Rufián y Tardà salvan sus sueldos: el Congreso no les sancionará por sus faltas

La Mesa del Congreso ha decidido que las ausencias durante el mes pasado de los diputados independentistas catalanes en la Cámara en señal de apoyo a la secesión no son causa suficiente para sancionarlos con algún recorte salarial como planteaba Ciudadanos. El informe encargado a los letrados sobre el asunto sólo ha servido para constatar que el reglamento del Congreso no establece vía alguna para vigilar la 'productividad' y presencia de los parlamentarios en plenos y comisiones, que sólo se privó en su día de los sueldos a los representantes de Batasuna en 1991 y 1992 (y porque no fueron nunca) y que para tomar medidas en la materia los grupos políticos tendrían antes que reformar las reglas de funcionamiento de la Cámara.

La propuesta de Ciudadanos, defendida por el vicepresidente Ignacio Prendes, ni siquiera se sometió a votación porque ningún otro de los miembros de la Mesa (del PP, PSOE y Podemos) estaba dispuesto a dar el 'sí' a la posibilidad de sancionar a los diputados de ERC y de PDeCAT por la 'huelga' de asistencia a dos plenos y varias comisiones que protagonizaron después del 1-O.

"Por mayoría, se ha decidido que no ha lugar a la incoación de un expediente sancionador pues no hay un hecho jurídico que vaya en contra del Reglamento", declaró después de la reunión de la Mesa la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Los propios diputados independentistas 'normalizaron' desde hace dos semanas, y una vez aplicado el artículo 155 en Cataluña, su asistencia a las sesiones del Congreso, aunque sólo para utilizar la Cámara como plataforma de ataque al Gobierno y de defensa de sus posiciones, ya preelectorales, ante el 21-D.

Los representantes de ERC y PdeCAT protagonizaron su primer 'plante' en la Cámara el 20 de septiembre, precisamente para protestar cuando la Guardia Civil hizo las primeras detenciones de altos cargos de la Generalitat que permitieron desarticular los preparativos de la consulta ilegal e incautar documentación y pruebas sobre los planes del golpe separatista. Esos datos sirvieron luego para que la Justicia tomara medidas contra los responsables de la Generalitat y de las asociaciones independentistas.

Según denunciaba Ciudadanos en su propuesta de medidas salariales, los diputados de ERC y PDeCAT "desatendieron" el resto de actividades parlamentarias e incurrieron en un "desprecio institucional" que debían ser contestados con la suspensión de la asignación económica de los parlamentarios independentistas y la retirada de la subvención que ERC recibe como grupo parlamentario, así como de las ayudas que vía Grupo Mixto llegan a los ocho diputados del PDeCAT.