a diferencia de lo que está sucediendo en Bélgica y en Alemania, cuando a España se le pide la extradición de una persona, no se dedican a evaluar si los jueces tienen o no pruebas suficientes para acusarles de los delitos por los que se les reclama.

La sensación es que el tribunal alemán se ha extralimitado en su valoración, tomada en solo 48 horas. Una especie de juicio previo a cargo de jueces europeos que cuentan con información limitada y un tiempo escaso para pronunciarse, pero que pueden 'absolver' a un imputado por un cargo tan serio como el de rebelión en un país tan sensible como España a las cuestiones secesionistas. Y sin que la Justicia española pueda intervenir directamente, ya que es la Fiscalía alemana la encargada de defender la petición de extradición.

La batalla política de España por la euroorden

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, ya planteó a sus colegas europeos en diciembre la frustración de España con la situación, cuando se puso de manifiesto que la Justicia belga podría no entregar a Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' por los delitos reclamados, una incertidumbre que llevó a Llarena a retirar la primera euroorden. “No es ágil, no funciona”, aseguró entonces Catalá, quien pidió ampliar y actualizar la lista de los 32 delitos que suponen la extradición automática.

Ni sus homólogos ni la Comisión Europea recogieron el guante. La comisaria de Justicia, Vera Jourová, dejó ver que no es momento para plantear la reforma de la euroorden. Y el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha quemado bastante capital político con la cuestión catalana, tiene poca o ninguna experiencia en cruzadas europeas para emprender una empresa de este calado sin apenas apoyos previos.

TE PUEDE INTERESAR

Jordi Sànchez vuelve a pedir al juez que le deje acudir a su investidura

Beatriz Parera

Las reticencias de Bruselas y otros socios tampoco son infundadas. “Reabrir las negociaciones de la euroorden podría suponer un riesgo de acabar teniendo un instrumento menos ambicioso, lo que sería una lástima. No hay que olvidar que esta se negoció y adoptó cuando había 15 estados miembros en la UE y ahora sería con 27”, explica a El Confidencial Anne Weyembergh, especialista en derecho penal europeo.

Junto a otros académicos, la experta belga participó en uno de los informes sobre los que la Eurocámara planteó en 2014 reformar la euroorden. Los eurodiputados alegaban que esta presenta deficiencias y pedían a la Comisión Europea que actuara.

La institución, cuyas riendas tomó Jean-Claude Juncker en 2014 en plena crisis del euro, no atendió a la petición. Ni piensa hacerlo ahora. Se limita a remitirse a la guía que publicó en octubre, casualmente justo antes de que Puigdemont apareciera por sorpresa en Bélgica, para aclarar a los países cómo aplicar las euroórdenes. Sin embargo, esta no resuelve todas las preguntas surgidas a raíz de este caso.

… y el frente judicial de Llarena

Si no es por la vía política, quizá los cambios vengan, precisamente, por la vía judicial. El malestar ha llegado hasta tal punto que el juez Llarena, principal afectado por la decisión de los magistrados alemanes, se plantea llevar ante la Justicia europea las limitaciones de la cooperación judicial europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la última palabra sobre cómo se aplican las normas europeas. Y si entiende que Bélgica y Alemania, en este caso, no están respetando el espíritu de la euroorden, podría forzarles a cambiar su legislación para agilizar y hacer más eficiente el proceso.

Sí hay cuestiones formales, como los estrictos plazos que marcan las normas europeas —60 días más una prolongación extraordinaria de 30 días—, que en Bélgica no se respetan necesariamente. Pero la cuestión clave, la de la apreciación de los delitos, es más peliaguda.

El malestar ha llegado a tal punto que Llarena se plantea llevar ante la Justicia europea las limitaciones de la cooperación judicial

Las autoridades que deben extraditar son responsables de analizar la forma de las peticiones de extradición y, superficialmente, su contenido para ver si se ajusta a uno de los 32 delitos automáticos, y las penas que se impondrían. Por eso ha sentado mal que los alemanes se tomen más tiempo en valorar la extradición por malversación, que sí está incluida entre estos delitos y que por tanto debería conllevar una entrega casi automática.

Pero si la Corte con sede en Luxemburgo rechaza las alegaciones de Llarena, sería un grave revés para España. Más allá de la mala imagen que daría de la Justicia española, y por extensión de los políticos, que han primado la vía judicial como respuesta al 'procés', el riesgo es que se instaurara la idea de que es mejor huir a la UE que responder a las citaciones de los tribunales españoles.