ALEGAN INSEGURIDAD JURÍDICA

Cascada de recursos de cargos y asesores de la Generalitat contra su despido con el 155

Más de 15 cargos de confianza de los consejeros cesados pleitean para conservar su sueldo. Las primeras resistencias al 155 alegan que se vulneró su libertad ideológica

Foto: Concentración de trabajadores de la Generalitat contra el 155. (EFE)
Concentración de trabajadores de la Generalitat contra el 155. (EFE)

La aplicación del artículo 155 en Cataluña empieza a encontrar resistencias. Al menos 15 cargos de confianza de los consejeros cesados en virtud de ese artículo han planteado contenciosos contra su destitución con lo que pretenden recuperar su puesto y su sueldo, según ha podido saber El Confidencial de fuentes próximas al caso. Todos lo han hecho representados por la letrada Silvia Requena, declarada independentista que se presentó a las primarias de CDC. Alegan que la destitución de cargos de confianza aprobada con el artículo 155 incurre en "arbitrariedad, incongruencia y desproporcionalidad", que se ha vulnerado su "derecho a la libertad ideológica" y que incumple la Constitución. Los recursos, presentados en los últimos días, llegan cuando los consejeros cesados han empezado a acatar el 155 para poder salir de prisión.

El artículo 155 no solo conllevó el cese de todo el Gobierno de Carles Puigdemont y la disolución del Parlament para convocar elecciones. Además incluyó "el cese de todo el personal eventual adscrito a los cargos o autoridades relacionados" con los consejeros. Es decir, que los cargos de confianza fueron destituidos inmediatamente. Jefes de gabinete, asesores, 'embajadores' designados por el Govern, portavoces... fueron dejando sus cargos en pocos días. Algunos, como el portavoz de Exteriores, Joan María Piqué, lo hicieron alegando que era lo que les había pedido el Govern cesado. Embajadores como Amadeu Altafaj y la hermana de Guardiola estaban entre los que asumieron el 155. Días antes, el consejero de Exteriores, Raül Romeva, había augurado que los funcionarios catalanes resistirían el 155.

Ahora, un grupo de este segundo nivel del Gobierno de Puigdemont ha comenzado a recurrir contra su despido. "El real decreto impugnado, además de cesar a todos los miembros del Gobierno de Cataluña sin causa justificada, cesa 'in genere' y sin individualización de ninguna clase a todo el personal eventual de la Administración de la Generalitat de Cataluña, por remisión expresa a una normativa autonómica de personal y función pública", señala uno de los recursos, según ha podido saber El Confidencial.

Los motivos que esgrimen los destituidos para recuperar sus puestos es que el real decreto "mezcla autorizaciones o títulos habilitantes de carácter político al Gobierno de España con actos administrativos sancionadores o desfavorables consistentes en el cese indefinido de personas en sus funciones de servicio público". Y añaden que les han privado del derecho al trabajo sin que fueran informados ni pudieran "formular alegaciones y tener conocimiento preciso de un expediente administrativo contradictorio que finalice mediante una resolución motivada".

El artículo 155 además incluyó "el cese de todo el personal eventual adscrito a los cargos o autoridades relacionados" con los consejeros

Una de las recurrentes fue nombrada en 2016 "adjunta al Gabinete de prensa en coordinación con el resto de unidades de los departamentos de la Generalitat". Otro es Roc Fernández Badiella, desde 2011 "responsable de contenidos digitales de la actividad de todo el Gobierno". En su perfil de Twitter se presenta como responsable de este cargo en el Gobierno legítimo, por el que percibia 72.289 euros, según el portal de transparencia de la Generalitat. Antes fue concejal de CDC en Sant Feliu de Codines. Este diario intentó anoche, sin éxito, localizarlo.

