El Gobierno amenaza a Torrent con el TC para que presente otro candidato
El fundamento en que se basa el Ejecutivo es que "el estatus jurídico" de Puigdemont es "incompatible" con su comparecencia en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden de busca y captura
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El Gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado sobre la decisión del presidente de la Cámara autonómica catalana, Roger Torrent, de presentar como candidato a la presidencia de la Generalitat al prófugo Carles Puigdemont. Es el paso previo para que el Consejo de Ministros recurra mañana mismo ante el Tribunal Constitucional la iniciativa de Torrent y le obligue a postular a otro aspirante que no tenga causas pendientes con la Justicia. Además, el Ejecutivo se adelanta a pedir también al órgano consultivo del Estado doctrina jurídica sobre las ‘trampas’ que los independentistas anuncian, tanto para forzar una investidura telemática de su expresidente como para admitir el voto delegado de los secesionistas huidos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó desde La Moncloa sobre el paso que da el Ejecutivo al mismo tiempo que ofrecía la salida lógica y dentro de la ley que tiene Torrent ahora si quiere celebrar un pleno para elegir nuevo presidente de la Generalitat: presentar a otro candidato cuya elección sea viable.
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El Gobierno entiende que la propuesta formal que tramitó Torrent el pasado día 22 es recurrible ante el Constitucional porque Puigdemont no es un aspirante con todas sus facultades al carecer de libertad “deambulatoria”. La vicepresidenta se refirió así al hecho de que el expresidente de la Generalitat no puede presentarse en el pleno para ser votado, ya que tiene pendiente una cita ante el juez y, en el caso de que pise España, tendría que acudir antes al Supremo de forma voluntaria u obligado por las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo pretende que Torrent rectifique inmediatamente los primeros pasos que ha dado para saltarse la ley. Le acusa directamente de despreciar el ordenamiento jurídico al avalar una propuesta de candidato que sabe inviable y destaca la anomalía de que fuera a mantener consultas con el huido a Bruselas en vez de limitarse a despachar con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara catalana, que es lo que marcan el estatuto de autonomía y el reglamento de la Cámara.
Según Sáenz de Santamaría, el “estatus jurídico” de Puigdemont es incompatible con su candidatura a la presidencia de la Generalitat, y señala ante el TC al responsable de simular formalmente lo contrario: Torrent. Una vez que el Consejo de Ministros estudie el informe que remitirá el Consejo de Estado y apruebe el recurso ante el TC, el presidente de la Cámara autonómica tendrá la posibilidad de retirar la propuesta del huido salvo que busque el choque con el TC en el pleno convocado para la próxima semana y quiera emular a su antecesora en el cargo, Carme Forcadell.
El Gobierno también ha decidido ganar tiempo y despachar ya el trámite de las consultas al Consejo de Estado para recurrir al Constitucional contra los próximos pasos ilegales que puedan dar los independentistas en ese pleno, tanto el número de la investidura telemática o ‘por poderes’ o la validación por la Mesa de la Cámara del voto delegado de los huidos. Con esos informes previos, la intervención del TC sería automática para anular el intento de investidura fraudulento.
Apoyo del PSOE
El nuevo movimiento del Gobierno demostró que la relación entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez a cuenta de la crisis soberanista sigue intacta. Igual de fluida que hace meses, cuando ambos forjaron la entente sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fuentes de la dirección oficial del PSOE informaron de que su secretario general y el jefe del Ejecutivo "habían hablado de las medidas anunciadas" este jueves por la vicepresidenta. Esto es, el anuncio de que La Moncloa recurrirá ante el TC la decisión de Roger Torrent de proponer a Carles Puigdemont como candidato a la investidura como 'president' de la Generalitat.
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Más aún, desde Ferraz subrayaron que el PSOE "apoya las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo". De forma que está de acuerdo en que solicite el preceptivo informe al Consejo de Estado para después, con su visto bueno, acudir al alto tribunal, que suspendería esa propuesta de Torrent de forma automática.
El Gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado sobre la decisión del presidente de la Cámara autonómica catalana, Roger Torrent, de presentar como candidato a la presidencia de la Generalitat al prófugo Carles Puigdemont. Es el paso previo para que el Consejo de Ministros recurra mañana mismo ante el Tribunal Constitucional la iniciativa de Torrent y le obligue a postular a otro aspirante que no tenga causas pendientes con la Justicia. Además, el Ejecutivo se adelanta a pedir también al órgano consultivo del Estado doctrina jurídica sobre las ‘trampas’ que los independentistas anuncian, tanto para forzar una investidura telemática de su expresidente como para admitir el voto delegado de los secesionistas huidos.