Suiza dice que Anna Gabriel no puede ser extraditada aunque el delito exista en el país

La dirigente de la CUP Anna Gabriel no será extraditada a España, aun cuando el delito del que se la acusa existiera en el Código Penal helvético en lo referente a delitos contra el Estado o alta traición, recalcó hoy el Gobierno suizo.

"Aun cuando el examen de una eventual solicitud de orden de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se acusa a Anna Gabriel también fueran delito en Suiza (...) una extradición a España no sería posible", dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.

Gabriel tenía que declarar hoy ante el juez Pablo Llarena por un presunto delito de rebelión en el marco del proceso independentista catalán, pero el martes anunció desde Suiza que no comparecería y que permanecería allí porque en España no iba a tener un juicio justo, ya que "está siendo perseguida por motivos políticos".

El Gobierno suizo ya dejó claro el martes que, 'a priori', el caso de la exdiputada catalana parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base legal y que, por tanto, una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad, eso sí, tras un análisis exhaustivo.

Solo los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables, como un secuestro de un avión o la toma de rehenes, no son considerados delitos políticos.

Galli precisó este miércoles que, incluso si el delito por el que se investiga a Gabriel en España fuera igualmente considerado un delito en el Código Penal suizo, tampoco sería posible su extradición.

"Aunque existiera la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", indicó el portavoz del Departamento de Justicia.

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Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".