JxSí propone un proceso constituyente "en forma de Estado independiente y soberano"

Junts Pel Sí y la CUP han registrado las propuestas de resolución para declarar la nueva república de Cataluña. La palabra clave de lo que se quiere someter a votación del Parlament es el verbo "instar", ya que se encarga a la Generalitat el grueso de las responsabilidades. También se declara que Cataluña será una república y se somete a votación la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad, que otorga un poder sin precedentes a la Generalitat.

El documento aparece registrado en el Parlament, con sello oficial y firmado por cuatro diputados: Lluís Corominas (PDeCAT), Marta Rovira (ERC), Mireia Boya (CUP) y Anna Gabriel (CUP). Por su parte, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite la propuesta de resolución de ambos grupos parlamentarios para instar al Govern a desplegar la ley de transitoriedad y fundar la república catalana.

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"Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de República", reza la resolución, el mismo texto que ya firmaron los diputados el 10 de octubre sin someterlo a votación en aquella ocasión.

En el texto en sí, pocas novedades. El grueso de las dos resoluciones instan a la Generalitat a desempeñar todo lo que prevé la Ley de Transitoriedad: desde asumir los funcionarios, hasta desplegar por decreto toda la legislación necesaria o cobrar los impuestos. Pero es la Generalitat la que tiene que incumplir y romper con el marco legal español y la que ha de convocar el proceso constituyente. De nuevo se traspasa la responsabilidad a otra instancia, en este caso al Govern que encabeza Carles Puigdemont.

Por tanto, la Generalitat es el brazo ejecutor y el Parlament sólo asume la responsabilidad de un modo difuso. La autoridad para hacer todo esto emana del referéndum del 1 de octubre, que la propia Generalitat reconoce que se celebró sin las garantías necesarias pero al que otorga validez suficiente para pasar por encima de la Constitución y del propio Estatut de Cataluña.

Por su parte, los servicios jurídicos del Parlament lo tienen claro. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros del sábado para la aplicación del artículo 155 de la Constitución son contrarias a la Carta Magna. Resultan "irreconciliables con la Constitución y el Estatut" ya que eliminan los derechos característicos del sistema parlamentario que quedaría pervertido con su aplicación de forma "aberrante".