LLAMARÁ A LA DESOBEDIENCIA CIVIL PARA FORZAR LA INTeRVENCIÓN INTERNACIONAL

Un sector de la ANC reclama un tripartito independentista presidido por Puigdemont

Desde la ANC se considera que el resultado de las elecciones fue el más duro revés al Gobierno español y un paso adelante en la constitución de la república catalana

Foto: Foto: EFE.
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Un sector de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya apuesta por Carles Puigdemont como ‘president’ de un gobierno de unidad y por Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Se trata del colectivo Drassanes, que agrupa a veteranos militantes independentistas, entre ellos Carles Castellanos, que ya en los años 80 fue detenido por sus vinculaciones con el grupo terrorista Terra Lliure y que ocupó el cargo de vicepresidente de la propia ANC en 2012 y 2013. Drassanes lo tiene claro y, en una reflexión tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, destaca los cinco puntos de la estrategia que ha de adoptar el independentismo.

El primero de ellos es constituir el nuevo Parlamento con Forcadell al frente y nombrar a Carles Puigdemont como ‘president’. El segundo punto es formar un “Gobierno de unidad en el que participen las tres fuerzas políticas que han ganado conjuntamente estas elecciones, como símbolo de unidad y compromiso con los principios democráticos y republicanos que la mayoría de ciudadanos reflejó con su voto”. Es decir, un tripartito netamente independentista con el PDeCAT, ERC y la CUP en el mismo.

El tercer punto es la recuperación del control de todas las consejerías “e instituciones ilegítimamente intervenidas, destituyendo a todos los cargos y restituyendo los anteriores”. En este sentido, cabe señalar que el Gobierno central no nombró ningún cargo, aunque sí cesó a un puñado de los mismos, empezando por varios secretarios generales, al director general de la Policía, Pere Soler, o al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

El cuarto punto señala que el Govern “ha de constituirse con todas las competencias constitucionales y estatutarias que le permitan el normal funcionamiento de las instituciones catalanas, y exigir la retirada inmediata de todas las fuerzas policiales y de disciplina militar españolas enviadas a dominar el territorio catalán, recuperando el control de los Mossos d’Esquadra”.

Y el quinto punto apuesta por tomar las medidas pertinentes “para volver a presentar en bloque, en el Parlament, todas las leyes aprobadas y bloqueadas por el Constitucional que tengan implicación social, buscando la colaboración y complicidad de los ‘comunes’, así como impulsar nuevas leyes sociales”.

Libertad de presos

Desde la ANC se considera que el resultado de las elecciones fue el más duro revés al Gobierno español y un paso adelante en la constitución de la república catalana. “Con un total de 70 diputados y una participación récord, las tres fuerzas independentistas conforman una mayoría absoluta que sirve para enviar un mensaje bien claro a la comunidad internacional, pero también a España”, anunció la propia ANC en un comunicado tras las elecciones. Su vicepresidente, Agustí Alcoberro, subrayó que “la ciudadanía ha revocado el artículo 155”, que consideraba “un golpe de Estado a la República”. Asimismo, reclamó la “restitución del Govern legítimo, así como el control absoluto de todas las cuentas de la Generalitat, el retorno de los presos políticos y el retorno del Govern en el exilio”.

Ahora, el colectivo con mayor perfil dentro de la organización añade algunos matices a esas reflexiones. Señala que los resultados significan el aumento progresivo del apoyo a la independencia “y a la defensa de la democracia, marcando netamente el camino hacia la República independiente de Cataluña”.

Reincide este colectivo en pedir “la libertad de todos los presos políticos y el archivo de todas las causas y expedientes abiertos contra los ciudadanos de Cataluña en ejercicio de su derecho a reivindicar la independencia y la república catalana”.

Pero el texto aprobado por Drassanes va más allá en sus reflexiones y lanza una clara advertencia: “En el caso de que, como consecuencia de la acción obstinada del estado español, no se haya podido recuperar la normalidad democrática y el control de nuestras instituciones por parte del Govern surgido de estas elecciones, y no se haya conseguido la libertad de los presos políticos y el sobreseimiento de sus causas de carácter político, así como la restitución de las leyes sociales anuladas por el TC, se deberán poner en marcha nuevas acciones, siempre de carácter pacífico y democrático, en reivindicación de nuestros derechos”.

Hacia la desobediencia civil

Estas acciones tendrán su eje en la denuncia internacional del Estado español “haciendo patente la situación antidemocrática y de ocupación a que está sometida Cataluña por parte de la Monarquía española”. Pero reconoce el documento que “hemos podido comprobar que las más altas instituciones europeas no se han destacado, hasta ahora, por la defensa de los principios democráticos, ni de los derechos individuales ni colectivos en Cataluña, favoreciendo y prestando un claro apoyo al Gobierno español en la aplicación del 155”.

Así las cosas, en el caso de que el Consejo y la Comisión Europea continúen apoyando “la acción antidemocrática del Estado español, se habrán de poner en marcha ante la ciudadanía de la UE, de sus diferentes Parlamentos y de las más altas instancias internacionales como la ONU o los correspondientes tribunales y comités internacionales sobre vulneración de derechos humanos y de defensa de derechos civiles y políticos, acciones públicas de denuncia que pongan en evidencia la connivencia de las instituciones europeas con este comportamiento antidemocrático de la Monarquía española”.

Paralelamente, se realizarán acciones de movilización y reivindicación “con propuestas alternativas de carácter nacional y social basadas en la resistencia popular ciudadana activa, pacífica y democrática, siguiendo los principios de la desobediencia civil. En esta acción, será preciso continuar esforzándonos para convencer a nuevos sectores de la sociedad catalana y preparar una acumulación de fuerzas sociales progresiva, partiendo de las nuevas formas organizativas, autónomas y espontáneas surgidas a partir del 1 de octubre (fecha del referéndum independentista)”.

El objetivo de la desobediencia civil y la resistencia pasiva es muy sencillo: forzar “la intervención de las instituciones internacionales y europeas en la mediación del conflicto y la resolución de las aspiraciones de Cataluña”.

Cataluña

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