vilobí: poca transparencia bajo la estelada

El pueblo de la izquierda 'indepe': se suben el sueldo el 61% y enchufan a los amigos

Las remuneraciones de los cargos electos en Vilobí d’Onyar han pasado de 57.200 euros en 2015 a 92.200 en el presente ejercicio, lo que representa un incremento del 61,2%

Foto: Vista general de Vilobí d'Onyar. (AraceliMerino, Wikimedia)
Vista general de Vilobí d'Onyar. (AraceliMerino, Wikimedia)

Asesores a porrillo, adjudicaciones sorprendentes, gastos disparados, presupuestos abultados y justificaciones desde todas las vertientes políticas. La localidad gerundense de Vilobí d’Onyar, en cuya fachada ondea la ‘estelada’ (bandera independentista) “hasta que Cataluña se independice”, está camino de convertirse en un polvorín. Vilobí es la localidad donde se asienta el aeropuerto de Girona-Costa Brava y cuenta con 3.200 habitantes. En las últimas elecciones autonómicas, una candidatura independiente bajo las siglas GMI, cuya líder, Cristina Mundet, está vinculada a la izquierda independentista, desalojó de la alcaldía a Convergència. Los recién llegados prometieron transparencia, pero ahora comienzan a aflorar un reguero de irregularidades.

Lo más llamativo es que los gastos de personal del Ayuntamiento se han disparado desde 2015 de 1.017.044 euros a 1.158.856 euros en el presente año. Y las remuneraciones de los cargos electos pasaron de 57.200 euros aquel año a 92.200 euros en el presente ejercicio, lo que representa un incremento del 61,2%. Olga Guillem, portavoz de Convergència en el consistorio, señala a El Confidencial que estos aumentos se han realizado “sin ningún tipo de dedicación, ni exclusiva ni parcial.

Mapa de ubicaci?n

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Comunicación, Josep Borrell, contesta que “desde antes de llegar al Ayuntamiento habíamos dicho que no queríamos a nadie con dedicación exclusiva, porque eso carga mucho las arcas en un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. La ley nos permite cobrar remuneraciones por asistencia a plenos, a reuniones, a comisiones y a órganos colegiados, como el consejo comarcal. Antes había personas en nómina, como la alcaldesa y algún otro cargo y ese dinero no se cargaba en la partida de cargos electos. En cambio, ahora toda la masa salarial de remuneraciones de cargos se incorporan a esa partida en vez de a la de gastos de personal, y de ahí que se haya disparado”.

Pero lo cierto es que el capítulo de personal también se ha disparado en más de 140.000 euros. Ese capítulo, afirma el concejal, ha subido mucho porque “hemos hecho una regularización de puestos de trabajo. Había mucho personal que estaba infravalorado y adecuamos las retribuciones y las categorías a su labor. Es un proyecto que nos hizo una consultora y hemos aplicado la reestructuración de salarios. Por tanto, la subida no ha ido a altos cargos, sino a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento”.

El equipo de Gobierno, en cambio, cobra por asistencia a las reuniones de grupos a razón de 250 euros las juntas, los lunes de 9 a 10. “La alcaldesa, por su parte, añade una reunión a solas con su secretaria los miércoles, por la por la que se embolsa 350 euros más y con la que está aproximadamente una hora”, acusan desde la oposición. Por contra, el dinero destinado a asociaciones del pueblo pasó de 121.000 euros en el 2015 a 107.517 euros en el 2017, mientras la recaudación por IBI se disparó de 578.000 euros a 726.687 euros en el presente ejercicio. Todo ello, según los datos de la oposición, aunque desde el Ayuntamiento se justifican las partidas.

Según los datos del GMI, en 2016, el consistorio se ahorró 17.837,40 euros de Seguridad Social, puesto que ahora ya no se paga nada por este concepto. ¿Significa que no se cotiza? La explicación dada desde el consistorio es que no se cotiza porque “no tenemos derecho a bajas laborales ni a vacaciones ni a pagas dobles ni a cobrar el paro. Y porque no queremos cargar un gasto inútil al consistorio”. Pero dos fuentes distintas de la oposición señalan a El Confidencial que, en realidad, la partida destinada a remuneraciones de cargos electos ha aumentado, por lo que el dinero sale igualmente de las arcas públicas, “lo que pasa es que antes se iba a la Seguridad Social y ahora se va a sus bolsillos”.

Asesores a mansalva

Las anécdotas son jugosas. La alcaldesa contrató el 9 de julio del año pasado como asesor a Miquel Àngel Bagué y a su empresa, La Crossa Disseny. Su función debía ser la de “colaborador no concejal adscrito a Comunicación” y se le daban responsabilidades en el área de Turismo para la “potenciación y promoción de los activos del municipio”. Pero la empresa en cuestión se dedica a “delineación, proyectos mecánicos y manipulación de prototipos, fabricación de los mismos, importación, comercialización y venta de productos para personas discapacitadas”. En definitiva: según la oposición se dedica a fabricar sillas de ruedas y cabe preguntarse “si verdaderamente es necesario el asesoramiento del señor Bagué en materia de promoción turística y su presencia en las juntas de gobierno”. Claro que Bagué iba de número 8 en la lista electoral del GMI. Curiosamente, el consistorio también contrató a otro asesor en turismo, Josep Casassayas, por 4.356 euros a mediados del año pasado.

