El Palau de la Música inaugura el desfile de las vergüenzas de Cataluña por los juzgados

Las vergüenzas de Cataluña quedarán al descubierto durante los próximos meses. Hoy comienza el esperado juicio del caso Palau, el primer proceso de hondo calado que permitió vincular al entonces principal partido catalán, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con prácticas corruptas (exceptuando el caso Casinos, de los años noventa, que se quedó en agua de borrajas por la lentitud en su tramitación, lo que provocó la prescripción de los hechos juzgados). Tanto es así que el partido de Artur Mas y Carles Puigdemont tiene depositados avales en el juzgado —pusieron en prenda 15 sedes de CDC— por valor de más de 3,2 millones de euros.

[Galería: ¿Quién es quién en el caso del Palau?]

Pero el caso Palau es solo la punta del iceberg de la corrupción. En dos semanas, comienza el juicio por otro caso de corrupción nada desdeñable: elcaso Pretoria, que reúne como acusados a un exdiputado socialista, Luis García (‘Luigi’ era el apodo que tenía para sus íntimos), y a dos pesos pesados de CDC: Lluís Prenafeta, exsecretario general de Presidencia y amigo íntimo de Jordi Pujol, y Macià Alavedra, durante años hombre fuerte de los gobiernos convergentes, exconsejero de Economía y que en determinados momentos sonó como sustituto del mismísimo Jordi Pujol. Si la política hace extraños compañeros de cama, el dinero hace aún más extraños compañeros de negocios: la trama Pretoria se dedicaba a tratar de influir en administraciones públicas para la recalificación de terrenos, con lo que los intermediarios se llenaban escandalosamente los bolsillos con ‘pelotazos’ urbanísticos alrededor de Barcelona.

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Luego, en mayo, llegará el juicio sobre el caso Adigsa, el primigenio escándalo sobre las comisiones del 3% que presuntamente cobraba Convergència y que fueron denunciadas por Pascual Maragall en un pleno parlamentario. Esa fue la primera denuncia pública sobre el cobro de comisiones de Convergència a cambio de adjudicaciones de contratos por parte de la Generalitat. Adigsa es la empresa pública que se dedica al tema de construcción y rehabilitación de vivienda pública. Uno de los constructores, Juan Antonio Salguero, afirmó en sede judicial que le cobraban hasta el 20% de ‘mordida’ por adjudicarle contratos de rehabilitación de pisos de Adigsa. Para más inri, quien le conseguía muchos de esos contratos era un pariente del entonces consejero, Felip Puig, al que este, en un primer momento, negó conocer y que luego aceptó a regañadientes.

Lo que le espera a Cataluña los próximos meses, pues, es todo un derroche de corrupción. Se trata, en resumen, de los tres mayores escándalos económico-políticos que han afectado a la comunidad en las últimas décadas y cuyos principales protagonistas siempre han tratado de tapar con la bandera catalana. A ellos, se suma la actual investigación del 3%, iniciada por el juez de El Vendrell, Josep Bosch, tras la denuncia de una concejala de ERC. Desde las filas independentistas, se obvia esta circunstancia, y los dirigentes de las formaciones que están a favor de la ruptura con España afirman que las acusaciones son, en realidad, una operación del Estado español contra Cataluña.

115 testigos

En el juicio que ahora comienza, hay 16 procesados (o imputados), aunque los principales son el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet; su mano derecha, el exdirector administrativo Jordi Montull; la hija de este, Gemma Montull, exdirectora administrativa; la exdirectora general de la institución Rosa Garicano, curiosamente cuñada del Síndic de Greuges (defensor del Pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, y el extesorero de Convergència Daniel Osàcar.

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Durante los últimos días, Jordi Montull ha estado negociando con la Fiscalía una rebaja en la petición de pena de su hija (le piden 26 años de cárcel, mientras que a él le piden más de 27 años) a cambio de confesar las comisiones que pagaba a CDC.

Las primeras sesiones se consumirán en cuestiones previas que planteen las partes. Los interrogatorios de los acusados no comenzarán hasta el día 8 de marzo y se prolongarán hasta el 17 de este mes. A partir de entonces, desfilarán por el juzgado 115 testigos, entre ellos la actual presidenta del Palau (en realidad, ya era vicepresidenta con Millet), Mariona Carulla, el director tras estallar el escándalo, Joan Llinares (que fue quien levantó las alfombras y denunció la corrupción), los exconsejeros de la Generalitat Felip Puig, Pere Macias y Joaquim Nadal, el actual presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS), Jordi Turull, el arquitecto Òscar Tusquets, el extesorero de Convergència Andreu Viloca (detenido recientemente en el caso 3%, que actualmente se investiga), el dirigente de CDC Àngel Colom, el exdiputado de CiU Jaume Camps o el abogado Miquel Roca. Todo un desfile de personalidades para dar color al juicio contra la corrupción por excelencia en Cataluña.

Cómo se llevaba el dinero Convergència

El escándalo del Palau de la Música tiene dos vertientes: el enriquecimiento de sus principales directivos, ya que desviaban ingentes cantidades de dinero hacia sus gastos particulares (el sumario apunta a que desaparecieron de la institución musical más de 36 millones de euros) y la canalización de ‘mordidas’ de Convergència, es decir, que algunas empresas pagaban el 4% de comisión por cada obra pública adjudicada. De ese porcentaje, Millet desviaba el 1,5% a sus cuentas corrientes y el 2,5% a la Fundación CatDem (entonces llamada Ramon Trias Fargas), o sea, la fundación de Convergència. El propio partido político figura imputado como “responsable civil como partícipe a título lucrativo”, según el auto de apertura del juicio oral.

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No es para menos, porque entre la documentación incautada en la sede del Palau se ‘cazaron’ escritos en los que se desglosaba, entre otras cosas, el 4% de las obras de la línea 9 del metro de Barcelona y de la construcción de la Ciudad de la Justicia. Parte de ese dinero acababa en las arcas de Convergència, previo paso por el Palau. Desde 2002 a 2009, la fundación de CDC ingresó por comisiones de esas dos obras 6.676.105,58 euros… ¡una cifra que únicamente abarca las comisiones de la empresa Ferrovial, y eso que Convergència no estaba gobernando en ese periodo de tiempo! Paralelamente, varias empresas que trabajaban para Convergència recibían los pagos por sus servicios del propio Palau de la Música en vez de cobrar del partido político (el fiscal habla de “facturas mendaces por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin”). Como muestra de que algo se ocultaba tras los muros modernistas del Palau, no hay más que recordar una carpeta encontrada en el despacho de la directora financiera de la institución. 'Facturas convergentes', decía en su exterior. Es el resumen de lo que ha sido Cataluña durante las tres últimas décadas.