Puigdemont y su Gobierno se preparan para declararse en rebeldía esta semana

El presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de su Gobierno ya esperan ser inhabilitados durante la próxima semana, una vez que se celebre la Diada, según han confirmado fuentes de la propia Generalitat. La vía que se prevé es la suspensión por la vía ejecutiva del Tribunal Constitucional (TC), que el alto tribunal puede aplicar la suspensión temporal de políticos y cargos públicos que desoigan sus resoluciones, tal y como ha pasado esta semana con la ley del referéndum. En este caso, Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de consellers ya descuentan que tendrán que declararse en rebeldía, una situación sin precedentes en la historia de España.

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Fuentes cercanas a Palau han matizado que declararse en rebeldía sería la réplica a una suspensión total. Y que todavía se espera que el TC aplique una suspensión parcial, limitada a algunas competencias o algunos cargos –por ejemplos, Educación, Mossos d’Esquadra, control presupuestario– pero que no suponga un relevo total de sus funciones. También que la declaración en rebeldía puede llegar para mantener la actividad alrededor del referéndum del 1-O, que ya ha sido vetada en las cautelares de la querella de la Fiscalía.

Igual que a Rajoy, a Puigdemont le preocupa la proporcionalidad en la respuesta. Por tanto, la declaración en rebeldía sólo sería el último escalón de una escalada de tensión que lleva creciendo día tras día desde que los independentistas optaron por sacar adelante la ley del referéndum pese a carecer de base legal para llevar a cabo este trámite.

En el entorno de ERC son más optimistas. En el partido republicano esperan que la suspensión del TC afecte solo a Puigdemont, como primer firmante del decreto de convocatoria del referéndum, pero no al resto del Ejecutivo, si bien sí que alcanzaría a los cinco miembros de la Mesa del Parlament, encabezados por su presidenta, Carme Forcadell.

El TC puede acordar la suspensión en sus funciones de autoridades, diputados o funcionarios públicos. Las suspensiones deben ser acotadas en el tiempo, por lo que no pueden prolongarse indefinidamente. Pero la ventaja de esta vía es que es rápida y entra en vigor de forma automática. En cambio, las querellas de la Fiscalía que se han interpuesto contra el presidente catalán, el resto de consellers y los miembros del la Mesa tardarán como mínimo un año en convertirse en condenas, con todo el peso de la ley, sí, pero no es una respuesta rápida, igual que no lo es la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía.

Por eso el TC es la vía más probable. A menos que Puigdemont y el resto de consellers desafíen las cautelares de la Fiscalía, algo que parece altamente probable. A Rajoy todavía le quedan otros cartuchos jurídicos, como que un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional instruya un proceso contra el Ejecutivo de la Generalitat por “preparativos para la sedición”, lo que implicaría una suspensión cautelar que también entraría en vigor de manera inmediata, según explican fuentes jurídicas y legales de Barcelona. Esta vía se la reserva el Gobierno de Mariano Rajoy por si Puigdemont acabase declarando la independencia de Cataluña.

Reacción del Gobierno

Una declaración en rebeldía de Carme Forcadell, Puigdemont y el resto del Govern sería desacato. No sería el primero, ya que tienen que hacer lo mismo con las medidas cautelares que ha impuesto la Fiscalía. Tras lo cual el Gobierno tendría que detener a los afectados. La baza de la Generalitat para evitar esto es que haya una gran movilización de la ANC y el resto de entidades soberanistas que impidiese de forma física las detenciones.

Rajoy y su Gobierno se cuidarán muy mucho de cualquier salida de tono que pueda alimentar la presión independentista antes de la Diada

La falta de referentes históricos es una ventaja para Puigdemont y los suyos. Si se suspende a la Generalitat… ¿Quién asume la gestión? Por eso en ERC creen que no se optará por esa vía y lo que ocurrirá es que el Ministerio de Hacienda incrementará la presión y el control presupuestario, ya muy alto, sobre la Generalitat.

Jugar con los tiempos

La reacción del Gobierno está siendo muy mesurada. La razón es estratégica. Rajoy y su Ejecutivo no quieren alimentar la movilización de la Diada de este lunes más allá de lo que ya tendrá de salida. Por tanto se esperará a después del lunes para cualquier decisión más ejecutiva, que es la que están esperando Puigdemont y sus consellers. Mientras tanto, el tono será de respuesta firme pero serena. No habrá detenciones hasta después de la Diada.

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Mientras los independentistas quieren encender a las masas, el Gobierno del PP aspira a desactivarlas. La partida ahora ya no se jugará en los pasillos de mármol del Parlament. La siguiente fase será de movilización en las calles. Este pulso puede empezar después del 1-O o antes, si el Gobierno consigue evitar el referéndum y la respuesta a estas medidas es la protesta en la calle.