"Nosotros no nos arrepentimos de nada, y ahora no buscamos excusas. Estamos y estábamos preparados. El problema no es nuestro, es tener delante un Estado demofóbico y antidemocrático que no ha superado ni la división de poderes. Pero llegar, llegaremos", esribió en Twitter. En su web, Fernández muestra fotos de su equipo junto a Puigdemont.

Entre los motivos que esgrimen para recurrir es que han sido cesados "en abstracto" y que no han tenido trámite de audiencia ni han podido formular alegaciones. Uno de ellos señala que ha visto vulnerado su "derecho a la libertad ideológica, de pensamiento y de opinión", también el "derecho de defensa, derecho al procedimiento administrativo con todas las garantías, derecho a no sufrir indefensión, derecho a la tutela administrativa" y recuerdan la "interdicción de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos".

La paradoja es que al recurrir contra el artículo 155 lo hacen amparándose en la legislación estatal

La defensa de uno de los recurrentes llega a recordar que en 1978, durante la redacción de la Constitución, Alianza Popular intentó sin éxito introducir una enmienda con "la facultad estatal para vetar leyes autonómicas" y que ahí se descartó también "que pudiesen ser suspendidos órganos democráticos". Además, critica que "se le atribuye la pertenencia a una especie de red sospechosa de cobrar sueldos millonarios y ser nombrado a dedo para asesorar en lo que se viene a denominar 'red de asesores del separatismo'".

En resumen, alegan que los "ceses en abstracto les privan del derecho al trabajo, derecho a ser informados de los motivos de su cese, a formular alegaciones y a tener conocimiento preciso de un expediente administrativo contradictorio que finalice mediante una resolución motivada". Concluyen que todo esto supone una "patente vulneración" de la Constitución y que "la habilitación al Gobierno de España por el pleno del Senado para llevar a efecto su cese ha sido claramente ultrapasada".

El periodista e historiador Jaume Clotet, responsable de Comunicación del Govern. (EFE)
El periodista e historiador Jaume Clotet, responsable de Comunicación del Govern. (EFE)

La paradoja es que al recurrir contra el 155 lo hacen amparándose en la legislación estatal y piden volver a sus puestos aunque sea asesorando a cargos puestos en virtud del 155. Todos los cargos públicos independentistas que han tenido que declarar ya han acatado de una u otra forma las leyes españolas. Fuentes jurídicas dudan de que los procedimientos tengan recorrido y destacan que el real decreto que aplicaba el 155 hacía alusión a una norma autonómica catalana. La reclamación no va por la jurisdicción laboral, sino que es un contencioso contra el real decreto. Aunque el efecto sería que de prosperar recuperarían su puesto y su sueldo. Los casos comenzaron a llegar la semana pasada al Gobierno central y aún no está claro qué tribunal tendrá que dirimir sobre los despidos.

En alguno de los recursos se menciona que hay cargos públicos que siguen en su puesto mientras que el personal eventual de confianza ha sido destituido. Eso puede hacer alusión a los casos de Elsa Artadi y Jaume Clotet, entre otros. Ella mantiene el cargo de coordinadora del Govern y además es jefa de campaña de la lista de Puigdemont, en la que va de candidata. Clotet sigue siendo responsable de Comunicación del Govern y que es persona relevante en la estrategia de Puigdemont, con el que se ha reunido en Bruselas.

Todos los contenciosos han sido interpuestos por la letrada Silvia Requena. Esta fue responsable de la sectorial de igualdad de CDC, uno de los antecesores de PDeCAT y que ha sido fagocitado por la lista de Pugidemont, JuntsxCAT. Requena fue número dos en la candidatura de Democràcia i Llibertat al Senado. En una entrevista a 'La Vanguardia' en 2016 se declaró "completamente independentista". Ayer no devolvió el mensaje a este diario.

No es el único frente judicial contra el 155. 50 diputados de Podemos han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación de la intervención de la Generalitat, decidida por una amplia mayoría del Senado después de que el Parlamento catalán votara la declaración unilateral de independencia.

Cataluña

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