La presión de la Fiscalía bloquea la gestión de la empresa de informática de la Generalitat

La presión de la Fiscalía sobre las empresas proveedoras de servicios informáticos de la Generalitat está bloqueando el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI). Esta sociedad pública es la que contrata a los proveedores, que se están mostrando reticentes a colaborar en cualquier actividad que pueda suponer un delito, como por ejemplo la organización del referéndum, según explican fuentes del sector de telecomunicaciones en Cataluña.

El CTTI es una empresa pública con más de 240 trabajadores y que factura 300 millones anuales. Su posición es clave porque es la que contrata a terceros para desarrollar las denominadas “estructuras de Estado”. En el entorno de contratos marco, la estrategia del CTTI para eludir la legislación vigente es encargar diversos trabajos a los proveedores por separado que se montan en el propio CTTI como piezas de un puzle que luego arrojan otro resultado.

Precisamente es ese tipo de actuaciones las que la Fiscalía quiere acotar, tanto cara a la nueva Agencia Tributaria como a la futura celebración del referéndum, según han apuntado fuentes jurídicas conocedoras de la actuación de la Audiencia Nacional. Pero es justo esa presión la que amenaza con bloquear no solo determinadas actuaciones específicas sino todo el contrato marco, de cuya flexibilidad depende el grueso de las implementaciones y las actualizaciones informáticas que necesita la administración catalana.

Entre las empresas que han recibido el requerimiento se encuentran diversos proveedores de la Generalitat como la UTE Nexica-Unitecnic (esta última filial de Mediapro), Indra, o T-Systems, entre otras. A las empresas, además, se les ha solicitado los nombre de altos cargos o funcionarios que participan en las reuniones o en los grupos de trabajo concretos. Es decir, en la práctica se está elaborando una listado de personal público susceptible de ser inhabilitado.

En el caso del CTTI, el mayor riesgo lo corre sería Josuè Sallent, director de Estrategia e Innovación de la empresa. No es un funcionario de carrera, sino una persona de confianza del vicepresidente Oriol Junqueras, que es el responsable de la organización operativa del referéndum.

El peso político en el CTTI es grande: la presidencia del consejo de administración de la empresa recae en la número dos del Govern, Neus Munté

En el CTTI nadie quiere decidir nada en este momento y con el nuevo marco. Además, las máximas responsabilidades son políticas. La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de la Presidencia, Neus Munté, es también la presidenta del CTTI. Y la consellera de Governació, Meritxell Borràs, ocupa la vicepresidencia.

Búsqueda de alternativas

Tanto el presidente Carles Puigdemont como Junqueras siguen con la firme voluntad de celebrar el referéndum. Pero en el 'sottogoverno' de la Generalitat ya se da por hecho que no será posible celebrar la consulta. Que además de problemas con los proveedores informáticos hay dificultades a la hora de establecer los puntos de votación, precisamente por la falta de voluntad de los funcionarios, también temerosos de futuras inhabilitaciones. Justo por esas dificultades Junqueras prefiere fijar la pregunta y la fecha en junio y hacerlo a finales de septiembre, posiblemente el domingo, 1 de octubre, según apuntas fuentes del PDeCAT.

Entre las alternativas que se estudian para el CTTI es la de contratar los servicios vinculados al referéndum una semana antes del mismo. Aún así seguiría imperando la mayoría de las reticencias de las empresas proveedoras, ahora que están advertidas de manera preventiva de la ilegalidad de la actuación. Esta circunstancia se soslayaría recurriendo a una empresa extranjera con nula o escasa presencia en España.

Respecto a los equipos informáticos, no se comprarían unos nuevos, sino que se utilizarían los mismo ordenadores que ya dieron este servicio en el 9-N.

Menos brillo

Sin embargo, tantas interferencias hacen que incluso entre los sectores más optimistas del PDeCAT donde todavía se considera que es posible llevar a cabo el referéndum, ya aceptan que tendrá menos brillo y resultará más difícil vender su legitimidad a nivel internacional. Por tanto, según estas mismas fuentes, el éxito de la convocatoria dependerá no tanto de la organización sino de la participación ciudadana. El peligro, según estas mismas fuentes políticas, es que el referéndum acabe siendo una versión mejorada del 9-N pero que, al final, no cambie nada.