Guía para entender el panorama judicial ante la investidura de Puigdemont

El Ejecutivo ha decidido continuar adelante con su baza legal contra la investidura de Carles Puigdemont pese al dictamen negativo del Consejo de Estado. Deja así en manos del Tribunal Constitucional la respuesta a un recurso de inconstitucionalidad que se planteará en una situación sin precedentes. Tras la sorpresa dada por el órgano consultivo, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante, el contador se ha puesto en marcha. Después del anuncio efectuado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la mañana de este jueves, la Abogacía presentará su escrito, pese a quien pese, después del Consejo de Ministros de este viernes.

En el Tribunal Constitucional, la previsión es reunir al pleno el próximo lunes. Ahora bien, fuentes jurídicas avisan a El Confidencial de que la admisión a trámite, un acto en principio automático cuando el recurso presentado cumple los requisitos exigidos, puede complicarse en este caso. La norma indica que se debe admitir si respeta el trámite, se acompaña del preceptivo informe y se presenta por acuerdo de los ministros del Ejecutivo. Pero la novedad del dictamen contrario lo ha trastocado todo y generará inevitablemente debate entre los magistrados que integran el pleno del tribunal de garantías.

No se trata, además, de una admisión al uso, ya que sus efectos, en este caso, serán bien distintos a los de otros recursos. La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, con una sola excepción. En un supuesto como este, en que el presidente del Gobierno recurre un acto con fuerza de ley de una comunidad autónoma y solicita expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia, esta es automática.

Poco importan en el caso de la investidura de Puigdemont los plazos establecidos para que el TC se pronuncie sobre el fondo de la reclamación tras admitirla, un periodo no superior a cinco meses. Resultan aquí intrascendentes. Con la fecha del 31 de enero, momento en el que expira el plazo para celebrar el debate de investidura, como tope, el Ejecutivo puede lograr forzar al Parlament, con Roger Torrent al frente, a designar un candidato alternativo.

El dictamen ha golpeado la intención del Gobierno que, según el anuncio de la vicepresidenta, era impugnar la decisión de Torrent del pasado 22 de enero en la que propuso a Puigdemont como candidato y que fue publicada al día siguiente en el Boletín de la Generalitat. La tesis es que "no concurren por ello en su caso las circunstancias que permitirían una investidura presencial". Fuentes jurídicas dudan en declaraciones a El Confidencial de que ese acto de Torrent tenga valor jurídico.

En resumen, en caso de seguir adelante pese a la valoración negativa, el Ejecutivo se arriesga a una inadmisión de su solicitud. Se guarda, eso sí, la baza de recurrir —si su plan fracasa— a la idea inicial que consistía en impugnar el acto —este sí con indiscutible valor administrativo— que tendrá lugar el martes 30 de enero cuando, a partir de las 15:00, el pleno del Parlament debatirá la investidura de Carles Puigdemont. Se ha pospuesto hasta ese mismo día la decisión sobre el voto delegado de los cuatro diputados huidos en Bélgica.

Si falla el plan 'sorpresa', se activará el plan inicial de nuevo, que supone renunciar a evitar una investidura, aunque sea ilegal y simbólica de Puigdemont. El recurso no llegaría en este caso a impedir ese acto pero sí la publicación oficial en el boletín. Esta otra opción casa con la tesis planteada por el propio Mariano Rajoy en su entrevista en Onda Cero, en la que concretó que habría que aguardar a que se produjera un acto administrativo que motivara el recurso. "Hay que respetar los procedimientos y las normas porque es la forma de respetarnos a nosotros mismos", añadió.