“CATALUÑA REBAJA SU CALIDAD DEMOCRÁTICA”

El Parlament apunta a un pleno el 15 de agosto para aprobar la 'desconexión'

Los independentistas hurtan el derecho de la oposición al debate previo a cualquier aprobación de textos legales y, esencialmente, vetan la presentación de enmiendas a la ley

Foto: Una pequeña urna de cartón en el escaño vacío de la diputada y 'exconsellera' Irene Rigau. (EFE)
Una pequeña urna de cartón en el escaño vacío de la diputada y 'exconsellera' Irene Rigau. (EFE)

El rodillo independentista funciona a la perfección. La ponencia fantasma para la reforma del reglamento de la Cámara ya está ‘ajustada’ y solo faltan algunos flecos para que esa reforma sea una realidad. Lo que permitirá los cambios será poder presentar las leyes de desconexión —y especialmente la Ley de Transitoriedad Jurídica— en un pleno en el que, tras la lectura única de ese texto, se vote. El verdadero fin, señalaron varias fuentes de la oposición a El Confidencial, es “poder iniciar el nuevo curso político el 15 de agosto. Y mucho nos tememos que en esa misma fecha se presente la ley de ruptura por sorpresa para después convocar el referéndum”. Así, cuando media España disfruta de vacaciones, los independentistas piensan sacar rédito del solaz e iniciar los trámites del ‘divorcio’, aunque ello no suponga ya ninguna sorpresa.

Pero el calendario aprieta y a los independentistas se les echa el tiempo encima. La lógica dice que la reforma del reglamento puede quedar aprobada definitivamente dentro de 15 días. Y ello a pesar de que la lógica no funciona en toda su normalidad dentro del territorio catalán. A partir de ahí, JxS y la CUP pueden presentar su ley de desconexión en cualquier momento, siempre teniendo en cuenta que la oposición presentará recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que tiene un mes para pronunciarse. De ahí que, si no presentan la Ley de Transitoriedad ni en junio ni en julio, pretendan adelantar el curso político al 15 de agosto para ganar tiempo. Con el recurso de la oposición, se debería tener todo a punto para mediados de septiembre, una vez sustanciados ya los recursos de la oposición.

Con la sesión de ayer martes, los independentistas despejan el camino hacia su Ítaca. Y, de paso, hurtan el derecho de todos los partidos de la oposición al debate previo a cualquier aprobación de textos legales y, esencialmente, vetan la presentación de enmiendas a la ley. Derecha, izquierda y centro se quejaron ayer de la poca democracia en Cataluña y de la ‘apisonadora’ secesionista. A partir de ahora, las instituciones catalanas entran en situación de “excepcionalidad democrática”. Es el sentir unánime de toda la oposición, que es también unánime al sentenciar que a partir de que la reforma entre en vigor quedará expedito el camino para “futuras y eventuales cacicadas”, tal y como expresó el ecosocialista Joan Coscubiela.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

Eva Granados, portavoz del PSC, señala a El Confidencial que los independentistas “quieren cambiar las reglas del juego cuando el juego ya está empezado. Hasta hoy, no ha habido ninguna reforma del reglamento del Parlamento que no se haya hecho por unanimidad. De ahí que sea inaudita una situación como la actual”. Para Granados, “se trata de una reforma al servicio de un objetivo partidista, político, no para que funcione mejor el Parlamento”.

El rodillo independentista es tal que tanto JxS como la CUP votaron no a una enmienda totalmente inocua: a pesar de que haya lectura única de las leyes, cualquier diputado podrá presentar recurso ante el CGE. Pues los independentistas votaron que no, anulando los derechos innatos que tienen no solo los diputados sino los grupos parlamentarios. Una situación tan desconcertante como la definición de democracia a la que apelan los independentistas: ahora pretenden que los diputados no tienen derecho a recurso ante una ley que presenten por lectura única.

Críticas unánimes

El portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, por su parte, señala también a este diario que JxS y la CUP “han aplicado el rodillo para aprobar las normas tal y como quieren”. Los pasos de los independentistas, asegura, van encaminados a que se pueda facilitar un pleno del Parlamento catalán el 15 de agosto. “¿Si en esa fecha pueden presentar la ley de deconexión? Puede ser. De lo que no hay duda es de que por cuestiones de su agenda quieren comenzar el curso político en esa fecha”. Además, de ese modo dificultarían la presentación de recurso al CGE. Pero, en todo caso, habría un mes hasta que este emitiese un veredicto, por lo que a partir del 15 de septiembre tendrían luz verde para dar el siguiente paso. O sea, para el referéndum. En definitiva, los pasos independentistas van encaminados a burlar a la democracia.

El Parlament apunta a un pleno el 15 de agosto para aprobar la 'desconexión'

Ante esta situación, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), Joan Coscubiela, señala que “no se puede avanzar en nuevos hitos democráticos menospreciando y pisoteando los derechos democráticos de los que no comparten tus objetivos”. Y no solo eso: la oposición pidió ayer un informe a los letrados de la Cámara catalana, pero JxS y la CUP, unidos, lo evitaron. “Parece que le molestan los derechos democráticos de las minorías”, se quejó el portavoz de CSQEP.

El dirigente ecosocialista advirtió a los independentistas de que “si se aprueba el reglamento que han impuesto, el Parlament verá degradada su calidad democrática”. De ser así, pese a lo que digan los independentistas, “habrá un régimen mucho menos democrático que el que tienen el Congreso de los Diputados y los otros parlamentos autonómicos”. En ese punto, coincide con la socialista Eva Granados, que recalca: “Nuestras enmiendas iban dirigidas a garantizar que si se hacen lecturas únicas de leyes, pueda haber unas garantías. En otros parlamentos, por ejemplo, existe esa norma de lectura única, pero ha de aplicarse con mayorías cualificadas. En nuestro Parlament, para modificar el Estatuto o para el nombramiento de determinados cargos públicos, existe la obligación de contar con una mayoría cualificada. ¡Y ahora resultará que para anular el Estatuto o la Constitución bastará con una mayoría simple! No tiene sentido”.

Alejandro Fernández, portavoz del PP, por su parte, señala a este diario que JxS y la CUP están cometiendo un “fraude democrático”. Y señala que “ni en España ni en ninguna democracia europea se ha procedido nunca a la reforma de un reglamento con la mitad más uno. En los últimos 15 años, en Cataluña hubo cuatro reformas y todas se hicieron por unanimidad. Y en España, aunque el PP y el PSOE han tenido diversas mayorías absolutas, jamás acometieron cambios en los reglamentos, porque así son las reglas del juego. Lo peligroso es que esta reforma se hace para poder aprobar una sola ley, cuando el reglamento debe ser una norma que está por encima de las mayorías coyunturales”.

En Europa no hay antecedentes de reformas similares recientes, solo hay constancia de una reforma por la mínima en el siglo pasado: en marzo de 1933 se realizó una reforma exprés del reglamento del Reichstag para que se pudiesen aprobar leyes que vulneraban la constitución. Al mismo tiempo, la reforma eliminaba la necesidad de tener un determinado quórum para poder sacar adelante los textos legislativos, con lo que dinamitaba la estrategia de la oposición, que pensaba ausentarse de los plenos para que no hubiese quórum suficiente.

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