reclamó explicaciones en 48 horas

El Gobierno fiscalizó las cuentas tras detectar un desvío de 6.150 euros para el 'procés'

La partida que detectó Hacienda el mes pasado fue la causa por la que este viernes el Ejecutivo de Rajoy ha decidido controlar los gastos del Gobierno de Cataluña

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (EFE)

Este martes, el Gobierno remitió a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, una carta requiriendo explicaciones sobre un desvío de 6.150 euros bajo el epígrafe Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristobal Montoro, había detectado a finales del mes de junio y que estaba destinado para la organización del referéndum del 1 de octubre.

En la carta, firmada por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se le solicita a la interventora de la Generalitat explicaciones detalladas sobre a qué se corresponden esos gastos. Los mismos, suscitaron el interés de Hacienda después de que en la citada partida se contemplara un importe de 19.730 euros, pero en la misma se registraban unos gastos que ascendían hasta los 25.520 euros.

Este viernes, y pasadas las 48 horas de plazo que la cartera dirigida por Cristobal Montoro le dio a la Generalitat, todavía no había recibido respuesta alguna. De ahí que este viernes la comisión delegada de Asuntos Económicos decidiera endurecer el control de las cuentas catalanas.

A partir de ahora, los interventores y asimilados de la Administración autonómica certificarán ante Hacienda que no hay ninguna partida que esté siendo destinada a un gasto electoral que esté relacionada con el referéndum. El Ejecutivo suspenderá la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico en caso de que se nieguen a aportar esta información o admitan que sí existe este desvío.

En la misiva, Hacienda recuerda que el pasado 5 de julio, el Tribunal Constitucional tumbó las partidas reflejadas en los Presupuestos catalanes que estaban fijadas a financiar el referéndum sobre la independencia. En concreto, se anuló la disposición adicional 40 del texto, en la que se reflejaban las cantidades destinadas a la consulta secesionista "sobre el futuro de Cataluña".

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