Operación contra la trama del agua en Girona durante la etapa de Puigdemont

La Guardia Civil ha lanzado un operativo a primera hora de esta mañana contra la presunta malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Girona a través de la empresa municipal del agua que afecta a la etapa en la que era alcalde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se prevén registros en tres empresas y en domicilios de directivos del ente municipal del agua. El dispositivo está coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y se produce por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga esta trama desde julio de 2016.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los agentes han entrado en la empresa municipal del agua de capital mixto, Agissa SA; en la empresa privada que controla el 80% de las acciones de ese ente, Girona SA, y en una filial de esta última compañía, Prodaisa SA, también de capital privado. Además, la Guardia Civil está registrando los domicilios de los tres principales implicados hasta ahora. Se trata de Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016; Xavier Ballell, sucesor de Píferrer y director técnico de la empresa pública cuando se produjeron los presuntos desvíos; y el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa y, presuntamente, uno de los grandes beneficiados por el presunto desfalco del Ayuntamiento de Girona.

Las mismas fuentes precisan que los agentes también tienen orden de requerir documentación relacionada con la causa en el consistorio gerundense. Aunque las pesquisas no afectan directamente a Puigdemont, que se encuentra aforado por su actual condición de presidente de la Generalitat, se analiza ya el presunto desvío de fondos durante la etapa en la que fue máximo mandatario de la ciudad (2011-2016). En concreto, el dirigente del PDeCAT habría renovado la concesión municipal del agua a Girona SA introduciendo cambios en el acuerdo que perjudicaban a los consumidores del servicio.

La instrucción arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones. El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.

El informe de la Agencia Tributaria denuncia el proceso que utilizó el Gobierno municipal de Carles Puigdemont para renovar la concesión en 2013

La CUP pidió un aluvión de diligencias para profundizar en el perjuicio ocasionado a los ciudadanos pero no había conseguido ir más allá del papel jugado por estos consejeros. El escenario cambió en junio cuando trascendió que la Agencia Tributaria había elaborado, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa que detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.

El fraude habría empezado en 1998, cuando el entonces alcalde del PSC Joaquín Nadal adjudicó por primera vez el abastecimiento a Agissa. Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria, que fue remitido hace unas semanas al Juzgado número 2 de Girona, también denuncia el proceso que utilizó el Gobierno municipal de Carles Puigdemont para renovar la concesión en 2013. Según fuentes cercanas al procedimiento, no constan los criterios que empleó el actual jefe del Ejecutivo catalán para justificar la prórroga. Ni se pidieron cuentas de las inversiones que Agissa debía haber ejecutado en la red municipal de distribución durante los años anteriores ni se garantizó que se harían obras en los años siguientes. Falló la supervisión pública de un servicio tan esencial como el que prestaba esta empresa mixta.

Además, según Hacienda, el equipo de Puigdemont cambió el sistema de reparto de dividendos pero generó un problema mayor. En concreto, “se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos. […] Pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar —sin ninguna lógica económica— el importe a percibir por el canon derivado del alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, cargando así a Agissa y al consumidor final […] mayor importe de las tarifas que no va a determinar una mejor calidad del servicio puesto que se disminuyen notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones”.

El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.