La Fiscalía General del Estado estudia si hay delito de malversación en el acto del 1-O

Más de 6.000 personas acudieron este jueves al inicio de la campaña del 'sí' al referéndum en Tarragona, donde el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, arrancó su discurso con un "Bienvenidos querellados y querelladas. Nos gusta mucho haber llegado hasta aquí". Los independentistas siguen adelante con el desafío y hacen oídos sordos al Tribunal Constitucional, que ya suspendió hace más de una semana la Ley del Referéndum. Frente a esto, la Fiscalía General del Estado ya tiene el foco puesto en este acto ante la posibilidad de que se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos si el alquiler y organización fue costeado con dinero público.

En una entrevista en COPE, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que "en el acto de ayer puede haber distintas consideraciones desde el punto de vista judicial". En este sentido, ha confirmado que la Fiscalía va a valorar "quiénes" han participado en el acto en la Tarraco Arena, entre ellos no solo Puigdemont sino también el vicepresident Oriol Junqueras y otros pesos pesados del 'procés' como Marta Rovira, Marta Pascal y la alcaldesa 'rebelde' Neus Lloveras, así cómo se ha costeado. "Si para su organización se han utilizado fondos públicos eso tiene su respuesta legal", ha advertido. De ser así, los organizadores se enfrentarían a un delito de malversación de caudales públicos, penado con hasta ocho años de prisión.

Quien vote puede estar "fuera de la ley"

A 16 días para el referéndum, el fiscal general del Estado ha advertido de que quienes participen en las mesas electorales el próximo 1 de octubre podrían estar cometiendo un delito. "Habría que estudiarlo pero se puede hablar de cooperación esencial en un acto ilegal", ha apuntado para añadir que quien acuda a las urnas también podrían estar delinquiendo.

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S.D.

Maza ha denunciado, además, que los catalanes están "como abducidos" y que el Govern no hace otra cosa que "engañar a miles de catalanes". "Les están tratando de convencer de que estos hechos tienen una cobertura legal cuando son delitos", ha continuado para añadir que confía en que el referéndum no se celebre.

Sobre los 712 alcaldes que han sido citados a declarar para recordarles que está prohibido colaborar en la organización del referéndum, Maza ha explicado que el objetivo de la Fiscalía es determinar si han cometido o no delito después de firmar un decreto en el que ponen a disposición de los organizadores locales de titularidad pública. "Solo firmar es un claro ejemplo de comisión de un hecho delictivo", ha apuntado. Así, ha avisado a los alcaldes que colaboren con la justicia de que pueden incurrir en un delito de malversación de caudales públicos y en otros de desobediencia y prevaricación castigados con penas de inhabilitación, lo que les impediría presentarse a las próximas elecciones autonómicas. De ocurrir esto, se mantendrían como alcaldes hasta los comicios de 2019.

Muchos de ellos se han declarado en rebeldía y han anunciado que no acudirán a la Fiscalía a declarar, entre ellos al menos 30 alcaldes de la CUP. Frente a esto, el fiscal general del Estado les ha recordado que de no hacerlo puede incurrir en "una responsabilidad penal" y podrían ser detenidos. "Si no comparecen serán conducidos por las Fuerzas de Seguridad como ocurriría como cualquier otro ciudadano".

Como respuesta a aquellos que consideran que se está judicializando la política, José Manuel Maza señala que el referéndum del 1-O "es un delito" y que, por tanto, "se está dando una respuesta legal". "Luego que haya soluciones políticas me parece muy bien, pero eso a mí no me compete", ha continuado para aclarar que "no estamos ante actos políticos sino ante delitos". Por tanto, el objetivo de jueces y fiscales es "perseguir el crimen".