¿Están imprimiendo empresas locales material electoral para el 1-O?

Una pequeña empresa de artes gráficas de Constantí (Tarragona) estaría ya imprimiendo las documentos de apoyo para el referéndum catalán. Estos documentos son cuadrículas que se usarían en las mesas de votación para rellenar los nombres de los votantes y también instrucciones para los miembros de las mesas electorales. Así lo ha desvelado la web de información local 'Diari La República', que incluso ha accedido a los listados. Fuentes de la Generalitat, en concreto del departamento de vicepresidencia, al que se ha encargado la ejecución de la consulta del 1-O, han negado cualquier conocimiento de este encargo.

La empresa que está asumiendo este trabajo es Indugraff Offset, una pequeña sociedad de 38 trabajadores que forma parte de un conglomerado de comunicación local, entre los que se encuentran la sociedad Pompeu Girona o Prensa Leridana SL.

En estos materiales de apoyo, en la cabecera de estos folletos que ya se están imprimiendo, se puede leer: “Referéndum de autodeterminación de Cataluña 2017”, seguida de “Lista numerada de votantes”. Pero es una lista que deben rellenar los miembros de las mesas a medida que la gente vote. No hay nombres ni se recoge información censal.

Según apunta la web que ha desvelado esta actividad, el trabajo podría haber sido encargado por la revista 'El Vallenc', un semanario de capital privado que actúa como portavoz oficioso del Ayuntamiento de Valls. El editor de 'El Vallenc' es Francesc Fàbregas, y su hija, Judit Fàbregas, es la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valls, por el PDeCAT.

El alcalde de Valls es Albert Batet, además de diputado del PDeCAT en el Parlament. Batet ha negado cualquier conocimiento de estos trabajos de impresión y ha descartado relación alguna de la revista con los mismos. Sin embargo, el editor Francesc Fàbregas es muy conocido por la Generalitat de Cataluña, ya que desde el año pasado es el presidente de la Asociación Catalana de Prensa Comarcal y Local.

La situación en Valls, a 17 kilómetros al norte de Constantí y también a 23 kilómetros de Tarragona, reflejaría un 'modus operandi' de la Generalitat para empezar a organizar el referéndum: ir avanzando los trabajos del referéndum fragmentándolo entre pequeñas ciudades como Valls (Tarragona), de marcado tono independentista y donde el PDeCAT, los restos de Unió y la CUP configuran la mayoría soberanista.

Sin fondos de la Generalitat

Los costes organizativos estarían siendo asumidos por empresas vinculadas a administraciones del entorno independentista, pero no por la Generalitat, la cual, sin embargo, sí se anuncia en 'El Vallenc'. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaría diciendo la verdad cuando aseguró que “ni un euro se está dedicando al referéndum”. Hacienda tiene controlado el gasto de la Generalitat a través de su dependencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Pero el dinero no estaría viniendo de las arcas públicas de la Generalitat. Se habría fragmentado localmente y asumido por empresas privadas. Esto evitaría caer en el delito de malversación de fondos públicos.

Sin embargo, las empresas que se prestasen a este juego sí que se incurrirían en otros delitos. Entre ellos el delito electoral, ya que ni el contratante ni el contratado pueden emular material electoral. Pero no se estaría violando la Ley de Protección de Datos, ya que no se utilizan los datos de votantes del censo, en concreto en estos materiales. Sin embargo, en la votación sí que habrá que cotejar estos listados que se elaboren en las mesas cuando la gente acuda a votar, con un listado censal. Todo eso obviando los diversos avisos del Tribunal Constitucional (TC) sobre la organización del mal denominado referéndum sobre la independencia.

Centrifugar la responsabilidad

Dicha estrategia también estaría basada en centrifugar la responsabilidad de la organización del referéndum hacia terceros. Sin órdenes escritas, serían los miembros de la sociedad civil los que estarían asumiendo el riesgo legal de una consulta que el TC ha calificado de ilegal. No puede descartarse que lo que está pasando en Valls y Constantí también esté aconteciendo en otros ayuntamientos de marcado sesgo independentista. Se trata de impresiones cortas, baratas y por tanto económicamente asumibles por pequeñas empresas privadas pero muy vinculadas a las administraciones. Los ciudadanos asumirían la responsabilidad legal y los políticos instigadores se irían de rositas.