La Fiscalía se querellará contra Puigdemont si declara la independencia
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CONLLEVA HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía se querellará contra Puigdemont si declara la independencia

Este delito puede aplicarse según el Código Penal a quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional

placeholder Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)

La Fiscalía General del Estado ya tiene preparada una querella por el delito de rebelión que presentaría contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el caso de que este hiciera efectiva una declaración unilateral de independencia, han confirmado fuentes del Ministerio Público. El propio titular de la Fiscalía, José Manuel Maza, ha llegado incluso a considerar como "lógico" y casi obligado pedir "medidas cautelares severas", en declaraciones a los medios desde Granada.

Preguntado por la posibilidad de que se solicite prisión provisional para Puigdemont, Maza ha interpretado este tipo de medidas cautelares como lo "lógico", normales en un delito de "tanta gravedad", ya que ha recordado que conlleva una de las penas más altas del ordenamiento nacional. "Si pretendes abrir un procedimiento con penas de treinta años de prisión, lo normal, lo lógico, es una consecuencia casi obligada, es que se pidan medidas cautelares severas", ha sentenciado Maza.

La Fiscalía explora "diferentes cosas como a quién podría alcanzar la querella atendiendo a lo que cada uno ha hecho o en qué tribunal se presentará"

Ha detallado además que la Fiscalía está estudiando "diferentes cosas como a quién podría alcanzar la querella atendiendo a lo que cada uno ha hecho o en qué tribunal se presentará, un extremo que dependerá de las competencias, los aforamientos y cómo se aplique el artículo 155 de la Constitución".

Este delito, que puede conllevar hasta 30 años de cárcel, puede aplicarse según el Código Penal a quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Con la querella ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirían con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley. No obstante, según apuntan fuentes jurídicas, la querella se remitiría con toda probabilidad al Tribunal Supremo, en el caso de que el ministerio público considere que los hechos atribuidos a Puigdemont afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

La querella se remitiría con toda probabilidad al Tribunal Supremo, en el caso de que considere que los hechos afectan a todo el territorio español

Otra de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat e incluso su posible cese como diputado del Parlament, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista. La malversación es el único de esos tres delitos castigado con penas de prisión -hasta ocho años-, ya que tanto la prevaricación como la desobediencia solo llevan aparejados condenas de inhabilitación.

Asimismo, el delito de rebelión, que persigue a los que "se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30.

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