A. Fernández. BarcelonaA. Fernández. Barcelona

Borrell señala que el contrato con este último “fue sobre una actuación concreta. Y con Bagué, la explicación es sencilla: cuando llegamos, nombramos a dos asesores, que estuvieron un año sin cobrar. El año pasado, les dijimos si querían cobrar. Uno dijo que no y otro aceptó pasar unos cargos aunque fuesen por dietas. Él es ingeniero y, a la hora de facturar, poco más de 1.000 euros, lo hizo a través de su empresa. Es cierto que el objeto social no coincide con la labor que él desempeñaba y eso es un error nuestro, pero no ha habido mala fe. Nos ha pasado por inexperiencia”.

Recientemente, según denuncian desde algunas instancias cívicas de la localidad también fueron nombrados tres asesores, aunque, según el GMI “sin nómina, con derecho a asistir a las juntas de Gobierno porque creemos que su criterio y experiencia y su aportación personal son muy positivas”. También aduce el equipo municipal que “la crítica fácil y sin memoria se ha instalado entre los miembros de la oposición”. Y afirman que en la legislatura anterior, de enero a diciembre de 2014, los salarios de Gobierno y oposición supusieron un desembolso de 108.400 euros, mientras que de octubre de 2015 a septiembre de 2016 los emolumentos fueron de solo 94.562,47 euros. Además, la percepción de los grupos políticos bajó también de 4.400 a 3.850 euros.

La oposición recrimina también al equipo de Gobierno que a finales de 2015 encargó una “auditoría de los puestos de trabajo y servicios”. “Hasta aquí, todo correcto –dice Convergència en su boletín local–, si no fuese porque la empresa contratada, a dedo, es la empresa donde trabaja una integrante del grupo GMI (quizás aquí ha faltado la transparencia de la que tanto presumen). Esta auditoría en cuestión ha tenido un coste para el Ayuntamiento de 9.510 euros”. El portavoz municipal matiza que la trabajadora “no es exactamente de nuestro grupo, sino de ERC, pero además no es propietaria de la compañía ni tiene responsabilidades directivas”.

A. Fernández. BarcelonaA. Fernández. Barcelona

Asimismo, les acusan de contratar en julio del año pasado a la empresa Seed Consultoría, Formación y Comunicación para confeccionar un “catálogo de puestos de trabajo”, por el que se pagaron de las arcas públicas 6.292 euros más. Según Josep Borrell, “la adjudicación de la auditoría se realizó mediante un procedimiento abierto y en él participó la oposición”. Por otra parte, Josep Matas fue contratado como “asesor en materia de transparencia” en abril del 2016 y se le pagaron por ello 1.550 euros, a los que hay que añadir los impuestos. En materia de servicios informáticos “en transparencia” y en la confección de la web municipal, el consistorio realizó dos contratos con la empresa Josep Cusachs Albó SL que le costaron en su conjunto 13.768,59 euros.

Los ‘presupuestos participativos’

La última decisión crítica es muy reciente: el Gobierno municipal decidió disponer 25.000 euros para un “presupuesto participativo”, es decir, una cantidad que será gastada en lo que los ciudadanos elijan, aunque la palabra final la tendrán “los técnicos del Ayuntamiento”. Pero para ‘vender esta idea’, la alcaldesa contrató por 4.416,5 euros a la empresa Neopolis como “apoyo externo para el diseño y dinamización de los presupuestos participativos”. En la factura se incluye una partida de 175 euros en concepto de kilometraje.

En noviembre el Ayuntamiento colgó en su página web un llamamiento para asistir a la concentración que tuvo lugar en Barcelona el domingo día 13

Curiosamente, nada más llegar al poder, la ANC regaló a la nueva alcaldesa una ‘estelada’ (bandera independentista). Uno de los primeros acuerdos del nuevo equipo de gobierno fue llevar el tema al pleno para colgarla en la fachada de la casa consistorial. “La bandera ‘estelada’ es la de combate, la de lucha por la independencia de Cataluña”, dice el acta en el que se aprobó la medida. Así, se comprometieron a mantener colgada aquella bandera “hasta alcanzar la independencia de Cataluña”. El pleno aprobó también que esa bandera se sustituiría por la oficial, la ‘senyera’, el día en que Cataluña se separe de España. Acto seguido, el pleno aprobó una moción que reconoce oficialmente el día de Sant Joan como la Fiesta Nacional de los Països Catalans.

El municipio es uno de los que más se ha hecho notar en las movilizaciones a favor del ‘procés’. En noviembre el Ayuntamiento colgó en su página web un llamamiento para asistir a la concentración que tuvo lugar en Barcelona el domingo día 13 “por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”, un acto de protesta a favor de Artur Mas y la cúpula de su Gobierno (la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero y portavoz Francesc Homs y la exconsejera Irene Rigau), de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de un reguero de alcaldes y concejales. En la web, reproducía un cartel de la ANC, que fletó autocares para ir a la capital catalana, a un precio de 8 euros. La inscripción no se hacía en ninguna sede de la Asamblea, sino en las oficinas del propio Ayuntamiento.

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