SegurCaixa rescinde también las pólizas de la Generalitat y de los altos cargos

SegurCaixa Adeslas rescindió también las dos pólizas de responsabilidad civil contratadas por la Generalitat, una general para la administración autonómica y otra específica para los directivos y altos cargos, ante el agravamiento del riesgo producido por los últimos acontecimientos políticos.

A la hora de rescindir estas pólizas, la aseguradora esgrimió los mismos argumentos utilizados para dejar sin efecto el seguro de responsabilidad contratado por el Parlament, según señalaron fuentes del sector asegurador.

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En la carta que la aseguradora remitió al Parlament y a la Generalitat, se hace referencia al aumento del "riesgo producido por los últimos acontecimientos políticos en Cataluña y, singularmente, la suspensión mediante providencia del Tribunal Constitucional, publicada en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 13 de septiembre de 2017, de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República".

El 19 de septiembre de 2016 se formalizó el contrato del seguro de responsabilidad civil y patrimonial y de daños del Parlament de Cataluña que estaba dividido en dos lotes, el primero incluía la cobertura de seguros de responsabilidad civil y patrimonial y, el segundo, la cobertura de seguros a todo riesgo de daños materiales.

Por parte de la Generalitat, una de las pólizas rescindidas cubre a la administración catalana en general y data de 2011, mientras que la segunda se contrató en mayo de 2017 y se trata de una ampliación de coberturas para altos cargos y directivos.

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Para justificar que se deje sin efecto las pólizas contratas con SegurCaixa, la aseguradora señala que es causa de rescisión, en aplicación de la ley del seguro, que ni el Parlament ni la Generalitat hayan informado del agravamiento del riesgo como consecuencia de la aprobación y la suspensión por parte del Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Precisamente, SegurCaixa Adeslas, participada por Mutua Madrileña (50 %) y CaixaBank (49 %), rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el desvío de dinero público para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, por entender que es un supuesto no cubierto por la póliza.