La investidura, congelada: el TC no tiene prisa con los plazos y resolverá "sin urgencia"

El Tribunal Constitucional no tiene prisa ninguna. El martes, la decisión del 'president' del Parlament, Roger Torrent, detuvo todos los relojes para el gobierno de Cataluña después de su anuncio del aplazamiento del pleno de investidura a la espera de que los magistrados se pronuncien sobre el recurso planteado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. No obstante, el TC no prevé tomar una decisión de manera inminente y avisa, según fuentes jurídicas: "Que nadie haga depender sus decisiones de lo que podemos decidir dentro de varias semanas o meses".

La puesta en marcha de los plazos para la designación de un nuevo Govern se encuentra en este momento en el aire. La decisión del Constitucional que dice esperar el Parlament tardará. El único antecedente de una situación similar es el caso Ibarretxe hace ahora 15 años. El Gobierno de Aznar recurrió el plan del Ejecutivo vasco para tramitar en el Parlamento autonómico el proyecto de ley de un nuevo estatuto. En aquel entonces, el TC tardó seis meses en resolver sobre la admisión o inadmisión.

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Las fuentes jurídicas consultadas no auguran para la situación actual un periodo tan largo antes de alcanzar la decisión final, pero especifican que, en ningún caso, los 12 magistrados que integran en pleno tomarán una decisión precipitada. Primero debe transcurrir el plazo de 10 días a contar desde el pasado sábado, que equivale en días naturales a unas dos semanas. En ellas, las partes, incluyendo el propio Carles Puigdemont, cuya personación se ha aceptado, plantearán alegaciones contra la impugnación del 'expresident' como candidato.

Después de eso comenzará el estudio de los argumentos aportados y el ponente, Juan Antonio Xiol, tendrá que presentar una propuesta que se resolverá "cuando proceda". No existe urgencia, ya que la medida cautelar está adoptada y sigue vigente, y no es previsible que se vaya a modificar. La decisión del sábado prohíbe de forma expresa la investidura a distancia o presencial sin autorización del juez que instruye la causa sobre el 'procés', Pablo Llarena.

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De forma paralela a este procedimiento, los mecanismos parlamentarios se han puesto en marcha. La Mesa del Parlament solicitó hace dos días a los letrados de la Cámara que elaboren un informe completo con las "fechas" y "plazos" que se deben seguir después del aplazamiento de Torrent. Tampoco ellos parecen tener prisa y no se han pronunciado por el momento.

La norma exige que la sesión de investidura debe celebrarse en un plazo máximo de 10 días hábiles. Leyes complementarias de la comunidad autónoma establecen que "si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura" no se ha elegido a ningún candidato, la legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de manera inmediata. En este caso, esa responsabilidad recaería de nuevo en Rajoy, con el 155 aún en vigor.

Fuentes gubernamentales consideran aplicable a esta situación de parálisis un dictamen del Consejo de Estado respecto a lo sucedido en la Asamblea de Madrid durante el conocido como 'tamayazo'. Cuando la sesión de investidura no se llega a celebrar, por cualquier causa, dentro de los 10 días previstos, el supuesto equivale a una votación frustrada, y el plazo de dos meses empieza a computar al día siguiente. Eso colocaría el tope en el próximo 2 de marzo.