El TC no atiende a Puigdemont y mantiene las medidas contra la investidura

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes, por unanimidad, las alegaciones presentadas por Carles Puigdemont y el resto de diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat) contra el acuerdo adoptado el pasado sábado de suspender el debate de investidura en el Parlament si se pretende hacer en ausencia del candidato de este grupo o sin autorización del juez Pablo Llarena. Pese a que la cámara autonómica ha tenido la oportunidad, también en este caso, de plantear al tribunal sus propios argumentos, no lo ha hecho.

Tras una reunión convocada de urgencia que comenzó a las 13.00 horas y se ha prolongado poco más de una hora, los 11 magistrados -Andrés Ollero sigue ausente por enfermedad- no han atendido el nuevo recurso que pedía anular las medidas cautelares, informan a El Confidencial fuentes del tribunal. El expresident y su partido argumentaban que la decisión tomada el sábado es "nula de pleno derecho" ya que el TC no acordó la admisión ni la no admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno español, "sino que acordó medidas cautelares".

El tribunal rechaza que las medidas cautelares acordadas el pasado sábado vulneren el principio de autonomía parlamentaria. Según sostiene la jurisprudencia constitucional, recuerdan, "la autonomía parlamentaria no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional". En su opinión, no puede considerarse que sus decisiones conlleven una usurpación de las atribuciones de órganos competentes como la Mesa del Parlament ni que sean contrarias al principio de separación de poderes o atenten a la inviolabilidad de los parlamentarios ya que, a través de ellas, "sólo se garantiza el cumplimiento de las resoluciones del tribunal, que, como se ha indicado, han de ser cumplidas también por las cámaras legislativas".

El auto también rechaza que las medidas cautelares adoptadas causen indefensión a los diputados electos de JxCat, cuyo derecho de defensa ha quedado debidamente preservado al aceptarse su personación en el procedimiento. "Tal decisión en ningún caso puede considerarse lesiva de aquellos a quienes se les reconoce esta condición, pues le permite defender sus derechos e intereses legítimos en esta primera fase procesal", dice.

El Pleno afirma que debe respetar la potestad que el artículo 161.2 de la Constitución atribuye al Gobierno para obtener la suspensión de las resoluciones y disposiciones de las Comunidades Autónomas que recurra; y, por otra parte, recuerda el deber de todos los poderes públicos, incluidas las cámaras parlamentarias, de cumplir los pronunciamientos del Tribunal.

Así, JxCat considera que se "vulneran derechos fundamentales", ya que las medidas no han sido solicitadas por ninguna de las partes, y además invaden la autonomía del Parlament y la competencia exclusiva de la Mesa en la aplicación e interpretación de su reglamento. Entre esas medidas cautelares, también se exigía a Puigdemont que acudiera al Pleno de investidura con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es el que mantiene activa la orden de busca y captura que se ejecutará si pisa suelo español.