INTENTARON ‘TOREARLE’ DÁNDOLE INFORMACIÓN FALSA

Un juez pide procesar la cúpula de los Mossos por conspirar para proclamar la república

Según el auto del juez, el operativo de los Mossos durante los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre “estaba orientado a facilitar la celebración del referéndum"

Foto: Agentes de los Mossos. (EFE)
Agentes de los Mossos. (EFE)

Toda la cúpula de los Mossos d’Esquadra podría tener que responder ante la Justicia por desprenderse “indicios de criminalidad” por haber facilitado el referéndum ilegal del 1 de octubre y boicoteado las órdenes judiciales para celebrarlo. Así lo asegura un auto del juez Antonio Baños, titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat, que llevaba una investigación abierta hasta esta semana, cuando se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional, donde ya se investiga al 'major' y exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por sedición.

Según el auto del juez, el operativo de los Mossos durante los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre “estaba orientado a facilitar la celebración del referéndum y con ella la proclamación de una república catalana independiente de España, al margen de las vías legales y desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”.

La cosa tiene su miga: la cúpula policial intentó engañar al magistrado y le dio información falsa sobre el referéndum del 1 de octubre para dificultar sus investigaciones. Concretamente, mintió al magistrado identificando erróneamente hasta a 34 miembros de los Mossos que el magistrado investigaba por participar en el operativo del día del referéndum. Además, boicotearon información sobre quién había elaborado un documento titulado ‘Pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el TSJC en el marco de las diligencias previas 3/2017’. Esas pautas podían demostrar que la cúpula de los Mossos conspiró para ayudar a proclamar la república catalana ilegalmente. Tuvo que exigir hasta tres veces esa información, que fue finalmente facilitada. Y de ahí salieron ocho nombres de la cúpula de los Mossos que habría que investigar.

Así, el magistrado relata que, aunque la Audiencia Nacional ya atribuye a Trapero la autoría de un delito de sedición por los hechos acaecidos el 1 de octubre, recalca que “de las diligencias practicadas en esta causa, podrían desprenderse indicios racionales de criminalidad contra otros siete miembros del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra”.

En la lista facilitada, figura, tras el nombre del propio Trapero, Ferran López, actual jefe de los Mossos, elegido para sustituirle cuando fue cesado. A continuación, aparece Juan Carlos Molinero, hombre de confianza de Trapero y su mano derecha cuando era el ‘amo’ de los Mossos. También se pide la imputación del comisario Xavier Gámez, que curiosamente proviene de la Guardia Civil, así como del comisario jefe de Planificación de la Seguridad, Emilio Quevedo. La lista se cierra con dos intendentes y la jefa de la asesoría jurídica de los Mossos.

Colisión entre policías

El auto acusa a la cúpula de los Mossos de poner “delincuencialmente” el cuerpo a disposición de los partidarios de la declaración unilateral de independencia. Y recuerda unas palabras del exconsejero de Interior Joaquim Forn (actualmente encarcelado), quien, “sobre un posible enfrentamiento entre Mossos d’Esquadra y Policía Nacional y Guardia Civil”, dijo que “si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías”, resaltando que los Mossos “permitirán votar el referéndum con tranquilidad el 1-O”. Esas palabras se vieron luego refrendadas por la realidad “en los enfrentamientos que efectivamente llegaron a producirse entre miembros de ambos cuerpos con motivo de los hechos acaecidos”.

El juez llega a la conclusión de que el dispositivo de los Mossos d’Esquadra movilizados el 1 de octubre fue de 7.000 agentes, cuando “en jornadas electorales normales pasan de 12.000”. Y en esta ocasión se deberían haber destinado incluso más, porque su cometido era cerrar los centros de votación y requisar las urnas. Pero no solo eso: “Las fuerzas se distribuyeron por los propios responsables de los Mossos d’Esquadra (así lo testificaron sus mandos), que lo hicieron de manera ineficaz, pues distribuyeron a los agentes disponibles no en el sentido de poder garantizar el cierre de los grandes centros de votación, sino en el de garantizar la presencia de, al menos, dos agentes en los 2.259 centros de votación existentes”. Y, lo que es más importante: “Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación”.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra discuten el 1 de octubre. (EFE)
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra discuten el 1 de octubre. (EFE)

Un informe de la Guardia Civil del 12 de enero recoge que los Mossos “ya sabían lo que iba a ocurrir el 1-O y no lo evitaron, trazando un operativo que desde su nacimiento sabían que iba a naufragar [no cumplieron con el cierre de los colegios, sabían días antes de la aglomeración de la gente en los centros, la distribución mínima de personal por cada punto de votación a sabiendas de la afluencia de personas en los puntos de votación, la no utilización de los antidisturbios...]”.

