Los Mossos intentaron quemar seguimientos a políticos y periodistas de El Confidencial

La Generalitat tuvo un "servicio ilegal de espionaje" a través de los Mossos d'Esquadra que tenía como objetivo políticos, periodistas y activistas, según varios informes de la Policía Nacional que han sido entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y a los que ha tenido acceso 'El Periódico'. Los Mossos "trataron de quemar documentación [el 26 de octubre en la incineradora de San Adrià del Besós] sobre su seguimiento a varios políticos y periodistas, especialmente de El Confidencial" por las exclusivas publicadas por este diario relacionadas con el Cesicat. En concreto, se trata de cuatro folios donde se repasaba a los principales periodistas de este medio.

Este "departamento de espionaje ilegal" puesto en marcha por la Generalitat llevó a cabo "una serie de acciones con miembros de ese cuerpo para realizar tareas de vigilancia, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Cataluña".

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La Policía asegura además en dicho informe que la Generalitat "quería tener perfectamente controlados" a dicho grupo de personas contrarios a la independencia, para lo que puso en marcha esta operación con fondos reservados. Según dos correos electrónicos que iban a ser destruidos por los Mossos, el cuerpo gastó solo en 2015 hasta 161.101,22 euros en este "servicio ilegal de espionaje".

En lo que se refiere al espionaje de profesionales de prensa y televisión, los informes de los Mossos se elaboraron con "la finalidad de obtener información personal de los periodistas reseñados, dada la línea política del medio de comunicación para el que trabajan o han trabajado: de carácter constitucionalista y no afín al proceso independentista que llevaba a cabo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, desconociéndose quién efectuó dicho informe y a quién iba dirigido", explica la policía a la jueza en el informe al que ha tenido acceso el citado medio.

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Entre los políticos a los que se espió, la Policía destaca el caso de Ciudadanos, un partido sobre el que los Mossos sostenían que había "sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación como políticos en activo de partidos de centro derecha". De hecho, entre las labores de espionaje que llevaron a cabo, destaca el caso de cuatro folios escritos a lápiz sobre la "boda en Madrid de la familia Fuster Fabra", ceremonia a la que acudió el propio Albert Rivera. Otro de los políticos a los que investigó la policía autonómica fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien siguieron durante el mes de mayo en varios de sus "actos".

De todos modos, el espionaje de los Mossos no se limitó a periodistas y políticos, ya que también se puso el foco en diversas movilizaciones convocadas por Sociedad Civil Catalana en las que se había "identificado a miembros del PP, Ciudadanos, periodistas, etc". En este sentido, la Policía destaca el despliegue que llevaron a cabo los agentes catalanes en la manifestación convocada el 19 de marzo, cuando elaboraron un informe de 14 páginas calificado como "reservado" en el que se identifica a los líderes de la marcha. "Tanto SCC como el resto de entidades contrarias al proceso soberanista en esta recta final han intensificado su ofensiva, están teniendo más fuerza en las redes sociales y se ha detectado un incremento de pequeños actos en la calle", asegura la policía autonómica en este documento que intentaron quemar en la incineradora.

El departamento de los Mossos trató además de destruir el pasado 26 de octubre el listado completo de los 53.000 socios de la ANC con nombres y apellidos, su correo electrónico y DNI, documentos sobre el caso Pujol y varios informes sobre la organización independentista juvenil Arran y un dosier sobre la CUP.