La Generalitat asciende al primer alto funcionario que recela del referéndum

Hace dos semanas, el secretario general de Governació, Francesc Esteve i Balagué, hasta ahora número dos de la 'consellera' Meritxell Borràs, estaba amenazando con su dimisión recelando de los planes para el referéndum, según explican fuentes del Palau de la Generalitat. Esta semana, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha atajado la vía de agua con un cambio de fichas: ha sacado a Esteve de Governació y le ha dado un puesto mucho más jugoso en un sentido y protegido en otro: director del gabinete jurídico de la Generalitat.

La jugada es doble: por un lado, le otorgan a Francesc Esteve más dinero. Según el portal de Transparencia de la Generalitat, Esteve pasará a percibir 109.314 euros brutos anuales, una subida salarial del 28,7% en comparación con su cargo anterior. Por otro, saca al renuente Esteve de los puestos de ejecución del referéndum, como era la secretaría general de Governació. En resumen: le suben el salario y lo libran de la primera línea de fuego, en un puesto mucho menos expuesto cara a una futura inhabilitación.

Las reticencias de Esteve empezaron la primera semana de junio, cuando la Generalitat constituyó deprisa y corriendo la mesa de contratación para la compra de las urnas para el referéndum. Los funcionarios de carrera se habían negado a integrar este órgano, porque los números para acabar inhabilitado son muy altos. De manera que Puigdemont recurrió a cargos de designación directa. Se escogió para estos puestos 'malditos' a la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Massó; al de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala, y al también secretario de Administraciones Locales, Joaquim Ferrer. El grupo se complementó con la presencia de Francesc Esteve, quien viendo el choque de trenes que se avecinaba, ha preferido saltar del vagón. Esteve ya tiene una querella de la Fiscalía por la compra de las urnas.

Fuentes internas de la 'conselleria' explican que los recelos de Esteve se centraban en que no solo era un cargo de libre designación. También se trata de un funcionario de carrera que arriesgaba toda su trayectoria. Esteve había sido coordinador general del Ayuntamiento de Mataró y antes en Premià, donde todavía tiene plaza. Por tanto, se jugaba mucho.

Entre los argumentos que se han puesto encima de la mesa para convencerle de su continuidad, está su buen nombre en el partido. Francesc Esteve es hijo de Salvador Esteve, un alto cargo histórico de CDC que llegó a ser presidente de la Diputación de Barcelona. La presión sobre los funcionarios es mucha. Y en este momento nadie quiere aparecer como el traidor, según explican fuentes de la Generalitat conocedoras de los tira y afloja con Francesc Esteve.

Jugada de billar

Puigdemont ha movido pieza con gran habilidad. Ha apartado de los servicios jurídicos a Margarida Gil, una persona cercana a Artur Mas. Gil, precisamente, fue la persona que impulsó que la Generalitat se retirase en el caso Palau. ERC le había puesto la proa a Gil desde entonces. Así que, con el cambio, Puigdemont ofrece un sacrifico humano a su vicepresidente, Oriol Junqueras.

Pero Margarida Gil es la esposa de Jordi Jané, el 'conseller' de Interior y uno de los más críticos con la forma en que la Generalitat está afrontando la unilateralidad. La foto de Jané en el Pati del Tarongers, cuando Puigdemont anunció la fecha y pregunta, habla por sí sola. Así que tampoco se podía castigar a Gil. Puigdemont lo ha solucionado enviándola como consejera al Consell de Garanties Estatutàries, el organismo que ya dijo que los últimos Presupuestos de la Generalitat eran inconstitucionales por incluir partidas para el referéndum.

ERC quería apartar a la mujer del 'conseller' de Interior, Jordi Jané, de la dirección de los servicios jurídicos y se ha aprovechado el cambio para ello

A Esteve le sustituirá en el cargo Meritxell Massó, que como ya forma parte de la Mesa de Contratación de la compra de las urnas no ve empeorar su situación legal por la designación. Massó deja su cargo en Administración y Fundación Pública y su puesto lo cubre Ester Obach, una economista formada en Esade y que había sido subdirectora de Análisis en la Conselleria de Empresa.

Órdenes por escrito

Mientras, los sindicatos de funcionarios están indicando a sus cuadros que cualquier orden que reciban sobre el referéndum se les encargue por escrito. Nadie se quiere jugar el cargo. Ni los de arriba ni los de abajo.

La solución que ha encontrado Puigdemont para evitar este escollo, del que ya había informado El Confidencial, es crear una bolsa de voluntarios para organizar la consulta sin recurrir a cargos públicos. Hacen falta 4.000 personas. Una votación contra la que el Tribunal Constitucional ha advertido en repetidas ocasiones.