La Generalitat monta una comisión para investigar la labor de jueces y fiscales el 1-O

La Generalitat ha impulsado una investigación sobre el poder judicial y la Fiscalía por la actuación policial del 1 de octubre, en que la Guardia Civil y la Policía Nacional utilizaron la fuerza para clausurar los colegios electorales en el referéndum sobre la independencia. La investigación no tiene precedentes en España y se lleva a cabo al mismo tiempo que el presidente catalán, Carles Puigdemont, le ha pedido a su homólogo español, Mariano Rajoy, abrir una vía de diálogo entre los dos gobiernos.

La investigación la anunció el 'conseller' de Presidencia de la Generalitat el pasado 2 de octubre, pero la creación de la comisión especial para ello se ha publicado esta semana en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), justo el mismo día en que Puigdemont lanzaba su oferta de diálogo en el Parlament. En medios de la judicatura española la investigación ha sentado muy mal y se considera una intromisión del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial.

El sector judicial está muy molesto en Barcelona con la Generalitat y los Mossos d'Esquadra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vivió una concentración de protesta en su puerta contra las detenciones y allí acudió la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Después, jueces y fiscales comenzaron a desconfiar de los mossos tras su pasividad el 1-O pese a la orden judicial que les ordenaba cerrar colegios electorales y finalmente el TSJ puso a la policía por encima de los mossos en el control del TSJ. Días antes, los mossos llegaron a evitar una fotografía de 250 abogados con togas y la Constitución ante el TSJ. Fuentes jurídicas señalan que esta comisión de la Generalitat investigando la actuación judicial es un nuevo ataque a la separación de poderes, ya que la actuación de los jueces es controlada por el Consejo General del Poder Judicial, no por el Ejecutivo. La Conselleria de Presidencia ha sido consultada sobre quién va a presidir la comisión y cuáles van a ser sus miembros, pero sin embargo no se ha recibido respuesta.

En medios de la judicatura española la investigación ha sentado muy mal y se considera una intromisión del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial

Fuentes legales y jurídicas de Barcelona explican que el objetivo de la comisión se centra en elaborar un informe que permita elevar una demanda de la Generalitat contra el Gobierno español en el Tribunal de Estrasburgo. De hecho, en el DOGC ya se apunta que “el Gobierno de la Generalitat emprenderá las acciones legales, incluyendo las instancias internacionales”.

La Generalitat ha cifrado en 893 los heridos por la actuación policial contra el referéndum. Por estos hechos, se han interpuesto ante los Mossos 161 denuncias que afectan a 412 heridos. De ellos, solo cuatro fueron hospitalizados. Todas las cargas tenían cobertura legal, ya que había un mandato judicial al respecto.

Los trabajos de la comisión especial son impulsados por tres 'consellers': el de Justicia, Carles Mundó (ERC), el de Presidencia, Jordi Turull, y el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, según consta en el propio DOGC.

En esta misma publicación se apunta que los trabajos de la comisión serán independientes pero que la propia Generalitat dará “el apoyo del resto de departamentos” y “ofrecerá la cobertura que se considere necesaria para aclarar los hechos y depurar las responsabilidades en que se haya podido incurrir, tanto ante los tribunales como ante otros organismos”.

Justicia contra Justicia

Es decir, los trabajos de la comisión serán utilizados para que la Generalitat se pueda personar como parte en un proceso legal, si así lo decide la comisión, contra jueces y fiscales que se hayan visto implicados en la clausura de colegios y puntos de votación el pasado 1 de octubre.

La actuación de la comisión no se limitará al uso de la fuerza policial el día de autos, sino también investigará “las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado”. Por tanto, se ampliará a actuaciones previas de la policía que, por ejemplo, puedan entenderse como actuaciones contra la libertad de expresión, como lo fueron el cierre de páginas web o la presión, en diversos grados, sobre los medios de comunicación.

Doble vara de medir

La Generalitat insinúa en la publicación sobre la creación de esta comisión una doble vara de medir en la actuación de la Justicia española, al declarar que “la tarea de la comisión permitirá velar por que el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de usar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales”.

La comisión especial todavía carece de miembros nombrados de manera oficial y se centrará en todas las actuaciones judiciales contra la consulta del 1-O

La Generalitat apunta así a que la Justicia ha sido más diligente persiguiendo las urnas de los independentistas que los delitos sobre los votantes en la consulta soberanista.

En cualquier caso, la creación de la comisión al mismo tiempo que se pide diálogo en la Cámara catalana no augura nada bueno para esta nueva fase del 'procés' que se abre tras la ambigua declaración de independencia de esta semana en el Parlament. Allí, Puigdemont ofreció diálogo a Mariano Rajoy, pero al mismo tiempo se publicaba en el DOGC sus planes para “depurar las responsabilidades de los agentes, de los mandos y de los responsables políticos que ordenaron estas operaciones”. Una incoherencia más en un conflicto lleno de contradicciones. Se pide diálogo, pero cada parte está intentando procesar a la otra en los tribunales.