Artur Mas ya tiene fecha límite para depositar la fianza por la consulta del 9N

El expresidente de la Generalitat Artur Mas tiene de plazo hasta la semana del 18 de octubre para depositar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas por la utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, según precisaron a Europa Press fuentes de la institución.

El Tribunal de Cuentas impuso una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, tres de sus consejeros (Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau), y varios funcionarios del gobierno catalán. Con ello se busca garantiza el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.

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El Confidencial

Como presidente de la Generalitat en aquellos días, Artur Mas es considerado por el Tribunal de Cuentas el máximo responsable y deberá asumir en primera persona los 5.251.948,17 de la fianza si los demás denunciados, entendidos como subordinados, no aportan lo que les corresponde.

4,8 millones más intereses

Los 5,25 millones de euros responden a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Conforme a las normas del tribunal, esta cantidad deberá garantizarse en un plazo de 15 días naturales a partir de la comunicación de la resolución de la instructora de la Sección de Enjuiciamiento. Como la fianza provisional fue comunicada a los abogados el pasado lunes, ese plazo empieza a contar desde el día 26 de septiembre y acaba el 17 de octubre.

Si la comunicación hubiese requerido el envío de un escrito a Artur Mas, dado que es el máximo responsable y debe afrontar el gasto solidariamente, el expresidente podría disponer de un par de días más.

Si no hay afianzamiento, embargo

En todo caso, si el 20 de octubre no ha hecho frente al afianzamiento, el Tribunal de Cuentas podría proceder al embargo de los bienes de los responsables del referéndum ilegal de 2014, es una fianza provisional

Este procedimiento se puso en marcha a raíz de una denuncia interpuesta por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.

Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.