Asimismo, tal y como había informado este diario, resalta que el 1 de octubre se dio fiesta a muchos efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y los ARRO para que disfrutasen de vacaciones y permisos. “Este tipo de unidades, por su especialización en el control de masas y orden público, son las que tendrían que haber intervenido y no lo hicieron”, añade.

Inactividad total

El auto recoge, asimismo, las contundentes palabras de otro auto de la Audiencia Nacional, en el que se recuerda que “se decidió que serían los Mossos d’Esquadra los que deberían clausurar los centros de votación previstos (…) sin embargo, lejos de ello, la actuación fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia (…). Con esta finalidad, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que provenía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra comandada por Josep Lluís Trapero (…). De esta forma, la conducta observada por los Mossos d’Esquadra desde el día 20 de septiembre de 2017 hasta la fecha del referéndum del 1 de octubre de 2017, enmascarada bajo los principios de actuación policial y proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

Recuerda el magistrado que tanto el jefe del dispositivo policial, el coronel Pérez de los Cobos, como el fiscal jefe de Cataluña advirtieron a los Mossos de “que dichas pautas eran inadecuadas para poder con ellas cumplir el mandato judicial recibido”.

Cita también un auto del Supremo que recoge que “los jefes policiales de los Mossos han declarado que informaron a su jefatura política del riesgo de movilizaciones violentas y han asegurado también que el Gobierno de la Generalitat les respondió que el referéndum se haría pese a todo”. Por ello, diseñaron un plan para que los agentes autonómicos “no pudieran cumplir las decisiones judiciales de un modo real y eficaz”. En otras palabras, existen “importantes elementos que confirman el diseño de un operativo formal o aparente, esto es, orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción”.

El juez relata que el coronel Pérez de los Cobos aportó pruebas de que algunas patrullas de los Mossos “vigilaban los movimientos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” en vez de cerrar colegios electorales. Y otros se encaraban a los policías que llegaban para requisar urnas cumpliendo órdenes judiciales. Tanta fue la inacción que, durante la mañana del 1 de octubre, CNP y Guardia Civil "cerraron 200 colegios electorales y los Mossos ni uno solo”.

Asimismo, destaca que “no se ha incoado expediente disciplinario a ninguno de los Mossos d’Esquadra que, en los 41 soportes videográficos aportados por la Guardia Civil, aparecen desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar los colegios”.

El juez subraya que “se hace evidente, a la vista de todos los razonamientos expuestos, que el diseño realizado por la jefatura de los Mossos d’Esquadra se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden del TC y del TSJC, camuflando tales intenciones bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad, paz social y convivencia, e invadiendo así las funciones del Poder Judicial, pues a la policía judicial corresponde cumplir las órdenes de jueces y tribunales y no el valorar las mismas”.

El responsable de la Guardia Civil, antes de preparar el operativo del 1-O. (EFE)
El responsable de la Guardia Civil, antes de preparar el operativo del 1-O. (EFE)

Y añade: “No son jueces ni intérpretes de jueces, sino cumplidores de las órdenes de los jueces, sin que puedan arrogarse la potestad de decidir cuál es el mal mayor a evitar, como se pretendió realizar por la policía catalana. En caso de que eventualmente pudieran considerar una orden judicial como ilegal, habrían de ponerlo de manifiesto y oponerse, pero no pueden llegar al punto de interpretar órdenes y valorar su cumplimiento según sus propios criterios policiales, so pena de extralimitarse e invadir el ámbito judicial”.

Según el magistrado, los Mossos podrían “haber cumplido la resolución judicial y además haber evitado los desalojos y los enfrentamientos, preservando la paz social de haber planeado con antelación la ocupación de colegios, no esperando hasta las seis de la mañana del día de la votación. Es todo lo anterior inconcebible en un cuerpo más que profesional, de excelente formación y con grandísimos policías, si no es intuyendo detrás una intención torticera que viene a coincidir con las manifestaciones de los dirigentes políticos rebeldes”.

Cataluña
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