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La Generalitat ya se plantea dejar en manos de la ANC un 'pseudo referéndum'
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paralizado por la presión legal

La Generalitat ya se plantea dejar en manos de la ANC un 'pseudo referéndum'

Campañas como la del sí o la de defensa del referéndum ya han sido asumidas por entidades sociales para evitar la presión que la Fiscalía está ejerciendo sobre los funcionarios

Foto: El presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sánchez. (EFE)
El presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sánchez. (EFE)

La Generalitat ya se plantea externalizar el referéndum y dejarlo en manos de organizaciones sociales, como la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) u Òmnium Cultural, ante la imposibilidad de que la Administración catalana pueda tomar decisiones operativas, según han explicado fuentes de diversas 'consellerias' y del entorno independentista. La razón: la presión de la Fiscalía y la amenaza de inhabilitación que pesa sobre los funcionarios que colaboren con la convocatoria.

De hecho, ya está ocurriendo con la campaña a favor del sí, que se ha puesto en marcha sin que se haya convocado el referéndum ni se haya anunciado la pregunta. Aunque la mayoría de los medios en Cataluña están hablando de que “aparecen síes gigantes”, lo cierto es que se trata de una campaña impulsada por la ANC. 'La Vanguardia' publicó que la ANC ha gastado 200.000 euros en esta campaña del sí, que ha sido promocionada en redes sociales entre otros por el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, o el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Lo mismo ha pasado con otra campaña en los autobuses de TMB bajo el lema 'Porque es mi derecho, vota referéndum'. Tampoco la paga ni la ha impulsado la Generalitat, sino que la ha llevado a cabo el Pacto Nacional por el Referéndum, un colectivo que apoya estrictamente la realización de la consulta, sin decantarse por el sentido del voto, y que agrupa personas más allá de su alineación con partidos políticos concretos.

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Por tanto, hay movilización. Pero, mientras, en la Generalitat, ni siquiera se han comprado las urnas. La 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, sigue esperando para hacerlo la orden por escrito del vicepresidente, Oriol Junqueras. Y continúan los problemas con los proveedores informáticos. Además, los interventores de cada 'conselleria', funcionarios de alto nivel, se niegan a avalar órdenes que puedan contravenir la legalidad vigente. Solo Rosa Vidal i Planella, la interventora general, está perfectamente alineada con los designios de Puigdemont, según explican fuentes de la Conselleria de Economía, de la cual depende. Pero Rosa Vida es independentista y tiene 63 años. Se juega poco si la inhabilitan, no como el resto de sus compañeros del Cuerpo Superior de Interventores de la Generalitat, una casta de altos funcionarios de la Administración catalana especialmente privilegiada.

Presiones a Puigdemont

Ante esta situación, diversos 'consellers' están pidiendo a Puigdemont que contemple la posibilidad de convocar el referéndum, pero delegar su ejecución a las entidades soberanistas que no forman parte de la Administración catalana. Alegan que la ANC y el resto de asociaciones de corte soberanista han demostrado una gran capacidad logística en cada 11 de septiembre.

Puigdemont duda, según las fuentes consultadas. Por eso, hoy mismo celebrarán un acto de “compromiso con esta consulta”. Puigdemont se maneja bien en el territorio simbólico, pero lo cierto es que ni siquiera se ha formulado una propuesta de pregunta. La campaña a favor del sí de la ANC ha sido un éxito en redes sociales pero se está pidiendo a los catalanes que respondan afirmativamente cuando ni siquiera saber exactamente a qué han de decir que sí.

Mientras, en la Administración, altos cargos como directores generales o secretarios generales están abriendo consultas con Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, para establecer sus responsabilidad legal sobre muchos estudios que se encargan con denominaciones genéricas pero que en realidad son trabajos de consultoría para organizar entes o estructuras políticas en la futura Cataluña independiente. Ante el momento decisivo, hay muchas dudas.

Problemas de la propuesta

Entre los problemas que tiene esta propuesta se encuentra la cuestión del reconocimiento internacional, que tanto ha reclamado la propia Generalitat. Que la ANC sea la entidad organizadora resta neutralidad al evento y convierte el futuro referéndum en algo muy parecido a aquellas votaciones que se llevaban a cabo por los ayuntamientos catalanes, más de 500 entre 2009 y 2010, comenzado por Arenys de Munt y culminando en Barcelona. Parecido, pero a una escala mucho mayor.

La fórmula que propone Puigdemont es que la convocatoria del referéndum la firmen de manera solidaria todos los 'consellers' de la Generalitat

Esta alternativa de externalizar la consulta serviría para no arriesgar inhabilitaciones masivas del funcionariado catalán —en su mayor parte de simpatías convergentes—, pero no evitaría que todo el Consell Executiu, incluyendo Puigdemont y Junqueras, quedase sancionado y sus carreras políticas comprometidas, puesto que el presidente catalán ya ha propuesto que todo el Govern firme de manera conjunta y solidaria la convocatoria.

Tampoco solventa otro de los problemas que más preocupan a Junqueras: la representación de los partidarios del no. Esta cuestión está muy lejos de ser resuelta. Y entre los catalanes partidarios de seguir en España, la ANC no cuenta con mucho predicamento. Y la misma es necesaria tanto en la organización como en el equivalente a lo que sea una 'junta electoral' para que en foros internacionales un acto como este pueda contar con algún tipo de reconocimiento.

La Generalitat ya se plantea externalizar el referéndum y dejarlo en manos de organizaciones sociales, como la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) u Òmnium Cultural, ante la imposibilidad de que la Administración catalana pueda tomar decisiones operativas, según han explicado fuentes de diversas 'consellerias' y del entorno independentista. La razón: la presión de la Fiscalía y la amenaza de inhabilitación que pesa sobre los funcionarios que colaboren con la convocatoria.

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