horas después de recibir el informe de la guardia civil

El Supremo imputa a Mas, Rovira y Anna Gabriel en la causa por rebelión

También amplía la investigación a otras tes personas, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas

Foto: La número dos por ERC, Marta Rovira. (EFE)
La número dos por ERC, Marta Rovira. (EFE)

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha imputado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la número dos por ERC, Marta Rovira, en la causa por rebelión, sedición y malversación que investiga por los pasos dados por el Govern despuesto hacia la independencia unilateral. También se encuentran entre los nuevos investigados la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá, su portavoz, Anna Gabriel, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana.

En un auto notificado este viernes, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen, con instrucción de los derechos que les asisten de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la posibilidad de ejercerlos de forma inmediata. De forma parelela, la Fiscalía del alto tribunal ha pedido que se cite también como investigados al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y el secretario general de Vicepresidencia Josep María Jové.

"Su incorporación a la causa como investigados en aplicación de las reglas de conexión y de la necesaria inescindibilidad que el procedimiento demanda es absolutamente inexcusable", dice el fiscal, que añade que "se ha acreditado su prestación de un aporte material muy significativo a los hechos investigados y su presunta participación en el núcleo central".

La Fiscalía pone su foco en la actuación de los Mossos y quiere también conocer de primera mano su actuación durante el 1-O. Reclama un informe a la Policía autonómica para que le explique los motivos por los que las patrullas que vigilaban los colegios fueron dotadas de teléfonos móviles en lugar de seguir "los canales habituales".

En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia ( AMI) . Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento Enfocats, "sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge".

De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó". Llarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término", tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.

Por ello, el juez concluye que para que los investigados puedan ejercitar su derecho de defensa tal y como prevé al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede comunicarles la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que se les instruya de los derechos que les asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.

El magistrado ha actuado horas después de conocer el informe de la Guardia Civil en que se acusaba a ambos y la dirigente de la CUP Anna Gabriel de "diseñar, orientar, dirigir y controlar la implementación de los planes para la creación de un estado soberano" en Cataluña. Los investigadores les insertan en el mismo nivel de decisión que el presidente y el vicepresidente del Govern depuesto, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y aseguran que junto a ellos y la ANC, Òmnium Cultural., la AMI, los directores de las oficinas de autogobierno y los presidentes y secretarios de los partidos independentistas "molizaron los recursos humanos y materiales necesarios" para la creación de la República catalana.

En un extenso informe de 112 páginas en el que responden a las peticiones del juez Llarena sobre la responsabilidad en el 'procés' del conocido como Comité Estratégico, los agentes aseguran que el Govern salido de las urnas en septiembre de 2015 ha ido adoptando acuerdos y aprobando normas dirigidas a la celebración del referéndum del 1-O y a"culminar el proceso de transición nacional". "Todos y cada uno de esos pasos han ido acompañados del respaldo y las movilizaciones de las asociaciones soberanistas y los Comités de Defensa de la República, decía.

Otras peticiones de Fiscalía

El Ministerio Público reclama al juez Llarena la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas solicita al magistrado que vuelva a citar a Oriol Junqueras y todos los exconsellers que fueron citados por la Audiencia Nacional pero no escuchados en el alto tribunal que solo les citó para examinar sus peticiones de libertad justo antes del arranque de la campaña.

También solicita que se reclama al TSJ de Cataluña la causa que instruye la magistrada Mercedes Armas ya que en ella constan las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre, su preparación y el rastreo de los fondos públicos que pudieron emplearse para el desarrollo de la consulta. Además, los fiscales quieren obtener copia de distintas actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado 13 de Barcelona.

Por último, el alto tribunal ha fijado para el próximo 4 de enero la vista para revisar la decisión de Llarena de confirmar el ingreso en prision de Junqueras. Los tres magistrados han dispuesto en una providencia que esta se celebre con presencia del exvicepresidente.

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