La oposición pide una comisión de investigación por el espionaje de los Mossos

La oposición en pleno pidió este jueves la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento catalán para dilucidar la actuación de los Mossos d’Esquadra y de otros organismos del Gobierno autonómico en los últimos años sobre el espionaje a políticos, a líderes sindicales y sociales y a periodistas. Las pruebas materiales de este espionaje se encontraron entre los documentos que los Mossos iban a quemar el pasado 26 de octubre, cuando fueron interceptados por la Policía Nacional, que les requisó más de 30.000 documentos que todavía están siendo analizados. Al margen de destacados dirigentes políticos de la oposición, en la documentación se encontraron informes sobre periodistas (entre ellos, de El Confidencial), los máximos líderes sindicales del Sindicat de Policíes de Catalunya (SPC), David José y David Miquel, el abogado José María Fuster Fabra y seguimientos a patrullas de otros cuerpos policiales.

La petición de investigación está firmada por los portavoces de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, del PSC, Eva Granados, de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, y del PP, Xavier García Albiol. En el texto, los cuatro partidos de la oposición solicitan la creación de esa comisión “sobre el espionaje político y las actividades de seguimiento de algunas unidades del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra a determinados dirigentes políticos, sindicales y sociales, a periodistas y a otros cuerpos de seguridad e información del Estado”. Entre la documentación incautada, se encuentran vigilancias de agentes de los Mossos sobre las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que el año pasado fueron enviadas a Cataluña antes del referéndum del 1 de octubre.

La oposición quiere que el Parlamento fiscalice no sólo algunas actividades de los Mossos, sino también del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat), que son los encargados de controlar todas las telecomunicaciones.

Entre los contenidos básicos de la comisión se encuentra el “determinar los casos concretos en que políticos, sindicalistas, periodistas y otros Cuerpos de Seguridad e Información del Estado fueron sometidos a espionaje político y a seguimiento de sus actividades”, así como establecer la identidad de las personas responsables de esos hechos.

Entre los cometidos que debería tener esa comisión se encuentra también la “investigación de posibles colaboraciones con el CCTTI y el Cesicat para proceder a los presuntos seguimientos y escuchas ilegales” y la “investigación de posibles listas o ficheros de carácter personal en poder de los Mossos d’Esquadra y concretamente de la Comisaría General de Información que se hayan podido elaborar fruto de presuntos seguimientos y escuchas ilegales”.

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Por ello, se pide de antemano la comparecencia de los máximos responsables de la consejería de Interior entre los años 2011 y 2017, así como de los directores generales de la Policía en ese periodo, de los máximos mandos de los Mossos, de los máximos responsables de la consejería de Presidencia en el ámbito de telecomunicaciones, ciberseguridad y sociedad digital, de los directores del CTTI y de los directores del Cesicat, además de los testigos que se acuerden, ya sean con conocimiento directo de casos de espionaje o expertos en la materia.

Se da la circunstancia de que el Parlament aprobó este jueves la creación de una comisión de investigación sobre los atentados terroristas del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils, aprobada por todos los grupos parlamentarios excepto por Ciudadanos y PP, que se abstuvieron. Esta sería, por tanto, la segunda comisión de investigación que se abriría en esta nueva legislatura, si los grupos independentistas lo permiten y le dan luz verde, ya sea con su voto favorable o con su abstención.