El Govern anuncia recursos ante el TC y el Supremo para intentar frenar el 155

El Gobierno catalán prepara una batería de recursos jurídicos para intentar paralizar la aplicación del artículo 155. La primera medida será la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, Junto a otro de amparo. Además, el Gobierno catalán interpondrá dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo que declare nulo el acuerdo del Consejo de Ministros que da luz verde al 155. Y, por último, tanto el presidente, Carles Puigdemont, como los demás consejeros de la Generalitat interpondrán individualmente sendos recursos contencioso-administrativos ante el Supremo. O sea, 14 recursos más en los tribunales. En total, pues, 18 recursos. Así lo aseguró este mediodía Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, tras la reunión semanal de este.

Para abordar el recurso ante el Constitucional, el Govern pedirá también un informe preliminar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para afianzar el mismo. Luego, una vez Puigdemont reciba el requerimiento del Senado para ir a exponer sus motivos, presentará otra medida: un recurso de amparo ante el propio TC. Se da la circunstancia de que el CGE es el órgano autonómico que ha rechazado la tramitación y votación de las leyes de ruptura en el Parlament y al que los independentistas han hecho oídos sordos durante meses.

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Respecto a los recursos ante el Supremo, aseguró que se interponen porque “las medidas tomadas sobrepasan los límites de la propia Constitución y la voluntad del legislador”. Por último, los recursos del ‘president’ y de los consejeros se interponen por la supuesta vulneración de los derechos individuales de cada uno de ellos.

“Los recursos se interponen por cuestiones de forma: un tema de tanto calado no nos parece correcto hacerlo con tan poco tiempo”, subrayó Turull ante los periodistas. Y ello, a pesar de que tanto su grupo parlamentario, Junts pel Sí (JxS), como la CUP presentaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley del Referéndum en el Parlamento aprobándolas en solo unas horas y sin dar lugar a debate con el resto de grupos ni dar opción a presentar enmiendas. Total: en 48 horas, aprobaron derogar el Estatuto y la Constitución por las bravas y convocar un referéndum ilegal.

Puigdemont quiere explicarse

El portavoz del Govern, en cambio, aseguró que con la aplicación del 155, el Gobierno central “lo que ha hecho es decir 'me lo quedo todo'. Y con esa excusa, destituyen al ‘president’, destituyen al Gobierno y se apropian de parte de las competencias del Parlament. Con ello, se extralimita mucho en lo que habría de ser la aplicación del 155. Por ello, actuaremos vía Constitucional y vía Supremo. Esto ya está acordado”.

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Aseguró Turull que Puigdemont “tiene la voluntad de ir al Senado a explicarse. En un principio, era o miércoles o jueves por la mañana, pero ahora no sabemos si será materialmente posible, ya que han variado la fecha. Nosotros convocamos pleno del Parlament el jueves después de que nos dijesen que tenía que comparecer el miércoles. Pero ahora han variado las fechas y no sabemos si materialmente será posible, ya que la obligación del ‘president’ es comparecer ante el Parlament. En resumen: voluntad de ir, existe, pero parece que alguien pone trabas y ya veremos si materialmente es posible, porque hay un problema físico de desplazamiento”.

Sobre la propuesta del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, de realizar un cara a cara en el Senado entre Puigdemont y el Gobierno central, Turull aseguró que esta propuesta no la conocía el Govern esta mañana cuando se reunió. “El debate no nos da miedo —añadió—. El tema del Senado es de si hay ganas de que vaya o no. Nos dieron un calendario y, conforme a él, se convocó el pleno. Pero, desde entonces, se han cambiado los horarios y ahora ya no es un tema de fondo, sino de posibilidad de estar en dos sitios a la vez. Si cambian el formato, los horarios… pues da la sensación de que no quieren que vayamos”.

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Turull aseguró que “habrá una respuesta política” al artículo 155, pero será consensuada con los grupos parlamentarios que apoyan al Govern “y con los actores que ayudaron a configurar la candidatura de Junts pel Sí [o sea, con algunos partidos minoritarios, con la Asamblea Nacional Catalana y con Òmnium Cultural]". El consejero, en este sentido, enfatizó que la reunión de hoy “ha sido la primera bajo la amenaza de aplicar el 155” y denunció que “dos personas que militan en el pacifismo están en prisión, como respuesta a la oferta de diálogo del ‘president’ Puigdemont”. Por último, subrayó: “Nosotros actuamos como una democracia del siglo XXI, mientras que la respuesta del Estado forma parte del vocabulario del siglo XIX”.

El consejero de Salud, Antoni Comín, por su parte, arremetió contra el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, por haber manifestado públicamente que los datos de heridos el 1 de octubre están falseados. “Es una indecencia, una indignidad, una falta de respeto a los ciudadanos el negar que hubo lesiones por cargas policiales. Ha habido más de 1.000 personas afectadas y eso es lo que recogieron los colegios de médicos. La ministra de Sanidad de España debería llamar al orden a sus compañeros”. Anunció, sin embargo, que su departamento prepara una demanda civil contra “Martínez-Maillo [vicesecretario general de Organización del PP] por haber sido el primero” en alertar públicamente sobre la “veracidad de nuestros datos”. También se analizarán con detenimiento las declaraciones de Dastis “para ampliar la querella”, subrayó Comín.