Puigdemont alega en su primer recurso al Supremo que no hubo violencia el 1-O

El primer recurso que el 'expresident' Carles Puigdemont eleva ante el juez encargado de su procesamiento en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, se basa en la premisa de que durante la preparación y celebración del referéndum del 1-O no hubo violencia y ni mucho menos "un alzamiento". Así lo publica 'La Vanguardia' este domingo, cuando se cumplen seis meses desde la convocatoria de la consulta.

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente que cumple una semana en la cárcel alemana de Neumünster y afronta intensas jornadas en las que la justicia alemana decidirá si da trámite a la euroorden, alega indefensión ante el curso de la causa y afirma que su defendido no incurrió en ninguna actividad que constituya delito, por lo que ha pedido que anule y deje sin efecto el auto.

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Según Puigdemont , "por violencia no cabe entender unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean", así como tampoco las acciones "reprobables y aisladas de quienes causan daños"; en todo caso, objeta, deberían ser considerados "desórdenes públicos" que en ningún caso se pueden atribuir al 'expresident'. En general, el expresidente de la Generalitat cuestiona que Llarena haya utilizado en su auto "argumentos llamativos" para "justificar la existencia de violencia", tanto en los días 20 y 21 de septiembre junto a la Conselleria d'Economia como el 1-O.

Y en este sentido, defiende a los ciudadanos que participaron en la consulta, que "se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuación que en algunos casos excedió claramente los límites del cumplimiento de sus deberes". En cuanto a la malversación, argumenta que solo "se le atribuyen hechos completamente genéricos y abstractos" injustificados que dan cuerpo a su situación de "indefensión".

Si este primer intento de impugnar el procesamiento no prospera, los imputados podrían acudir ante la Sala de Apelaciones, que ya ha intervenido en otros recursos contra decisiones de Llarena.