Trapero aprovechó un descuido del fiscal de Lleida para filtrar el plan del Estado el 1-O

La Guardia Civil ha descubierto que un descuido del fiscal jefe de Lleida, Juan Francisco Boné, permitió al 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acceder a información privilegiada sobre el dispositivo de seguridad del 1-O horas antes de que fuera oficialmente comunicado al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Nada más recibir la filtración, Trapero la trasladó en un correo electrónico intervenido por el Instituto Armado a sus tres inmediatos superiores políticos: Joaquim Forn (consejero de Interior), Pere Soler (director general de los Mossos) y César Puig (secretario general de Interior). Los datos habrían permitido al Govern tomar medidas para garantizar la celebración de la consulta, según los investigadores.

La secuencia del chivatazo involuntario aparece en un informe incorporado al sumario que instruye la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre la pasividad de los Mossos durante el referéndum ilegal y los registros de la Consejería de Economía del pasado 20 de septiembre en la operación Anubis de la Guardia Civil. Por esos hechos, Trapero está imputado por sedición desde el pasado octubre, al igual que Forn, cuyo caso estudia el Tribunal Supremo. Y este miércoles, Lamela acordó imputar el mismo delito a Soler y Puig, los otros dos cargos que recibieron la presunta filtración.

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La clave es un correo que Trapero envió el 25 de septiembre a los mandos políticos de los Mossos para avisarles de que había accedido a nuevos datos sobre los planes de la Fiscalía Superior de Cataluña para impedir la celebración del 1-O. “Ya comenzamos a tener pistas de la nueva instrucción de la Fiscalía de la que me ha hablado el fiscal superior cuando le he llamado y que apunta a una concreción de las instrucciones”, empezaba el mensaje. Las “instrucciones” a las que se refiere eran las órdenes que el Ministerio Público iba a impartir a cada cuerpo de seguridad para coordinar el dispositivo conjunto para frenar la consulta.

En aquel momento, ni Policía Nacional ni Guardia Civil conocían aún en qué consistiría, pero Trapero había logrado anticiparse. En el cuerpo del mensaje, el 'major' de los Mossos explicaba cómo lo había conseguido. “Hoy nos hemos reunido con el fiscal jefe de Lleida, en esencia nos habla de una nueva instrucción de la Fiscalía, todavía no ha salido pero saldrá, que prevé actuaciones previas al 1-O”, advirtió a Forn, Soler y Puig. “Estas acciones se establecerán en el marco de la comisión de coordinación”, la mesa que comandaba el director del gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, para supervisar las actuaciones de los tres cuerpos policiales para evitar la consulta: Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra.

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Trapero precisó que a Boné se le había escapado que “la acción previa principal sería personarse en todos los centros de votación y tomar acta en calidad de testigo al director o máximo responsable del centro, en la cual se le harían algunas preguntas sobre la organización y a la vez se le advertiría de los riesgos de facilitar el acceso al edificio”. “Por otro lado, se plantea una actuación el día anterior consistente en precintar los accesos a los edificios, con un precinto consistente tipo candado. No hace falta decir que si al entrar a un centro se encuentra material para facilitar el referéndum, se ha de decomisar”, explicó.

El comisario matizó que el plan se encontraba “en fase de propuesta”. “Pero probablemente será así”, añadió. No se equivocó. Al día siguiente de enviar el correo, el entonces fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, publicó una nueva instrucción con órdenes específicas para la policía autonómica, tal y como había vaticinado el 'major'. El contenido de la instrucción también era, en esencia, el que ya conocía Trapero. El Ministerio Público ordenó a los Mossos que precintaran los centros de votación antes del 30 de septiembre, exactamente lo mismo que figuraba en el correo. Además, la nueva instrucción indicaba que el precinto debía ser “visible y efectivo, utilizando materiales que garanticen la inviolabilidad del sellado”, es decir, tipo candado. Asimismo, el Ministerio Público conminó al cuerpo catalán a incautarse de todo lo necesario para el desarrollo de la jornada, como urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación y propaganda, otra de las cuestiones que había adelantado Trapero.

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El comisario de los Mossos finalizó su correo revelando a sus superiores políticos otros aspectos sobre el 1-O que habían salido en la conversación con Boné. “Nos ha pedido que preparemos equipos de policía judicial para estas actuaciones. También ha insistido en la necesidad de coordinación de todos los cuerpos policiales y nos ha preguntado qué haría el CME [Cuerpo de los Mossos d'Esquadra] respecto a la coordinación”.

La Guardia Civil concluye en su informe, adelantado por EP y a cuyo contenido completo ha tenido acceso El Confidencial, que “en este correo se observa cómo Trapero informa a los responsables políticos del cuerpo de cuáles son las siguientes medidas que va a adoptar la Fiscalía Superior de Cataluña antes incluso de recibir la instrucción correspondiente, aprovechando una reunión de trabajo mantenida con el fiscal jefe de Lleida”. “El movimiento soberanista de esta forma sabía, incluso antes que el resto de cuerpos policiales implicados, cuáles iban a ser los siguientes pasos que desde el Ministerio Público se iban a adoptar” para impedir que se celebrara la consulta.

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Según los investigadores, el Govern y los Mossos habrían aprovechado esta filtración y otras informaciones para tomar medidas encaminadas justo a lo contrario. “Trapero informaba de forma puntual y detalladamente a los responsables políticos de la Generalitat de todas aquellas decisiones que en el marco de las reuniones de coordinación se llevaban a cabo con la finalidad de evitar los actos preparatorios y el propio referéndum. Con esa información que ponía en manos de aquellos que formaban parte del aparato organizador del propio referéndum se podían establecer estrategias para contrarrestarlas”.

El informe pone como ejemplo que, a pesar de las órdenes de Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Secretaría de Estado de Seguridad, los Mossos no cerraron ni un solo colegio electoral el 1-O, aunque sus máximos responsables mantengan que precintaron 99. Según la Guardia Civil, “los que cerraron antes del 1 de octubre lo hicieron con ocasión de los requerimientos judiciales que se habían efectuado a los responsables del centro, si bien es cierto que fueron los Mossos d'Esquadra los que entregaron estos requerimientos”. “Y los que cerraron el día 1 de octubre (…)”, termina la Guardia Civil, “lo fueron tras finalizar la votación”.